Hay coincidencia para cambiar el marco legal de la forestación
A excepción del senador del Partido Colorado Pablo Lanz, que defendió la política forestal de los últimos años, desarrollada con base en la Ley 15.939 de 1987, y no se mostró afín a hacer modificaciones legales pero sí abierto para debatir al respecto, otros legisladores de distintos partidos manifestaron una posición favorable para modificar la actual normativa que rige sobre la forestación.
Eso ocurrió en una mesa redonda para el debate de la política forestal, específicamente sobre el proyecto de ley presentado por Cabildo Abierto en el Parlamento, que organizó el jueves 18 el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), liderado por Rafael Viñas y Víctor Baccheta, entre otros.
El proyecto de ley en cuestión cuenta con media sanción de Diputados y dispone limitar la forestación al 10% del suelo agropecuario declarado como de prioridad forestal.
Los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Alejandro Sánchez, del Partido Nacional Sebastián da Silva y Lanz, y el diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez, quien impulsó ese proyecto de ley, integraron la ronda de discusión.
“Hoy es tiempo de modificar” la normativa legal que rige al sector forestal, dijo Sánchez.
Recordó que en 2005 el gobierno del Frente Amplio eliminó los subsidios a la actividad forestal, mediante la Ley 17.905. Luego en 2006 un decreto estableció otras modificaciones referidas a los suelos de prioridad forestal, a lo que siguieron más cambios en la regulación sectorial.
“La forestación hoy es distinta a la de la década de los 90 en términos del cuidado (ambiental), de la responsabilidad (empresarial) y de las relaciones laborales”, valoró.
Y propuso que “ahora que se está por instalar una tercera planta de pulpa de celulosa es relevante poner en debate todo eso”, porque “la forestación tiene la característica de que compite con otras actividades productivas”.
“Muchas veces compite con ventajas por su capacidad económica y por la capacidad de captar flujos financieros, lo cual es un problema cuando estamos hablando de un bien que es muy caro y que muchas veces su rentabilidad no está asociada al valor de la tierra”, argumentó.
A su parecer, “algunas actividades se sienten expulsadas” por esa competencia de la forestación. “El 85% de la producción de madera va a las fábricas de celulosa” y “uno de los factores importantes de sus costos son los fletes”, por lo que “hay una presión natural en cuanto a acercar las plantaciones forestales” a las pasteras, señaló Sánchez. Y afirmó que eso provoca “una tensión hacia generar más forestación cada vez más cerca” de las plantas de celulosa.
“Es la oportunidad para construir una nueva política de Estado para el sector forestal para los próximos 20 o 30 años”, planteó. El senador del MPP sugirió la posibilidad de establecer “incentivos para el desarrollo de los aserraderos y para la industrialización de la madera que no va a la celulosa, que podrían incorporar trabajo y tecnología”.
Otro tema es que los proyectos de menos de 100 hectáreas no requieren una autorización ambiental previa y “están pasando por abajo”, dijo.
Lanz resaltó que “desde 1987 Uruguay vio incrementada la inversión forestal”, que hay un poco más de un millón de hectáreas afectadas a la forestación y unas 850.000 hectáreas de monte nativo. En los últimos 30 años el bosque nativo tuvo un crecimiento de 25% en su superficie, dijo.
El 64% del total de la capacidad forestal está destinado a la industrialización para producir pulpa de celulosa y 36% para aserríos y la generación de combustibles de distinta índole, como leña y biomasa, comentó.
El valor de las exportaciones forestales representa el 16% del monto total de las exportaciones de bienes, y el 80% corresponde a pulpa que se estima en unos US$ 1.400 millones anuales, destacó.
Afirmó a su vez, basándose en datos del Banco de Previsión Social, que la fase silvícola ocupó 8.500 puestos de trabajo en 2019 y en total serían unos 18.000 empleos creados por la actividad forestal.
Ese senador colorado coincidió en la importancia de generar debate sobre el tema, que pueda provocar “cambios y transformaciones para dar garantías a la producción y a la sociedad”.
En el proyecto de ley, que cuenta con media sanción parlamentaria, “encontramos algunas inconsistencias” y “no compartimos la presentación” de dicho proyecto, señaló.
“Poner luz” y “olor a campo”
A su turno, Menéndez dijo que la política basada en la ley forestal, “por más que haya tenido consenso de todos los partidos políticos, no es argumento para poner luz sobre algunas situaciones que se vinieron dando”.
La política forestal “provocó una transformación importante de la matriz productiva y es inobjetable que ha sido exitosa”, reconoció.
Y enfatizó que esa política para la forestación “fue desarrollada a base de subsidios y a exoneraciones por parte de la sociedad, entonces es el momento justo para que la sociedad sepa en qué se convirtió el dinero que ella aportó para un modelo forestal”.
“De los 1,1 millones de hectáreas forestadas, hay 300.000 hectáreas que fueron instaladas en suelos que no son de prioridad forestal”, aseguró.
Y advirtió que del total de bosques plantados en Uruguay el 80% corresponde a eucaliptos, cuyo destino es la producción de celulosa.
El 60% de la forestación es propiedad de las dos empresas que instalaron sus plantas de celulosa, como son UPM y Montes del Plata, comentó.
Da Silva en tanto planteó analizar el tema con un enfoque “agronómico” y “olor a campo”, atendiendo a la información disponible sobre la tipificación de los suelos.
El campo “es un recurso finito y eso nos tiene que preocupar, pero la tierra no es un bien social, sino que pertenece a un propietario o arrendatario que hace para con ella lo que mejor sabe hacer”, dijo.
Señaló que “esa es una diferencia sustantiva”, porque el tema que “vamos a abordar” implica un “fino límite entre la propiedad privada y el derecho de los gobiernos y el Estado sobre lo que podemos hacer en un campo”.
“No soy de los que considera que la forestación debe ir plantándose a diestra y siniestra por todo el país”, expresó.
Coincidió en la importancia de limitar la forestación a los suelos de prioridad forestal y no a otros. “Con las excepciones del 8% de montes de sombra y abrigo que el productor pueda hacer y del límite de 50 a 100 hectáreas que el propietario de la tierra pueda arrendar”, por “una cuestión de supervivencia”, indicó.