inversoresTEMA DE ANÁLISIS
La importancia de promover las inversiones

Con el Decreto N° 268/020, el gobierno pretende dar un mayor impulso a la inversión privada.La inversión no es solamente un componente de la demanda agregada que contribuye al crecimiento presente. También es una promesa de producción a futuro. La maquinaria, el equipamiento, las obras civiles y los cultivos permanentes constituyen capital fijo de las empresas, que son utilizados para producir bienes y servicios.

Se desprende entonces que la inversión, en tanto que acumulación de capital fijo, es uno de los pilares del crecimiento económico a largo plazo.

Pero para que efectivamente haya crecimiento en el stock de capital, no es suficiente la existencia de inversión bruta fija. Pues parte de la inversión (a decir verdad, una buena parte) tiene como destino la reposición de capital existente que se ha depreciado por el uso al cabo de los años y que ya no puede seguir participando en el proceso productivo. Por tanto, es menester que la inversión bruta sea superior a la reposición de capital para que haya inversión neta en la economía. Vale decir, para que aumente el stock de capital, garante del crecimiento y la generación de empleo.

La tasa de inversión (relación entre la inversión bruta fija y el PIB) es un buen indicador para medir estos efectos. En el año 2019 la tasa de inversión en Uruguay fue del 17%. Si asumimos el supuesto (aceptado internacionalmente) de que por cada unidad de producto se requieren 3 unidades de capital, y una vida útil promedio del capital de 25 años (supuesto conservador; podría ser aún menor, lo cual agravaría las cosas) que equivale a una tasa de depreciación anual del 4%, se deduce que la inversión en reposición del capital representaría aproximadamente 12% del PIB. Ello equivale a una tasa de inversión neta del 5%, asimilable a una tasa de crecimiento del producto redondeado en 2%. Si tomamos como válidos estos supuestos, será difícil lograr que la tasa de crecimiento de largo plazo sea superior al 2% a menos que se logre una mayor tasa de inversión.

La inversión privada (que representa 75% de la inversión total, siendo el 25% restante inversión púbica) es también el componente más volátil del PIB. Suele crecer muy por encima del producto en períodos de auge y también se contrae más que el promedio de la economía en períodos de estancamiento y recesión. Así, por ejemplo, en el quinquenio 2010-2014 el PIB creció en promedio un 5% mientras que la inversión privada lo hizo al 11%. En los últimos cinco años el crecimiento fue de apenas 1,3%, mientras que la inversión privada cayó 5,5% (gráfico 1).

A su vez, la caída de la inversión privada guarda relación con el comportamiento de la tasa de inversión que cayó fuertemente luego de haber llegado al 22% pocos años atrás (gráfico 2). Uruguay se aleja así de las economías del Pacífico en la comparación regional y se acerca más a los registros de Brasil y Argentina (gráfico 3).

En 2021, la inversión privada tendrá un fuerte empuje por la mayor intensidad en la ejecución de obras vinculadas al Ferrocarril Central, la planta de UPM2 y la puesta en marcha de proyectos de infraestructura vial bajo régimen PPP. En su exposición de motivos del proyecto de Ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo proyecta un crecimiento del 6,4% en la formación bruta de capital fijo, lo cual es probable que se verifique por los motivos expuestos, y como a su vez superará el crecimiento del PIB, implicará también un aumento en la tasa de inversión. Esto es bienvenido, pero lo que necesita la economía es un flujo de inversión continua y más atomizado a nivel de empresas, para que la tasa de inversión se mantenga en altos niveles y no vuelva a descender como pasó en 2015 cuando finalizó la ejecución de proyectos muy grandes pero concentrados en pocas empresas como la planta de celulosa de Montes del Plata y los parques eólicos.

Para que se verifique este aumento estructural en el flujo de inversiones a nivel más generalizado, debe haber un mejor clima de negocios que, en sentido amplio, puede definirse como un conjunto de condiciones que facilitan la actividad empresarial en un país. Estas condiciones están basadas en distintos pilares, entre los que se destaca, por un lado, la solidez institucional, uno de los mayores activos que tiene Uruguay. También es muy importante la estabilidad macroeconómica que reduce la incertidumbre acerca del comportamiento de los flujos de fondos futuros a la hora de evaluar un proyecto. En las economías pequeñas con reducido mercado interno, estos elementos suelen ser complementados por incentivos fiscales para promover la inversión.

Uruguay tiene un régimen de promoción de inversiones consagrado por la Ley N° 16.906 del año 1998, donde se declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones realizadas por inversores nacionales y extranjeros. En 2007 se produjo la primera reglamentación seria de esta ley a través del Decreto N° 455/007, que otorgaba importantes exoneraciones en el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) a empresas de cualquier sector de actividad que realizaran inversiones en activo fijo, contra lo cual debían acreditar el cumplimiento de una matriz de indicadores estandarizados, que pretende reflejar un derrame socioeconómico positivo del proyecto (generación de empleo, aumento de exportaciones, inversión en tecnologías limpias, I+D+i, descentralización, etc.). En 2012, el régimen fue actualizado a través del Decreto N° 02/012 que, si bien mantenía la misma estructura de promoción, en promedio redujo la exoneración media de IRAE a la vez que hacía más exigentes las condiciones para poder aplicar a los beneficios.

En 2018, con la economía enfriada y la inversión en franco declive, el Poder Ejecutivo efectúo una nueva actualización con el Decreto N° 143/018 que no mejoró sustancialmente las condiciones bajo las cuales las empresas podían acceder a exoneraciones fiscales. En el gráfico 4 se puede apreciar cómo la aplicación de proyectos al régimen de promoción de inversiones ha ido decreciendo con el paso del tiempo, y más allá de que la coyuntura económica no jugó a favor, seguramente los ajustes al régimen tuvieron incidencia. En este contexto, agravado el COVID-19, el gobierno emitió recientemente el Decreto N° 268/020 que mejora sensiblemente el perfil de exoneraciones fiscales para las empresas que presenten proyectos, con un sesgo particular a la creación de empleo.

Este nuevo régimen, que se asemeja mucho más al espíritu del decreto original (y en algunos casos es incluso más beneficioso) se espera que pueda dar lugar a una reversión positiva en el flujo de inversiones. El cambio es bienvenido, y podrá coadyuvar a una mayor tasa de inversión de forma más o menos permanente en la medida que mejore la competitividad de la economía, de tal forma que las empresas puedan generar renta para poder exonerar.

Diario EL PAIS -Montevideo - URUGUAY - 09 Noviembre 2020