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El gobierno analiza un fondo de estabilización laboral financiado por el Estado y las empresas citrícolas para dar previsibilidad a la cobertura durante la poszafra. La propuesta busca superar las prórrogas excepcionales del subsidio por desempleo, pero todavía no tiene porcentajes de aporte acordados ni condiciones definitivas de funcionamiento.

La protección de los trabajadores citrícolas durante los meses sin actividad volvió al debate con una propuesta distinta de la prórroga aprobada esta semana: crear un mecanismo permanente de financiamiento compartido entre el sector público y las empresas.

Según informó El País el 30 de octubre, en una cobertura retomada por Uypress al día siguiente, el → Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el → Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) estudian un fondo de estabilización laboral para atender los períodos posteriores a la cosecha.

El objetivo es evitar que la cobertura dependa cada año de una nueva extensión parlamentaria. El planteo fue explicado por el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, mientras que el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, expuso las restricciones presupuestales del sistema actual.

Una propuesta de financiamiento todavía abierta

Di Doménico señaló que hubo intercambios con empresarios y trabajadores durante 2025 y 2026, incluida una instancia tripartita realizada en Salto el 21 de julio. Según su descripción, existió disposición para estudiar una alternativa estable, aunque persisten diferencias sobre cuánto debería aportar cada parte.

Esa disposición al diálogo no equivale a un acuerdo sobre las contribuciones. La información difundida no establece tasas empresariales, un compromiso presupuestal definitivo, la administración del fondo ni una fecha de entrada en funcionamiento.

Tampoco permite afirmar que las empresas ya estén obligadas a financiar el nuevo instrumento. Se trata de una orientación gubernamental cuyo diseño continúa en discusión.

Qué representan los US$ 6 millones

De acuerdo con los datos de Vallcorba recogidos por la cobertura periodística, el costo anual de referencia del seguro especial ronda los $250 millones, equivalentes aproximadamente a US$ 6 millones. Es una estimación del gasto del régimen existente, no el presupuesto aprobado de un fondo nuevo.

El jerarca también situó la cobertura media del seguro especial en unas 2.000 personas por mes, con períodos próximos a 3.000 beneficiarios. Estas cifras mensuales no deben interpretarse como una cantidad de personas diferentes atendidas durante todo el año.

El ingreso por beneficiario fue estimado en unos $20.000 mensuales. Vallcorba reconoció que la prestación no es elevada, pero sostuvo que su continuidad debe analizarse junto con los recursos disponibles y las necesidades de otros sectores.

La estacionalidad como problema de empleo

La poszafra es el período posterior a la cosecha, cuando disminuye la demanda de trabajo. En la citricultura, esa variación afecta tanto a trabajadores rurales como a quienes participan en el packing —clasificación y empaque de fruta— y en la industria de jugos.

La exposición de motivos del proyecto enviado por el Ejecutivo el 23 de octubre reconoce el carácter estacional de la actividad y la concentración productiva en el norte del país. También fundamenta la protección de ingresos como una herramienta para mantener el vínculo de los trabajadores con el sector y sostener a sus familias entre temporadas.

Desde esa perspectiva, el debate comprende dos necesidades relacionadas: asegurar recursos para la cobertura y definir una protección suficiente durante los períodos sin empleo. Un mecanismo permanente deberá precisar ambas dimensiones.

La cobertura de 90 días es una decisión diferente

La discusión del fondo se desarrolla mientras se instrumenta el régimen especial aprobado por el Parlamento, que prevé hasta 90 días por trabajador y tiene como fecha límite el 31 de marzo de 2027. La fecha final del régimen no significa que cada persona tenga asegurado el cobro durante todos los meses comprendidos hasta marzo.

Como documentó → ICI Forestal en su cobertura del 27 de octubre, el máximo individual de 90 días ya figuraba en el proyecto del Poder Ejecutivo. Legisladores reclamaron ampliar la protección hasta completar seis meses.

La propuesta de financiamiento permanente no modifica por sí sola ese plazo ni establece una extensión adicional. Para evaluar su alcance será necesario conocer las contribuciones, los requisitos de acceso, la duración y el monto de las prestaciones y las garantías de pago oportuno.

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