Aratirí usó el informe de Alfie en el juicio internacional para demostrar que Uruguay actuó de manera “imprevista e ilegal”
La minera describió al economista como un “experto de los demandantes” y citó sus conclusiones en 27 ocasiones en el documento que presentó para rebatir los argumentos del Estado.El abogado Derek Smith acababa de interrogar a Isaac Alfie en el marco del juicio multimillonario que Aratirí había entablado contra el Estado uruguayo. Una vez terminada la sesión, ambos subieron al ascensor.
—Creo que la cagué, ¿no? —le dijo Alfie al abogado, según le contaría a otros testigos del juicio que se desarrolló en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington DC.
El interrogatorio había sido intenso, ya que el abogado que representaba a Uruguay intentó desarticular las conclusiones plasmadas por Alfie en un informe que elaboró a pedido de los abogados de la minera. Es que la opinión del actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) había sido utilizada por Aratirí para intentar rebatir parte de la defensa del gobierno, demostrar que la decisión del Estado de no otorgar beneficios fiscales a su proyecto de megaminería había sido “imprevista e ilegal” y “un componente fundamental de su fracaso”, según un documento presentado por la compañía ante la Corte Permanente de Arbitraje y al que accedió Búsqueda.
El experto de los demandantes
Aratirí presentó una demanda contra Uruguay por la presunta violación del convenio entre el gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el gobierno de la República Oriental del Uruguay sobre el Fomento y la Protección de Inversiones. En el marco de ese juicio, en el que reclamó una indemnización millonaria, contrató a diversos expertos para sustentar su reclamo.
En abril de 2019, el estudio Ferrere contactó a Alfie, que entonces trabajaba para la actividad privada, para que escribiera un informe en el que “describa el funcionamiento de los regímenes de promoción de inversiones en el Uruguay”, que “describa los incentivos otorgados por la última ley de inversiones (Nº 16.906) y sus sucesivas reglamentaciones”, y “analice si el Proyecto Valentines calificaba para recibir beneficios fiscales” (Búsqueda Nº 2.096).
El informe del exministro de Economía fue usado luego por Aratirí en el juicio. En junio de 2019, la minera presentó un documento titulado Réplica sobre el fondo en respuesta a la primera defensa que esgrimió Uruguay a la demanda. Es un texto de 483 páginas en el que los abogados de la compañía buscan desarticular los argumentos de la contraparte.
El informe de Alfie aparece citado de manera directa en 27 ocasiones, según constató Búsqueda. Y pese a que el economista dijo públicamente que su estudio no entró sobre el fondo del juicio, Aratirí usó sus argumentos para intentar probar que Uruguay violó el tratado de protección de inversiones.
La minera argumentó en su demanda que el gobierno le había negado injustamente los beneficios fiscales previstos en la ley de inversiones, lo que había sido controvertido por el Estado en su escrito de respuesta. En la réplica, Aratirí señaló que Alfie, en su informe, declaró que no tenía conocimiento “de ningún proyecto de dimensión comparable que no haya recibido los beneficios en Uruguay”. Y la compañía agregó en seguida: “Que Uruguay le denegara a la minera Aratirí esos beneficios y modificara el régimen legal por el que se rigen los beneficios fiscales disponibles para los inversores constituyen violaciones del Tratado”.
Aratirí aseguró que su Proyecto Valentines, que implicaba construir una serie de minas a cielo abierto para extraer mineral de hierro y toda la infraestructura para procesarlo, llevarlo hasta una terminal portuaria propia y exportarlo, merecía esos beneficios a juzgar por el informe de Alfie.
Tal como explica el experto de los demandantes, Isaac Alfie, exministro de Economía y Finanzas, en su dictamen de experto: ‘Dada la ley uruguaya, no encuentro motivos económicos y financieros para denegar la declaratoria de promoción de inversiones a Aratirí como tal. Con base en mi análisis y experiencia, de haber sido ministro de Economía y Finanzas, y quien terminaba firmando las resoluciones autorizando los beneficios fiscales, no advierto razones para negarlo, dada la reglamentación y práctica usual’.
