mercado de combustiblesEl Poder Ejecutivo evalúa si aplaza el próximo paso en la reforma del mercado de combustibles

Debido a la falta de recursos técnicos y financieros, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) postergar seis meses el inicio de la próxima etapa de la reforma del mercado de los combustibles, que comenzaría a regir en enero.

El titular del MIEM, Omar Paganini, dijo a Búsqueda que recibió el pedido hace dos semanas y está siendo evaluado; porque si bien quieren avanzar y lograr “concreciones” en la agenda de reforma, lo relevante es que los pasos se den sobre bases firmes.

Antes del 1º de enero de 2022 la Ursea debería aprobar, como le exhortó el Poder Ejecutivo, una regulación que contemple una serie de condiciones y requisitos para quienes desempeñan la actividad de distribución, y para la apertura, instalación, operación, traslado y cierre de estaciones de expendio. También las condiciones y reglas que deberán cumplir los transportistas de combustibles, entre otras relativas a plazos máximos de los contratos de distribución entre las compañías y los estacioneros, por ejemplo.

Además, la Ursea debería definir una metodología para determinar técnicamente un “precio máximo de venta” de los combustibles de las distribuidoras a las estaciones de servicio, y emitir un reglamento de la información económica y operativa mínima que los distintos agentes deberían proporcionar al organismo para poder revisar la regulación y el funcionamiento del sistema.

La presidenta de la Ursea, Silvana Romero, explicó a Búsqueda que algunos aspectos relativos a la “curva de aprendizaje” del equipo técnico de esa oficina, sumado a una “demora inesperada” en el proceso de aprobación de fondos por parte de un organismo internacional (CAF-Banco de Desarrollo de América Latina) para realizar una consultoría sobre la nueva regulación encomendada, motivaron el pedido de prórroga.

Agregó que esa consultoría está en proceso de ejecución y que se buscará otorgar un “plazo razonable” de consulta pública para que las partes involucradas tengan tiempo para evaluar y evacuar dudas sobre las “nuevas reglas de juego” que se propongan. Dijo que además, los actores deberán “planificar y adaptar” sus operaciones, lo que también “lleva su tiempo y no puede pasar de un día para otro”.

“Estamos firmemente convencidos de que la previsibilidad, razonabilidad y gradualidad de la transición es sumamente importante”, afirmó Romero.

Recordó que también “se demoró” la contratación de otra consultoría sobre la estructura organizativa de la Ursea, que será financiada por el mismo organismo internacional.

Alegó que previo a la revisión del sector de combustibles líquidos la regulación encomendada ahora a la Ursea estaba en manos de Ancap. La unidad se concentraba en aspectos regulatorios sobre la calidad de los combustibles, seguridad de las instalaciones y fiscalización.

Dado el nuevo rol, aunque la Ursea cuenta con un “equipo técnico de primer nivel, no se puede dejar de tener en cuenta” que hay una “curva de aprendizaje asociada, que naturalmente lleva tiempo y refuerzo en capacidades técnicas”, comentó.

Reforma en etapas
Al inicio del año, el Poder Ejecutivo definió cuatro etapas para desregular el mercado de los combustibles líquidos: una transitoria o etapa cero (que es la actual, donde se aplica una nueva estructura para fijar la tarifa más un valor “X”), otras dos (que durarían un año), y la tercera y última, que comenzaría en 2024 cuando se liberarían los precios bajo la “vigilancia” del regulador.

Al final de cada etapa el Ejecutivo y la Ursea evaluarían la situación antes de pasar a la siguiente.

En la etapa 1 comenzaría a regir el precio eficiente máximo intermedio, al que las empresas distribuidoras podrían vender a su red de estaciones, en función de la metodología que apruebe la Ursea. También se prevé establecer un valor menor para el “X” (en el que se engloban los sobrecostos de Ancap) en los principales productos.

En materia regulatoria, en esa etapa —que la Ursea pidió postergar— se pretende que los distribuidores absorban los costos del flete y se promueva la competencia por precio. Ello se complementaría mediante la autorización de parte del regulador para que los distribuidores puedan diferenciar sus productos y ofrecer mejoras en los mismos sobre los combustibles básicos que adquieran de Ancap.

Además, la Ursea debía determinar las denominadas “zonas desabastecidas” y su régimen.

Hidrógeno
En paralelo a esa reforma, el gobierno está reimpulsando una agenda que apunta al desarrollo de combustibles utilizando como un componente el hidrógeno verde (producido con energías renovables).

Paganini —recién llegado de la misión oficial por Europa para promover inversiones en hidrógeno verde— destacó las posibilidades que tiene Uruguay para ese tipo de producción por parte de privados. Dijo que en su viaje recibió interés de invertir en proyectos en tierra (on shore). En concreto, se refirió a cuatro proyectos orientados a producir combustibles alternativos que podrían exportarse en buques comunes, y cuya aplicación se destinaría al transporte marítimo y aéreo.

Consideró que si bien esos proyectos son de porte mediano, serían grandes para Uruguay porque podrían significar inversiones de “algunos cientos de millones” de dólares. Evaluó que ese tipo de proyecto es algo “más tangible” en una primera etapa para el país, en relación con los proyectos off shore, que promueve Ancap y requieren mayor inversión.

Con expectativas, el ministro apuntó que las inversiones que potencialmente podrían llegar tomarían “forma” durante el próximo año y podrían decidir su ejecución en 2023.

Dijo que la transición hacia el hidrógeno recién está empezando y llevará entre 10 o 15 años. “Hay que estar en la carrera desde ahora. Uruguay tiene buenas credenciales para ello, incluso mejores que otros países de la región y por eso el gobierno hizo un esfuerzo para estar presente y que nos conozcan”, señaló.

BUSQUEDA - Montevideo - URUGUAY - 18 Noviembre 2021