Autoridades de UTE esperan revelar “un escándalo” en Gas Sayago; sus antecesores alegan que se redujo el costo de producir energía
En octubre de 2015, un funcionario de la UTE recibió una tarea insólita que puso a prueba sus nervios: debía viajar a París y cobrar un cheque por US$ 100 millones. Cuando regresó y puso el documento bancario sobre la mesa de la presidencia, en el Palacio de la Luz todos respiraron aliviados.
La cosa había comenzado algunos años atrás, cuando, junto con la recuperación de la economía, el gobierno del Frente Amplio se encontró con un fuerte crecimiento de la demanda energética y en todo el país sobrevolaba el fantasma de los apagones.
Solo en 2012, un año seco, la empresa estatal había tenido que pagar un sobrecosto de US$ 450 millones, por encima de los US$ 1.000 millones previstos.
¿Apostar más fuerte al viento o al gas natural como fuente de energía? Esa fue la alternativa que se le planteó a Uruguay a mediados de la década pasada. La corrupción en Brasil y la recesión en Europa que dejó equipos libres, pareció resolver el problema a favor de los molinos de viento gracias a acuerdos con inversores privados.
Durante la primavera de 2013, el gobierno encabezado por José Mujica había anunciado que, al finalizar su mandato, en marzo de 2015, el país contaría con una planta regasificadora de GNL (gas natural licuado) en Puntas de Sayago que podría alimentar la central de ciclo combinado de Punta del Tigre, la demanda de Ancap y potencialmente exportar.
Mujica se había fijado tres prioridades que finalmente no prosperaron y que, en cierta forma, iban unidas: el puerto de aguas profundas, la instalación de la minera de hierro Aratirí y la regasificadora.
El problema del gas natural había causado dolores de cabeza a los gobernantes desde la década de 1990, cuando comenzaron intentos serios pero fracasados de traerlo de la vecina orilla y de Bolivia.
El avance de la tecnología, que permite el transporte en barcos tanque ocupando menos espacio, abrió entonces la posibilidad de tener autonomía, otro elemento que sirve para atraer inversiones como los data center, que consumen alrededor de 100 megavatios.
Será “un hito en la estrategia de diversificación energética”, afirmó el entonces ministro de Industria y Energía, Roberto Kreimerman, durante el anuncio oficial en Torre Ejecutiva, pero como después del descalabro brasileño el consorcio GDFS, que había ganado la licitación, prefirió pagar la multa de US$ 100 millones y retirarse, el hito no ocurrió.
En 2016, Leo Pinheiro, expresidente de la gigantesca constructora bahiana OAS, fue preso por conseguir obras con coimas y, además de involucrar al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, entre otras cosas, acusó a los expresidentes Michele Bachelet (Chile), Ollanta Humala (Perú) y Evo Morales (Bolivia) de haber recibido ingresos ilegales.
Aunque ningún uruguayo figuró en la lista de los que cobraron coimas, como el consorcio GDFS (formado por Gaz de France y la japonesa Marubeni) había contratado a la empresa brasileña para hacer la obra y esta quebró y sus principales directivos fueron a prisión, la regasificadora no se construyó nunca. Había que llamar a una nueva licitación y se optó por un camino paralelo de la energía a partir del viento.
Antes de la caída de la casa matriz de OAS en Brasil, que dejó sin capacidad para seguir a la filial en Montevideo, la empresa ya había tenido serios problemas técnicos, sobre todo a la hora de construir el muelle off shore. Los estudios no habían tenido en cuenta las características barrosas del lecho del río y eso había encarecido mucho la colocación de los cientos de pilotes necesarios. De hecho, cuando se interrumpieron los trabajos, solamente se habían colocado unos 70, que tuvieron que ser enterrados unos 40 metros por debajo de los cerca de 13 metros de agua, y el resto quedó tirado en el obrador.
En marzo de 2017, a instancias del diputado herrerista Pablo Abdala, se formó una comisión investigadora parlamentaria. En el aire flotaba la sospecha de que Lula había pedido a Mujica, con quien mantenía un vínculo fluido, que fuera precisamente OAS quien hiciera el trabajo. Las suspicacias crecieron cuando se supo que la adjudicación fue anunciada por el gobierno antes de que los propios directorios de las empresas UTE y Ancap aprobaran el asunto. Después de 25 sesiones y de recibir a 100 personas durante casi todo el año, en la comisión que presidió el frenteamplista Roberto Chiazzaro, se produjeron dos informes.
