La negociación entre el Gobierno uruguayo y HIF Global volvió a colocar sobre la mesa una discusión que supera ampliamente al proyecto de Paysandú: hasta dónde debe llegar el Estado para facilitar una inversión estratégica y, al mismo tiempo, qué garantías debe conservar para proteger los intereses del país.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sostuvo esta semana que una definición podría producirse en cuestión de días o semanas y afirmó que actualmente “la pelota está más del lado de Uruguay que de la empresa”. Su preocupación resulta comprensible: para Paysandú, una inversión de esta magnitud significaría actividad industrial, empleo, infraestructura y la posibilidad de incorporarse a una nueva cadena tecnológica vinculada a los e-combustibles.
Pero precisamente porque se trata de uno de los mayores proyectos industriales considerados por Uruguay, la necesidad de avanzar no debería confundirse con la necesidad de resolver rápidamente todos sus aspectos.
El precio de la energía no es un detalle
Uno de los puntos centrales de la negociación sigue siendo el costo de la electricidad. HIF ha planteado un valor en el entorno de los US$ 40 por megavatio hora para determinada energía suministrada por UTE, un factor decisivo porque producir hidrógeno mediante electrólisis requiere enormes cantidades de electricidad.
Olivera rechaza que una tarifa de esas características pueda considerarse un subsidio y entiende que debe analizarse como una condición necesaria para lograr competitividad internacional. Desde otras posiciones se advierte, en cambio, que cualquier precio especial debe estudiarse cuidadosamente para determinar quién asume sus costos y riesgos.
La discusión no debería resolverse mediante etiquetas. Un precio diferenciado no es necesariamente un subsidio, pero tampoco deja de serlo simplemente porque la inversión sea importante. Lo relevante es conocer el costo real de abastecimiento, las condiciones del contrato, las inversiones requeridas, los riesgos asumidos por UTE y las contrapartidas económicas que recibirá el país.
Si Uruguay posee una ventaja competitiva basada en su matriz renovable y puede suministrar energía a una gran industria en condiciones económicamente convenientes para ambas partes, utilizar esa ventaja puede constituir una herramienta legítima de política industrial. Pero la ecuación debe ser transparente y sostenible.
Avanzar no significa saltear etapas
Existe además otro aspecto que no debería quedar subordinado a los tiempos políticos. La instalación de HIF todavía debe recorrer procedimientos técnicos, administrativos y ambientales previstos por la legislación uruguaya.
El proyecto fue clasificado dentro de los emprendimientos que requieren una evaluación ambiental de alta complejidad y HIF presentó en marzo de 2026 su Estudio de Impacto Ambiental para solicitar la Autorización Ambiental Previa. Ese procedimiento contempla distintas instancias de análisis, participación pública y finalmente una resolución del Ministerio de Ambiente.
No se trata de obstáculos colocados para impedir una inversión. Son precisamente los mecanismos que permiten determinar de antemano los impactos de un emprendimiento, establecer medidas para eliminarlos o reducirlos y definir bajo qué condiciones puede funcionar.
Un país serio no debería flexibilizar sus procedimientos porque una inversión sea pequeña, pero tampoco porque sea extraordinariamente grande. La seguridad jurídica que busca un inversor también se construye con reglas conocidas, instituciones que funcionan y decisiones técnicamente fundamentadas.
La urgencia política tiene otros tiempos
Es natural que desde Paysandú exista presión para concretar el proyecto. Una inversión superior a los US$ 5.000 millones tiene una dimensión difícil de ignorar y puede transformar significativamente la estructura productiva de un departamento.
Pero los tiempos de una administración departamental, de un período de gobierno o de una discusión política no necesariamente coinciden con los tiempos que exige una planta industrial que podría operar durante varias décadas.
Una decisión equivocada sobre energía, infraestructura, agua, localización, obligaciones futuras del Estado o condiciones ambientales también puede acompañarnos durante décadas. Por eso conviene evitar que la legítima voluntad de conseguir la inversión termine transformándose en una competencia por demostrar quién la concreta más rápido.
Una prueba concreta para la política industrial
La discusión coincide además con la presentación del Plan Industrial Uruguay, mediante el cual el Ministerio de Industria propone construir una política productiva con horizonte hacia 2050, orientada al aumento de la productividad, la innovación, la diversificación y la generación de empleo de calidad.
HIF puede transformarse precisamente en uno de los primeros grandes casos donde esos principios deben trasladarse del documento a la práctica.
Uruguay debe ser capaz de promover inversiones, utilizar inteligentemente sus ventajas energéticas y ofrecer condiciones competitivas. Pero también debe negociar contrapartidas: empleo calificado, participación de proveedores nacionales, transferencia tecnológica, infraestructura aprovechable por otras actividades y generación de verdadero valor agregado dentro del territorio.
Eso es política industrial. No consiste simplemente en conceder lo que una empresa solicita ni, en el extremo contrario, en exigir condiciones que vuelvan imposible una inversión. Consiste en encontrar un punto donde el proyecto privado sea viable y el beneficio para el país resulte igualmente demostrable.
Que se concrete, pero que se concrete bien
ICI Forestal ha señalado la importancia que puede tener para Uruguay el desarrollo de los e-combustibles y de nuevas industrias asociadas a la energía renovable. HIF representa una oportunidad relevante para Paysandú y para el país, y sería deseable que las negociaciones llegaran a buen término.
Pero apoyar una inversión no significa renunciar al análisis crítico. Precisamente porque queremos que estos proyectos permanezcan, crezcan y generen nuevas actividades, necesitamos que nazcan sobre bases económicas, jurídicas y ambientales sólidas.
La inversión puede ser extraordinaria. Las normas siguen siendo las mismas. El Gobierno debe resolver con diligencia aquello que le corresponde, HIF deberá asumir sus compromisos y conseguir el financiamiento necesario, y los organismos competentes deberán completar las evaluaciones previstas.
El objetivo no debería ser simplemente poder anunciar cuanto antes que HIF se instala en Uruguay. El verdadero objetivo es que, dentro de veinte o treinta años, podamos mirar hacia atrás y comprobar que las decisiones adoptadas fueron correctas. Que el apuro político no nos haga cometer hoy errores que después tenga que pagar el país.
Fuentes principales:
UYPress, 9 de setiembre de 2026: HIF espera una definición y el intendente Olivera presiona al gobierno. Ministerio de Industria, Energía y Minería, Plan Industrial Uruguay, 2026. Ministerio de Ambiente, procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental y documentación pública del proyecto HIF Paysandú. Presidencia de la República, Memorando de Entendimiento Uruguay-HIF, diciembre de 2025.