Hidrovía del río Uruguay, priorizada por el gobierno, no conviene por motivos económicos, financieros y sociales, según consultora
El desarrollo de la hidrovía del río Uruguay fue una bandera del ahora presidente Luis Lacalle Pou durante la campaña electoral que lo colocó en la Presidencia en 2019. También fue un tema que el mandatario puso arriba de la mesa en las reuniones con el mandatario argentino Alberto Fernández y con el brasileño Jair Bolsonaro.
El proyecto precisa de una cuantiosa inversión en infraestructura para que el río pueda convertirse en un canal de traslado de mercadería procedente del estado brasileño de Río Grande del Sur y de las provincias argentinas de Entre Ríos y principalmente de Corrientes, y ha sido mencionado por numerosos jerarcas en los últimos meses. A su vez, implica obras en Argentina, Brasil y Uruguay, así como otras binacionales en la búsqueda de facilitar la navegación por toda la extensión del río.
Para potenciar la hidrovía, una de las principales obras que se busca es la concreción de una esclusa situada al lado de la represa para poder permitir la navegabilidad aguas arriba y debajo de la zona donde está ubicada la represa de Salto Grande. El 24 de julio de 2020, Lacalle Pou ya anunciaba que el gobierno era partidario de hacer un “esfuerzo muy grande binacional” para concretar ese bypass en el río Uruguay. “No me queda la menor duda que de ser factible, hay un antes y un después en el litoral a lo que hace al precio del transporte de su mercadería”, dijo el presidente en una recorrida por Salto, sosteniendo que se trata de un “proyecto ambicioso pero posible”.
Pero esa factibilidad quedó en cuestión tras un extenso informe de la consultora CSI Ingenieros, que sostiene que los resultados alcanzados, a nivel de prefactibilidad y “sin considerar los aspectos e intereses políticos e institucionales”, muestran que “el proyecto de una hidrovía del río Uruguay, no resulta conveniente desde el punto de vista económico-financiero y social”.
Contratada por la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y la Comisión Administradora del Río Uruguay, la consultora advierte, no obstante, que en caso de que el proyecto se considere “estratégico” —pese a que “la evaluación socio-económica demostró que su desarrollo no resultaría conveniente”— es “importante cuantificar” el costo de llevarlo adelante, algo que fue analizado por CSI. A esos efectos, se analizó los aportes provenientes de fondos públicos para su ejecución, debido a que “los ingresos provenientes de la demanda que utilice la HRU no son suficientes para solventar las obras iniciales y los costos operativos”.
Así, se detalla que la opción de la esclusa de Salto Grande operativa implica un nivel de erogaciones para los próximos años de entre US$ 664 y 708 millones, valores que “aparecen como muy elevados en vista de la compleja situación fiscal que enfrentan los tres países (Argentina, Brasil y Uruguay)”.
A su vez, la consultora hace un análisis sobre la rentabilidad social del proyecto, tanto si se habilita o no la esclusa, pero de ninguna de las dos formas la iniciativa “genera riqueza, tanto en forma conjunta, ni al analizar el proyecto para cada uno de los países”.
La “alternativa posible”, se sostiene, implica “impulsar la navegación aguas arriba de la represa” a través de la creación de una terminal fluvio-terrestre multipropósito, que además deberá implicar una necesaria conexión con vías ferroviarias. Esto se sugiere “en función de las dificultades de viabilizar el franqueamiento de la represa”. No obstante, los transbordos que implicaría esta posibilidad llevarían “a que los costos logísticos se incrementen”.
Proyectos en curso
El informe cae en manos de las autoridades en momentos en que una empresa privada ha decidido invertir en un muelle de barcazas en la construcción de un predio ubicado seis kilómetros al norte de la represa, sobre el arroyo Itapebí, que traerán soja desde dos puntos de Brasil y buscan sacarla desde Montevideo, por complejidades logísticas y de operaciones en el país norteño, explicó a Búsqueda el presidente de la CTM, Carlos Albisu. “Ven al río Uruguay como una salida rápida, operativa y más factible”, aseguró. Según el jerarca, la inversión rondaría los 40 millones de dólares y no precisa autorización binacional al no estar sobre el río Uruguay.
Actualmente las negociaciones por las obras supranacionales que implicaría la hidrovía están en la órbita de Cancillería. Albisu aseguró que si bien el informe de CSI marca una perspectiva desfavorable, la consultora le aseguró que la realidad “puede cambiar”. A su juicio, el día de mañana, la propia demanda que puede surgir de proyectos intermedios como el de los inversores privados puede modificar el panorama. “El informe es un informe, pero si el día de mañana esto es un boom, y lo regional y lo económico se transforma en posibilidad para inversores que están en otros lugares, esto es otra cosa”.