MENOS PRODUCCIÓN
Residuos peligrosos: ¿Por qué las empresas depositan menos del 50% de lo esperado?
La expectativa era que las industrias dispusieran allí unas 28 mil toneladas al año, sin embargo, desde su creación en 2016, solo se vertieron poco más de 13 mil toneladas anuales.Durante el proceso de curtido del cuero se utiliza un elemento considerado como residuo peligroso y nocivo, tanto para el ser humano como para el medioambiente: el cromo.
En tiempos de cifras récord para la exportación de carne vacuna, mucho cuero se trata para su aprovechamiento, pero otro tanto va a parar a vertederos. Esto hace que las curtiembres sean de los principales proveedores de residuos peligrosos, en volumen, del país. Sin embargo, varias de estas industrias cerraron o están trabajando a baja capacidad por lo que su capital para tratar adecuadamente estos residuos es escaso.
En la misma situación están muchas de las industrias que son o pueden ser clientes del sitio de disposición de residuos peligrosos de la Cámara de Industrias (CIU). En 2016, la gremial empresarial invirtió US$ 18 mil —con el financiamiento del BROU— en el sitio de disposición final de residuos categoría 1 (o residuos peligrosos, entre los que se encuentran los tóxicos o radioactivos). Hasta entonces, salvo algún proyecto privado de menor porte, Uruguay no contaba con un lugar con las características adecuadas para este fin.
A pesar de que en el país son pocos los residuos que se consideran peligrosos, según el director de Sostenibilidad de la Cámara de Industrias, Julio Sosa, si la gremial empresarial no tomaba cartas en el asunto, la industria corría el riesgo de que una empresa privada “con genuinos fines de lucro tuviera una posición monopólica y el costo fuera mayor”.
Al día de hoy, desde la CIU se asegura que se trata de un proyecto sin fines de lucro y el costo de la disposición varía según las cantidades que se manejen, pero ronda los US$ 190 más IVA por tonelada
Resultados por debajo de lo esperado
La iniciativa, que se instaló próxima al vertedero Felipe Cardoso, no tuvo los resultados esperados. Según datos de la Cámara de Industrias, se esperaba que se dispusieran allí 28 mil toneladas al año, sin embargo, fueron 82 mil las que se dispusieron entre 2016 y 2022, es decir, algo más de 13.600 toneladas al año.
Esto derivó en que los números del proyecto se pusieran en rojo. “No genera ganancias porque es sin fines de lucro, pero ha pasado —en varios meses— que ha dado pérdida y, por lo tanto, tuvo que ser dotado con fondos genuinos de la Cámara, algo que no debería suceder”, explicó Sosa a El Observador.
En la misma línea, el representante de los industriales estableció que “es importante para asegurar su viabilidad, que la fiscalización sea correcta y que la empresas cumplan con sus compromisos”.
Consultado acerca de a qué atribuye la diferencia entre los residuos esperados y los que efectivamente se arrojaron al sitio de disposición, Sosa señaló que una de las causas es que la pandemia precipitó el cierre de algunas empresas o un descenso en la producción de otras—por ejemplo, algunas curtiembres—. En la misma línea, el director sostuvo que la situación “podría mejorar con más fiscalización” y destacó que quienes evadan los controles deberían tener consecuencia para que los residuos “terminen donde deben terminar”.
El control del gobierno
El organismo encargado de llevar adelante el control de la disposición de residuos peligrosos por parte de las empresas es la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea, ex Dinama).
El director de esta área dependiente del Ministerio de Ambiente, Eduardo Andrés, aseguró a El Observador que muchas empresas del sector no depositan sus residuos peligrosos en la planta de la CIU por considerarlo costoso.
“Hace un mes y medio fui a recorrer la planta y pude constatar que hay un volumen muy pequeño (de residuos) para la capacidad que tienen”, apuntó el director. En este sentido, el afirmó que, desde el punto de vista financiero, “la obra fue un fracaso”, admitió Andrés.
Andrés coincidió con Sosa en la afectación de la pandemia y en la baja de la producción que finalmente devino en menos residuos y empresas con una capacidad de pago inferior.
“Buscando una salida diferente algunas buscan vender estos productos fuera del Uruguay, ahí hay lugares donde puedan recibirlos y el costo de ese de ese manejo le puede hacer inferior al que tienen aquí”, explicó el director de la Dinacea.
Según Andrés, en Uruguay solo un puñado de empresas maneja residuos peligrosos y el control es efectivo.
Cuando las industrias no cumplen con las disposiciones quedan expuestas a sanciones económicas. “El sistema que tenemos hace que los montos vayan creciendo si se acumulan las multas”, detalló el director y remarcó que por eso no es habitual que las empresas incumplan.
Las multas
Según el decreto 182/013 que lo rige, las infracciones consideradas leves tienen un valor de entre 50 unidades reajustables (UR) ($ 72.200) y 2.500 ($ 3.610.000). Por la reiteración de primera infracción grave, entre 100 UR ($ 144.400) y 5.000 UR ($ 7.220.000).
Por la segunda y subsiguientes infracciones consideradas graves, entre 500 UR ($ 722.000) y 10.000 UR ($ 14.400.000).
“Toman las precauciones de enviar tantas toneladas por mes al CIU, van disminuyendo el riesgo y nos ponemos de acuerdo con ellos para que lo cumplan”, remarcó Andrés. Y agregó: “Nosotros tenemos una presencia fuerte en la industria en cuanto al manejo de residuos y estamos bastante al día con las inspecciones”.
En la misma línea, insistió en que las empresas que no han podido cumplir argumentan temas de índole económico. “No les da para hacer eso (disponer sus residuos peligrosos en el sitio de la CIU) y buscan alternativas como mantenerlos protegidos y sacarlos de a poco”.
Finalmente, el director apuntó que la CIU es manejada los propios empresarios y que ellos saben mejor que nadie cómo es la situación de las industrias: “No hay riesgo, tenemos control de esas industrias y las tenemos bien identificadas”, aseguró Andrés.