Los combustibles, la suba que no fue y el costo que pagamos todos

El gobierno decidió postergar la suba de precios de naftas y gasoil, en una transferencia de recursos públicos a quienes menos lo necesitan.La decisión anunciada el pasado lunes por el gobierno de postergar completamente la suba de los combustibles estaba dentro de lo posible, pero no era la decisión más probable.

O al menos, no era la más fácil de argumentar. El aumento de los costos del principal insumo para la refinería pone en rojo las finanzas de Ancap y frente al dilema entre subir los precios o asumir el costo fiscal, el gobierno se decantó por la segunda opción. Una decisión que resulta simpática para algunos, pero que forma parte de un esquema de prioridades difícil de entender a la luz de la crisis sanitaria y la incertidumbre financiera que trae asociada.

En lo que va del año, el petróleo Brent –variante de referencia para la refinería estatal– aumentó 31% su precio. Aunque en setiembre del año pasado llegó a venderse por debajo de los US$ 40 el barril, hoy su precio alcanza los US$ 67.

El ajuste en el precio de la nafta que decretó el gobierno en enero, se lo comió en buena medida la depreciación cambiaria: la nafta subió 6% y el dólar 4%. Para empatarle al aumento de los costos, el equipo económico estima que sería necesaria una suba de 17% en la nafta y 19% en el gasoil.

Según los cálculos actualizados que maneja el gobierno, importar un litro de nafta ya refinado y comercializarlo con los márgenes de intermediación y los impuestos que hoy paga Ancap, costaría $ 65,2 al público, muy por encima de la tarifa actual de $ 58,4.

“El país está atravesando momentos extraordinarios que requieren de respuestas de parte del gobierno también extraordinarias”, señaló la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en conferencia de prensa esta semana.

El equipo económico estimó en US$ 30 millones la resignación fiscal solo por el mes de abril asociada a no subir el precio de los combustibles. El gobierno entero lo muestra como un sacrificio que busca incentivar a los sectores exportadores y acelerar la recuperación económica.

Según consignó el diario El País en base a fuentes oficiales, también pesó en la decisión el costo político asociado a una suba de los combustibles en el actual momento de la crisis sanitaria. Según señala, la decisión fue del propio presidente Luis Lacalle Pou, que pidió a los ministros hacer un “esfuerzo” adicional ante la propuesta de Economía e Industria de un ajuste que compense parcialmente el aumento de los costos.

La decisión no era sencilla. Por un lado, en los elementos a considerar estaba uno de los principales pilares del gobierno, que es recomponer las maltrechas finanzas públicas. Incluso en el momento más bajo del ciclo económico, las autoridades apostaron por un ajuste fiscal que permitiera asegurar la viabilidad de los flujos financieros futuros, facilitando el acceso al crédito barato que financie un déficit fiscal ya de por sí desafiante.

Por otro lado, aumentar las tarifas públicas implica un sacrificio en términos de inflación y competitividad, en particular de los sectores intensivos en el uso de combustibles. Además, afecta el capital político en momentos en los cuales, el gobierno enfrenta una crisis sanitaria y donde haga lo que haga para el combate a la pandemia –medidas más o menos restrictivas– dejará por el camino un tendal de insatisfechos.

En vista de este dilema, no era esperable que el gobierno trasladara por completo el aumento de costos a las tarifas de los combustibles. Pero tampoco era esperable que cargara por completo a las finanzas públicas con la suba del crudo.

Los argumentos que dan las autoridades no son del todo convincentes. ¿Es un beneficio que alivia a los sectores productivos y mejora su competitividad? Sin duda. Pero si bien es cierto que el costo del transporte recae en un amplio número de sectores, beneficia más a aquellos que son más intensivos en el uso de combustibles. En particular, a los sectores agroexportadores que son junto con la construcción, los únicos dos que lograron crecer durante el segundo semestre de 2020. La primera pregunta es, entonces, en momentos en los cuales hay sectores gravemente afectados por la coyuntura económica, con medidas sanitarias que impiden su actividad, ¿tiene sentido transferir recursos públicos a los sectores más dinámicos? ¿No hay otras prioridades no solo a nivel económico sino también social y sanitario que compiten por los recursos que el Estado tampoco dispone?

La segunda pregunta es más instrumental y tiene que ver con los objetivos de política detrás de la fijación de las tarifas públicas. ¿No le estamos exigiendo demasiado al precio de los combustibles? Y no es una pregunta nueva. El manejo de las tarifas públicas fue cuestionado durante el gobierno del Frente Amplio por comprometerse a la persecución de objetivos múltiples, de corto plazo y a veces contrapuestos.

A las tarifas de los combustibles se les pide que recauden –el IMESI que pesa sobre las naftas implica en los hechos una carga desproporcionada de 93% sobre el precio de venta antes de impuestos–, se les pide además que cubran las deficiencias comerciales y estratégicas de Ancap, y se les pide que contribuyan circunstancialmente a problemas inflacionarios y de competitividad cuyo origen está muy alejado del costo de los servicios públicos.

La fijación de tarifas suele ser un instrumento muy tentador para los gobiernos porque es un número fácil de mover y con impactos calculables. Sin embargo, es un instrumento absolutamente ineficiente. Como herramienta para aliviar la competitividad, no solo implica transferencias para los sectores a los que el gobierno quiere compensar sino también a agentes económicos que se favorecen de la política y que reducen la eficiencia de la medida –como hogares de ingresos medios y altos que no se han visto afectados por la pandemia, o exportadores agrícolas beneficiados por el aumento en el precio de sus productos–. Además, desdibuja el rol de las empresas públicas y en determinadas circunstancias, las convierte en una carga para el sector privado y en un incentivo para el juego político de los gobernantes de turno.

La iniciativa de la administración actual de anclar los precios de los combustibles a una paramétrica transparente que refleje los fundamentos de costos y las particularidades del ente refinador, es un paso en la dirección correcta. Postergar esa medida para generar transferencias discrecionales en momentos críticos, es un paso atrás. Es paradójico que la decisión del Ejecutivo de la última semana refuerce la necesidad de una reforma urgente de la gobernanza de las empresas públicas y los mecanismos de fijación de precio y aleje su concreción. Habrá que seguir esperando.

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 19 Abril 2021