LA COLUMNA DE PEPEPREGUNTÓN
Que se sepa
¿Es verdad que, como afirmó el ministro Heber, el contrato que el gobierno de Vázquez firmó con UPM comprometía al Estado a expropiar en diez días todos los terrenos solicitados para la obra?.Fuentes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas indicaron al medio que las expropiaciones de terrenos, que se estimaron en 256, terminarán siendo unas 1056.
¿Se entiende? Habrá que expropiar más de cuatro veces lo proyectado. Por tanto, las expropiaciones van a costar bastantes millones de dólares más de lo estimado. ¿De dónde saldrá el dinero para enmendar ese error? Del Estado uruguayo. O sea, de los bolsillos de los contribuyentes. Como siempre.
¿Quién es el responsable de un error tan grosero? ¿Es posible estimar tan mal? ¿Quién falló? ¿Fue acaso el propio Estado uruguayo? Y si así fuera, ¿quién dentro del Estado? ¿El Ministerio de Transporte y Obras Públicas que lideraba el ministro Víctor Rossi? ¿Una repartición de esa cartera? ¿Cuál? ¿Quiénes fueron los técnicos que firmaron el informe que contenía esas proyecciones? ¿Siguen en funciones? ¿Quién estaba a cargo de controlar ese trabajo? ¿Lo hizo?
¿O fue acaso un privado al que se encomendó la tarea? Si lo fue, ¿quién fue? ¿Cuánto cobró por ello? ¿Es posible responsabilizarle por tamaño error y las consecuencias que el mismo aparejará al bolsillo de todos?
¿Es verdad que, como afirmó hace algunos días el ministro Luis Alberto Heber, el contrato que el gobierno de Vázquez firmó con UPM comprometía al Estado uruguayo a expropiar en diez días todos los terrenos solicitados para la obra? ¿Nadie le advirtió al presidente de la República que ese compromiso que estaba rubricando sería imposible de cumplir? ¿Era tanto el apuro y la ansiedad por firmar que nadie leyó lo que se estaba firmando?
Heber dijo que el nuevo gobierno y su cartera están peleando “con un escarbadientes” y “en situación de vulnerabilidad” porque UPM y otros actores privados involucrados en el proyecto le están reclamando al Estado uruguayo que cumpla con lo que firmó. Ya se habla de reclamos, de posibles multas y hasta de arbitrajes internacionales ocasionados por los incumplimientos oficiales. “Es un contrato indecoroso, indigno”, llegó a afirmar el ministro.
¿Y para esto no hay auditorías?
¿No deben los uruguayos todos saber que hubo gobernantes que en nombre del Estado, que somos todos, asumieron compromisos que resultaban de imposible cumplimiento?
¿No tienen acaso derecho a saber quiénes no hicieron lo que debían, y expusieron al país y a su gente a juicios, multas u otras contingencias?
¿No se va a llamar a nadie a responsabilidad? ¿Vamos a esperar que, como en los casos de Pluna, o de la regasificadora, o de algunos negocios de la Ancap de Raúl Sendic, o tantos otros, lleguen las demandas millonarias en dólares para empezar a ver quiénes no hicieron lo que correspondía? Quienes gobernaron hasta marzo de 2020, ¿no tienen nada para decir?
La importancia del tema y la relevancia de un proyecto tan importante para el país lo ameritan. Y ya se está haciendo tarde.
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