24 trabajadores de Zona Franca Nueva Palmira en riesgo de quedar sin empleo
Un grupo de 24 trabajadores —22 mujeres y 2 hombres— que se desempeñan en tareas de control de ingreso y egreso de mercadería en la Zona Franca de Nueva Palmira, enfrenta una situación crítica: la empresa para la que trabajan, Batis Integral, anunció que no se presentará al nuevo pliego licitatorio, dejando en vilo la continuidad laboral del equipo.
La mayoría de estas personas, mujeres jefas de hogar, vienen cumpliendo tareas desde hace más de una década, en puestos claves ubicados en los accesos a los puertos de Navíos, Ontur y la entrada principal de la Zona Franca. A través del sistema SIGES, realizan controles aduaneros, de maquinaria y cargas, tareas que aseguran exceden ampliamente la categoría de “portero” con la que actualmente están registradas.
Un conflicto que se arrastra
Según informó a EL ECO Eduardo Aguirre, subsecretario general del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA), la raíz del conflicto se remonta a un desacuerdo sostenido entre el sindicato y la empresa Batis respecto a la categorización laboral de las trabajadoras. “Planteamos que las tareas que realizan las compañeras corresponden a categorías más altas. La Inspección General de Trabajo nos dio la razón en una primera vista”, detalló.
Tras esta resolución, y antes de una nueva licitación que debía resolver la continuidad del servicio, Batis anunció que no se presentaría, dejando sin cobertura laboral a las 24 personas afectadas. La decisión fue comunicada internamente, sin mayores explicaciones ni propuestas de continuidad.
Reclamo sindical y ausencia del Estado
Frente a esta situación, el SUTCRA convocó a audiencias en la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), solicitando la presencia del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Dirección Nacional de Zonas Francas, entidades responsables del pliego licitatorio. Sin embargo, según denuncia el sindicato, ambas instituciones decidieron no participar en la instancia convocada para el pasado 17 de setiembre.
“El desinterés es alarmante. Estas compañeras viven con incertidumbre cada dos años, pero esta vez ni siquiera tienen una mínima garantía de que alguien esté pensando en ellas”, lamentó Aguirre. El gremio exige la presencia de ambas autoridades estatales en la próxima audiencia, fijada ahora para el 22 de septiembre, también en DINATRA.
Voces desde el lugar de trabajo
Valeria Pesoa, trabajadora de Batis desde hace años y delegada sindical de base, expresó a EL ECO la angustia que se vive entre sus compañeras: “Somos en su mayoría mujeres, madres, muchas con más de 10 o 15 años trabajando acá. Y ahora no sabemos si el 3 de octubre nos quedamos en la calle”.
Pesoa asegura que la empresa nunca dio una respuesta clara sobre qué sucederá con ellas. “Nos dijeron que no seguirían porque pedimos una categorización justa. Sentimos que nos están castigando por reclamar nuestros derechos”, denunció.
Más allá del nombre de la empresa que finalmente se adjudique el nuevo pliego, las trabajadoras piden continuidad laboral. “Si es Batis, bien. Si es otra, también. Lo que queremos es seguir trabajando. En Palmira no hay muchas fuentes de trabajo para mujeres, y menos aún con esta experiencia”, dijo la delegada.
¿Y ahora qué?
El próximo lunes será una jornada clave. Según Aguirre, ese día se conocerá qué empresas se presentaron al nuevo llamado licitatorio (por seis meses, en lugar de los habituales dos años) y, eventualmente, cuál se adjudicará el servicio. El sindicato espera que el nuevo pliego contemple la resolución de la inspección laboral y que la continuidad de los puestos de trabajo sea una condición básica del contrato.
Por su parte, SUTCRA advirtió en su comunicado que no descarta medidas sindicales si no hay respuestas concretas. “La defensa del trabajo digno y la estabilidad de las trabajadoras y sus familias es una premisa fundamental. No cejaremos en ella”, concluye el texto firmado por su secretario general, Damián Fernández.
Una lucha por la estabilidad
Este conflicto deja al desnudo la fragilidad de ciertos regímenes laborales en zonas francas, donde la rotación contractual y la falta de garantías institucionales convierten la vida laboral de decenas de familias en una constante incertidumbre. En este caso, el conflicto involucra a un grupo casi totalmente integrado por mujeres, en un contexto donde las oportunidades laborales para ellas son cada vez más escasas en el interior del país.
El 22 de setiembre será una fecha clave. Las trabajadoras esperan, con razón, que por una vez prime el compromiso del Estado con quienes sostienen el trabajo cotidiano en una de las zonas portuarias más importantes del país.