Aratirí y su laberinto

La minera Aratirí no llegó a Uruguay por generación espontánea. Fue el resultado de negociaciones efectuadas por los gobiernos del Frente Amplio y se radicó en Uruguay en el año 2007. Durante el primer año de la administración de José Mujica, promocionaron al grupo minero Zamin Ferrous como la inversión privada más grande del país hasta aquél entonces --en torno a U$S 2.000 millones-- con la posibilidad de crear entre 2.000 y 4.000 empleos directos, más otros 1.000 en tareas operativas y se calcularon hasta 10.000 en puestos indirectos.

Al año siguiente, en 2011, el mandatario definía al proyecto de megaminería de la misma forma que Tabaré Vázquez se refería a la instalación de UPM. Es decir, una “causa nacional”, tal como consta en Internet en innumerables artículos periodísticos de la época. Un año más tarde, el gobierno anunciaba en forma oficial que se unía al grupo indio para desarrollar el primer puerto de aguas profundas en la costa oceánica y estimaba las exportaciones de hierro en forma similar a todo el movimiento de cargas que por esos años se hacía a través de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.

Con la puesta en marcha de la legislación que regulaba a la minería de gran porte, la empresa extranjera entabló una demanda millonaria por U$S 3.536 millones, ante lo que consideró como un cambio no acordado en las reglas de juego para extraer hierro de Valentines. Y hasta ahí nos enteramos los uruguayos de la marcha del juicio de Aratirí, porque en setiembre de 2018, el presidente Vázquez declaró confidencial toda información relativa al juicio. Con la excepción de algunas filtraciones, no se supo nada más de la marcha del litigio. La denuncia era por daños y perjuicios y Uruguay comenzaba así otra odisea con la contratación de un equipo de abogados estadounidenses ante un tribunal de arbitraje internacional en La Haya.

El gobierno de Vázquez aceptó comparecer, si bien el artículo 19 del Código de Minería establece que las reclamaciones y controversias quedan sometidas “sin excepción alguna” a la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Porque un Estado no puede admitir el sometimiento a una empresa privada, por más multinacional poder que tenga. Hasta que llegaron las elecciones en 2019 y trascendió la posibilidad de que Uruguay ganara el juicio, pero esa información estaba contaminada con la campaña política. Luego de conocidos los resultados de las elecciones, el gobierno saliente solicitó a la Corte Permanente de Arbitraje que se pronunciara, porque era evidente que el resultado de ese juicio era de interés para el gobierno que iba a asumir el 1º de marzo del año siguiente.

Y era de recibo porque, en caso contrario al fallo que se conoció después, sería una bomba a explotar en las manos de Luis Lacalle Pou. No obstante, a mediados de enero de este año, el Poder Ejecutivo comunicaba a la Asamblea General, la transferencia de medio millón de dólares por honorarios y gastos del tribunal. Y, a pesar de que el cuerpo internacional no dio lugar a la demanda --que es muy diferente a ganar el juicio-- Uruguay debió pagar honorarios a los abogados contratados, a expertos, asesores, testigos y los costos mencionados por el arbitraje. De acuerdo al juicio, la empresa india debe pagar al Estado uruguayo un total de U$S 4.000.000 o el costo de los abogados. Sin embargo, con la divulgación del fallo del tribunal arbitral, se supo que el país pagó casi doce millones y medio de dólares (con el descuento mencionado incluido).

Por lo tanto, el país no ganó cuatro millones de dólares, sino que el costo de la defensa estuvo por encima de doce millones de dólares. Fue un juicio donde el país aceptó discutir la demanda con la empresa extranjera, sin que el tribunal reconociera su legitimidad. Y pagar por ello. Las razones del fracaso de la explotación minera estaban en la inviabilidad económica que vino después con el desplome del precio del hierro en el mercado internacional. La empresa había basado sus cálculos en la coyuntura extraordinaria que vivía el precio del mineral entre 2006 y 2011 para armar su proyectos y venderlo al país. De eso, parece, no se dio cuenta el gobierno que avaló su instalación en un territorio agrícola-ganadero con yacimientos de este tipo, irrisorios.

Así, aquel gobierno ignoró las movilizaciones de los ambientalistas y residentes en las zonas, mientras actuaba bajo el respaldo de una ley que tenía nombre y apellido. Por eso no es difícil calcular lo que hubiera ocurrido si no se sancionaba una ley y la empresa continuaba su instalación. Porque el proyecto de Gas Sayago es, apenas, un ejemplo de instalaciones abandonadas, deudas incobrables y dinero público malgastado. Hoy la discusión viró a gusto y gana de un público fanatizado que resuelve pasar por encima esta historia relatada someramente. Centra su relato en la declaración del actual director de la OPP, Isaac Alfie, en la audiencia final del juicio contra Aratirí. En enero, había elaborado un informe a pedido de un estudio jurídico contratado por la minera en torno a los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay desde 1974.

El informe no formaba parte del alegato en el juicio, sino que asistía como experto. En enero, el actual jerarca del gobierno de Lacalle Pou, no ejercía cargo público de ninguna índole. Ahora, el Frente Amplio evalúa “acciones parlamentarias” contra Alfie por entender que declaró contra el Estado uruguayo. Consideran “llamativo” que el director de la OPP pida al “pueblo uruguayo hacer sacrificios fiscales cuando él ha puesto todo su esfuerzo” para hacer “perder miles de millones de dólares en un arbitraje internacional”. Quienes se fijan a sabiendas en una parte de la historia, dejan de lado el proceso anterior que llevó años de movilizaciones, reclamos y rechazos para evitar la instalación de un emprendimiento especulativo. El hecho de centrarse en un tramo de los hechos, le quita coherencia al discurso político, especula con la mirada política y aprovecha la gritería del momento para sacarle el cuerpo a otro de los emprendimientos fallidos y por los cuales la autocrítica brilla por su ausencia.

Diario EL TELEGRAFO - Paysandú - URUGUAY - 23 Noviembre 2020