El acuerdo anunciado por el Gobierno prevé tres centros de datos con una capacidad total de 500 megavatios y 350 megavatios de generación solar. La inversión se distribuiría en dos etapas y en tres departamentos; los montos, empleos y plazos difundidos corresponden al proyecto anunciado y no a obras ya ejecutadas.
El presidente → Yamandú Orsi anunció el 14 de octubre un acuerdo con la empresa española → Solaria Energía y Medio Ambiente para desarrollar en Uruguay un parque tecnológico de centros de datos y generación fotovoltaica. El monto informado asciende a US$ 5.700 millones y, según el Poder Ejecutivo, sería la mayor inversión anunciada hasta ahora en el país.
De ese total, US$ 5.500 millones se destinarían a los centros de datos, con una capacidad proyectada de 500 megavatios, y US$ 200 millones a instalar 350 megavatios solares. El proyecto se acogería al régimen de zona franca. Los datos fueron difundidos por Presidencia, el → Ministerio de Industria, Energía y Minería y la cobertura periodística del anuncio.
Dos etapas y tres departamentos
La primera fase incluiría 200 megavatios de centros de datos en Canelones y 350 megavatios de generación solar en Florida. Una segunda etapa sumaría otros 300 megavatios de centros de datos en San José. La información pública disponible no precisa aún el calendario completo de construcción, los predios elegidos ni el esquema de conexión eléctrica de cada instalación.
El Gobierno estima 3.100 empleos durante la construcción hacia 2029 —2.400 asociados a los centros de datos y 700 a los parques solares— y 1.500 puestos permanentes cuando el conjunto esté operativo. Son proyecciones comunicadas al presentar el acuerdo; todavía no se publicaron datos que permitan evaluar su distribución por etapa, perfiles laborales, duración o contratación local.
Las condiciones que destacó el Gobierno
Orsi relacionó la decisión con tres capacidades del país: una matriz eléctrica prácticamente renovable y confiable; una infraestructura de telecomunicaciones con fibra óptica y cables submarinos; y estabilidad institucional, jurídica y macroeconómica para inversiones de largo plazo. El mandatario describió el proyecto como resultado de una acumulación nacional y de políticas sostenidas, en lugar de atribuirlo a una sola administración.
Ese recorrido incluye la política energética definida a partir de 2005, la planificación de → UTE y la expansión de infraestructura digital de → Antel. UTE describe el cambio de matriz como un proceso con participación pública y privada y con bases políticas acordadas en 2008 y 2010. Antel informó que, en 2026, el 96 % de los hogares conectados a internet accedía mediante fibra óptica. Estos antecedentes ayudan a explicar las condiciones que el Gobierno destacó, aunque no prueban por sí solos la rentabilidad o viabilidad final del proyecto.
Lo que falta conocer
El acuerdo completo y sus anexos no se encontraban publicados en las fuentes consultadas al cierre de esta nota. La prensa informó que el proyecto operaría bajo zona franca y que no requeriría obras estatales adicionales, pero esos extremos deben contrastarse con los documentos definitivos y las autorizaciones correspondientes. Tampoco se divulgaron públicamente el plan de financiación, el cronograma integral, las condiciones de suministro eléctrico ni los estudios ambientales y de demanda de agua aplicables a cada emplazamiento.
Por eso, el anuncio debe leerse como un acuerdo de desarrollo y una inversión proyectada. Su alcance efectivo dependerá de la concreción financiera, la aprobación de permisos, la conexión a redes y el cumplimiento de las etapas anunciadas.
Fuentes principales
ICI — Elaboración propia a partir de fuentes oficiales, empresariales y periodísticas. 15 de octubre de 2026.