Tres expertos consultados por Búsqueda dijeron que uno de los puntos más llamativos del informe de Alfie fue, precisamente, el párrafo en el que argumentó que de haber sido ministro no advertía razones para negar los beneficios.
En agosto de este año, cuando el tribunal falló a favor de Uruguay, Alfie fue consultado por Telemundo acerca de su participación en el juicio. En esa oportunidad, dijo que no declaró “ni en contra ni a favor” y que su informe fue elaborado en calidad de “experto”. Al respecto, añadió: “Los expertos no son de parte, son del tribunal”.
En varios pasajes, la réplica de Aratirí contrapone la defensa del gobierno con lo que sostiene el informe del actual director de OPP. “Uruguay también afirma que Minera Aratirí no tenía derecho a obtener beneficios tributarios o fiscales. (…) Sin embargo, los demandantes observan que el Sr. Alfie, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay y un experto reconocido a nivel nacional en materia de beneficios tributarios y fiscales de Uruguay, ha declarado inequívocamente en su informe que no conoce ningún proyecto que se acerque siquiera remotamente al tamaño del Proyecto Valentines que, como sucedió con el proyecto, no haya recibido ningún beneficio del gobierno”.
La empresa argumentó que la negativa del gobierno a otorgar los beneficios fiscales “fue devastador para el Proyecto Valentines”, lo que “tuvo el pernicioso efecto secundario de alarmar a los inversores y disuadirlos de invertir en él. La denegación imprevista e ilegal de beneficios para el Proyecto fue un componente fundamental de su fracaso”.
Y más adelante Aratirí escribió algo que sería retomado por el abogado que representaba a Uruguay durante su interrogatorio a Alfie.
En opinión del Sr. Alfie, el gobierno debería haber otorgado los beneficios disponibles en virtud del decreto N° 477/008.
Sí
Alfie viajó en enero a declarar a Washington DC. Su participación en el juicio causó polémica en Uruguay, al punto tal que dirigentes del Frente Amplio solicitaron que no asumiera como director de la OPP una vez que Lacalle Pou ocupara la Torre Ejecutiva.
La tensión se trasladó a la capital de Estados Unidos, recordaron varios uruguayos que participaron en el juicio. Alfie pidió que adelantaran su declaración para poder volver antes a Uruguay, lo que fue aceptado por todas las partes.
La abogada de Aratirí le hizo preguntas de modo de que pudiera explicar el marco normativo vinculado al régimen de promoción de inversiones en Uruguay. También le consultó si “en su experiencia” y sin contar el caso de la minera “vio alguna vez una decisión del Ministerio de Economía y Finanzas que niegue beneficios fiscales que hayan sido solicitados al amparo del decreto 455”. Alfie respondió que no.
—¿Vio usted alguna vez en su experiencia profesional alguna decisión de la Comisión de Aplicación que haya rechazado liminariamente, en principio, un proyecto sin analizar los indicadores y ponderarlos de la manera que usted nos indicó antes? Fuera del caso objeto de este arbitraje.
—No, que yo recuerde no vi nunca resoluciones de este tipo. Y en la página web que yo miré no había ninguna en realidad.
A su turno Derek Smith, integrante del bufete estadounidense Foley Hoag, empezó el contrainterrogatorio. Smith dedicó buena parte de su interrogatorio a intentar demostrar que el Poder Ejecutivo sí tiene cierta discrecionalidad a la hora de otorgar los beneficios fiscales previstos en la ley y que no necesariamente la Comisión de Aplicación de la Promoción de Inversiones (Comap) debía emitir una resolución favorable. El abogado contratado por Uruguay también quería que Alfie dijera si en su informe había dicho que el gobierno debió conceder los beneficios.
“Lo que digo es que tenían derecho a los beneficios del decreto, ¿sí? Y más adelante, en otros párrafos, también digo como que son canales separados. Una cosa es tener el derecho en función de la ley y otra cosa es que el derecho efectivamente se usufructúe”, explicó el economista.
—Y usted indica que, basado en el monto de la inversión, Aratirí hubiera calificado para los beneficios. ¿Es correcto? —preguntó el abogado en otra oportunidad.
—Sí.