Las facturas de Marta Jara y otros gastos de Gas Sayago que Ancap llevó a la Justicia
El ente llevó documentación al juzgado con facturas y estados de cuentas de la tarjeta corporativa de la empresa pública que operó bajo el derecho privado para el frustrado proyecto de la regasificadora.Ancap presentó este viernes ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 2º Turno una ampliación de la denuncia penal que hace unos días hizo UTE con nuevos elementos sobre el manejo de Gas Sayago.
El escrito fue elevado ante la sede judicial por el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, junto a dos jerarcas de la división jurídica del ente petrolero. Dentro de los elementos que presentó Ancap, hay detalles del gasto de la tarjeta corporativa de Gas Sayago que utilizó la exgerente general Marta Jara, y el subgerente de esa sociedad anónima, que operaba bajo el derecho privado.
También se incluyen facturas sobre la compra de servicios de gimnasia y masajes, frutos secos, así como de estadías de funcionarios de Gas Sayago en hoteles del exterior. El recurso del ente hizo una reseña de todo el proceso de la planta regasificadora, que se inició en 2007 bajo la presidencia de Daniel Martínez en Ancap.
Dentro de las pruebas se presentó un estado de cuenta de la tarjeta corporativa de Gas Sayago de setiembre de 2014 que detalla un gasto en pesos por $ 18.712 y otro en dólares por US$ 4.946. También se sumaron facturas de alojamiento del gerente técnico, Ariel Álvarez, y Marta Jara en el hotel Hilton en Seúl (Corea) de marzo de ese mismo año. Durand dijo a El Observador que ese evento tuvo como “patrocinador” a la multinacional Shell, la empresa donde previamente había trabajado Jara y que luego mostró cierto interés por hacerse cargo del proyecto de la regasificador tras el retiro de GNLS.
“Acá existió una ficción jurídica. Se quiso manejar el derecho público en el derecho privado creando una empresa (por Gas Sayago) para tener libertad. Y, en definitiva, los clientes eran las empresas públicas, los accionistas eran las empresas públicas y los que daban la fianza solidaria eran las empresas públicas”, cuestionó Durand en diálogo con El Observador.
El vicepresidente del ente dijo que también hubo “otros perjuicios” para Ancap como la cancelación de un préstamo por US$ 82,6 millones –que en su momento contó con la fianza solidaria del Estado a través de una firma del expresidente de la República José Mujica–. El ente decidió cancelar esa solicitud de crédito a fines de 2018 y principios de 2019 porque la tasa que se cobraba era mayor a la que pagaba por su financiamiento bancario tradicional, explicó Durand.
“Gas Sayago nunca generó absolutamente nada, sino pérdidas y daños para el país y la población. Esto es un hecho grave. La Justicia deberá investigar. Hoy lo que hicimos fue presentar elementos objetivos para que se prosiga con lo que ya presentó UTE”, señaló Durand.
Según constató un informe de la consultora PwC, las pérdidas en la construcción de la planta regasificadora ascendieron a US$ 213 millones, los cuales se financiaron con aportes por US$ 113 millones por sus accionistas UTE y Ancap. Los restante US$ 100 millones los puso el privado que dejó el proyecto inconcluso y debió pagar una multa por ese monto. De todas formas, se aclaró que ese monto (por los US$ 213 millones) no está cerrado, ya que deben agregarse las “eventuales condenas”.
Gas Sayago enfrenta demandas por US$ 37 millones. Además, deberá hacerse cargo de retirar los pilotes ubicados en el Río de la Plata que demandarán US$ 8 millones, a lo que hay que sumarle US$ 3 millones de gastos por año en el funcionamiento de la empresa mientras se procede a su liquidación, informó UTE en su momento.
Durand recordó que luego de liquidada Gas Sayago, Jara –que había dejado su cargo en reserva mientras estuvo al frente de Ancap– se puso a disposición para volver a trabajar, cuando existía una disposición legal (por 1 año) que impedía volver a una empresa vinculada (por Gas Sayago). “Esa inhabilitación no solo la incumplió por el Artículo 220 de la Constitución sino que también nos hizo un juicio a Ancap reclamando la indemnización por el despido de la empresa que ella misma (por Jara) liquidó siendo presidenta de Ancap”, recordó Durand.