AUTE: la “revolución eólica” y el problema de la privatización
La Agrupación de Funcionarios de las Usinas y Transmisiones Eléctricas del Estado (AUTE) realizó un repaso de la historia del ente con la “revolución eólica” y el problema que actualmente atraviesan sobre la privatización de la energía eléctrica que quiere imponer el Gobierno.Al asumir el primer gobierno de Tabaré Vázquez, los desafíos en materia energética eranmuchísimo.
Estaban aún a flor de piel las memorias de las luchas contra la privatización deANCAP así como la creación de las unidades reguladoras y el “Mercado Eléctrico”.
Asimismo, desde la primera mitad de la década de los 90 no hubo inversionessustantivas en infraestructura energética en el sistema eléctrico y a principios de los 2000 fracasó la apuesta por el gasoducto de Cruz del Sur.
Las empresas públicas, si bien se mantenían fuertes por el enorme apoyo recibido por lapoblación en distintos referéndums y plebiscitos, adolecían casi 15 años sin ingreso depersonal salvo por la vía de la precarización: becarios y tercerizaciones. Unas plantillas másenvejecidas y disminuidas, ponían en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos.
Por si este combo no fuera lo suficientemente explosivo en materia energética, la malasuerte quiso que el año 2006 y 2008 fueran años de fuertes sequías, razón por la que losriesgos de desabastecimiento energético eran enormes.
En ese contexto es que el Gobierno progresista delineó un plan de política energética parael período 2005-2030. El mismo tenía una serie de aspectos positivos, como ser en símismo la planificación más allá de los vaivenes del mercado, asumir el acceso a la energíacomo un derecho y jerarquizar las necesidades de políticas sociales diseñadas en conjuntocon las políticas energéticas.
Sin caer en los intentos de privatización de los Gobiernosnetamente neoliberales de los 90 y principios de los 2000, el plan de políticaenergética ponía a las empresas públicas como agentes estratégicos del sector a la vez queavizoraba un conjunto importante de inversiones en infraestructura energética.
Fue así que, detalles más o detalles menos, en el decenio 2010-2020 se produjo unconjunto de inversiones que transformaron la matriz energética del sistema eléctrico.Importantes obras en transmisión, generación y distribución permitieron pasar de hablar deescasez y riesgos, a sobreoferta y exportaciones de energía. A su vez, esa abundancia estáexplicada por un cambio muy importante en la generación con energía fósil, con laconstrucción de Punta del Tigre, pero también por la apuesta a nuevas fuentes renovables.
Este plan diseñó lo que después pasó a conocerse como la “revolución eólica”. En eseperíodo, la potencia instalada en nuestra matriz eléctrica en energía eólica pasó deprácticamente ser nula a representar más de 1500 MW, o sea, casi una tercera parte delpotencial generador. Incluso, ha llegado a representar más de un 40 por ciento en la generación realde energía eléctrica.
Sin embargo, esta historia tiene una cara oculta. Una faceta que lejos de traernos luz, nostrajo oscuridad: La revolución eólica implicó un alto nivel de privatización de nuestra matrizeléctrica. Del total de la inversión en parques eólicos, solamente un tercio son con ciertogrado de participación de la UTE y dos tercios (un 67 por ciento) son enteramente de capitalesprivados. Incluso, del tercio en los que tiene propiedad UTE, solo el 11 por ciento son inversiónpública tradicional y el restante 22 por ciento son parques con modalidades abiertas a otros capitalesaccionarios, micro financiamiento, entre otros.
Desde aquél entonces, AUTE se posicionó como una voz que denunció la privatización perosus denuncias padecían de la misma suerte que las de Casandra en la mitología griega: sedecía la verdad, pero nadie la creía. Las autoridades en política energética de aquelentonces, asumían el proceso de privatización pero minimizaban sus impactos. El discursoversaba en que la propiedad no era importante sino el control y la UTE, seguía con el control.
El argumento del “control” por parte de la UTE se basaba en que todos los parquesfuncionaban con contratos con la UTE, manteniéndose la UTE como agente “monopsónico”(único comprador) y, además, los parques eólicos jamás superaban los 50 MW de potenciainstalada o los 100 MW en casos excepcionales. La capacidad instalada de estos parques,comparada con la capacidad instalada de la UTE hace que sean, vistos cada parque comoun actor individual, relativamente impotentes comparados con nuestra empresa pública.
El problema de toda esta línea argumental, es que piensa a los parques de formaunidimensional, como si fueran solamente “actores energéticos”. El error, políticamentegarrafal, es que detrás de esos parques eólicos hay grandes grupos económicos. Un 58 por cientode los parques eólicos están en manos de grandes capitales extranjeros, donde podemosdestacar por ser los más conocidos grupos económicos argentinos como los Bulgueroni ylos Eurnekian. A nivel nacional, aparecen grupos como los Otegui, los Rasquet y losFernández (ex-dueños de Fripur).
Entonces, por más que la UTE mantenga cierto poder “monopsónico” ya no se trata depequeños emprendimientos eólicos sino de haber permitido ingresar a un sector estratégico
a grandes grupos económicos. Como es sabido, desde hace más de 150 años por laizquierda, ostentar la propiedad de los medios de producción es políticamente muyrelevante y económicamente decisivo.
Algunos de los representantes de las empresas dueños delos parques tienen vínculos importantes con el Partido Nacional, como ser el caso de ÓscarFerreño, gerente de Ventus, el actor más relevante en el mercado hoy por su capilaridad.
Estos actores privados están pujando por radicalizar las reglas de juego, donde intentandoinstrumentar el objetivo último del Ministro Omar Paganini: hacer de la UTE el “Uber de laelectricidad”. Se trata de convertir a nuestra histórica empresa pública, en otro tiempoverticalmente integrada, en una mera plataforma que comunique a generadores privadoscon consumidores (también privados) y en el medio, quedará una enorme mayoría de lapoblación de rehén, pagando los costos del servicio, sin peso político y con políticas cadavez más excluyentes.
Defender la UTE como empresa pública, implica necesariamente desandar el caminoprivatizador. Para ello, la voz de la ciudadanía así como la de las trabajadoras ytrabajadores de la UTE, es fundamental que se haga escuchar.