Entre los que concurrieron al Parlamento para explicar la conveniencia del proyecto y las razones del fracaso estaban el director nacional de Energía Ramón Méndez, el presidente de UTE Gonzalo Casaravilla y la exgerenta de Gas Sayago y entonces presidenta de Ancap Marta Jara.
A pesar de que la ingeniera Jara, una exejecutiva de Shell que participó en el montaje de una gran regasificadora en la costa atlántica mexicana, desembarcó en el Palacio Legislativo con nueve cajas que contenían la documentación de las actuaciones de Gas Sayago, Abdala y el resto de los legisladores del Partido Nacional no quedaron conformes y el asunto pasó a la Justicia, que después de algunas citaciones decidió archivarlo.
El informe en minoría sostenía que en Gas Sayago hubo “secretismo, falta de transparencia y decisiones apresuradas”. Los asesores legales de UTE habían realizado críticas serias al contrato, porque consideraban que, con US$ 100 millones, el Estado no quedaba cubierto ante posibles incumplimientos que se pudieran producir en 15 años, durante los cuales se pagarían US$ 2.700 millones de dólares de canon.
El barco más grande del mundo
La tesis central de los defensores del proyecto era que aun sin la participación de Argentina y sin contar con la minera Aratirí como gran cliente, la regasificadora representaba “un beneficio para el país”. De hecho, consultados esta semana por Búsqueda, insistieron en que “tarde o temprano” habrá que recurrir al gas natural, una energía que seguirá teniendo muchas ventajas “al menos durante los próximos 50 años”.
En su informe, Abdala, que contó con el aporte de Eduardo Rubio (Unidad Popular), recogió declaraciones del exdirector de Energía Méndez en el sentido de que “Aratirí parecía ser un hecho… nos decían formalmente desde el Poder Ejecutivo que Aratirí era un hecho y que había que preverlo en la demanda”.
La entonces oposición concluyó que se actuó de forma “irresponsable” porque el propio Casaravilla había reconocido en la comisión que, aun contando con una compra de Argentina en los días pico de invierno, los números daban “muy justos”.
Méndez, sin embargo, consultado por Búsqueda, insistió en que, con base en los informes técnicos de UTE y Ancap, el proyecto era viable aún sin la minera ni el mercado argentino y que se decidió por un barco grande porque no había una gran diferencia en el costo. “Podía almacenar hasta 10 millones de metros cúbicos, pero no era una condición. Bajo cualquier escenario ganábamos plata. Si entraba Argentina, mejor”, explicó.
Acerca de la gestión de la empresa que pagaba sueldos de nivel internacional, una alta fuente de la disuelta Gas Sayago indicó que, si bien Jara era “muy profesional, sólida y exigente”, también tenía rasgos de una persona “autoritaria” y advirtió que no se explica cómo se tomó la decisión de traer un barco que fuera, en ese momento, “el más grande del mundo”.
En efecto, el barco, que fue construido en un astillero de Corea encargado por la compañía japonesa, es de grandes dimensiones. Fue botado con la presencia de un marino uruguayo que hizo las comprobaciones de rigor, aunque finalmente, al caer el proyecto en el Río de la Plata, fue alquilado en Turquía.
Otra alta fuente de Gas Sayago, sin embargo, defendió la opción adoptada e indicó que “la decisión que se tomó fue la del almacenamiento, asociada a las parcelas en las que se compra el GNL (gas natural licuado)” considerando además las necesidades de UTE, antes de aumentar el número de los contratos de energía eólica, como de Ancap, “que requería una cantidad muy baja pero firme”.
En cuanto al complejo mercado de la vecina orilla, que tiene dificultades para explotar sus grandes yacimientos, como Vaca Muerta, la misma fuente explicó que “si bien en el origen el proyecto era binacional, luego se continuó sin la participación de Argentina”; y que si bien “no hubo ningún compromiso de compra por parte de Argentina o Brasil”, como “Argentina importa GNL en invierno y eventualmente consume gasoil cuando no alcanza el gas, la perspectiva era complementar y desplazar esas importaciones dadas las ventajas que podía ofrecer inyectar gas desde Uruguay”.
El segundo gobierno de Tabaré Vázquez, que comenzó en 2015, heredó el problema, pero en lugar de cerrar la empresa la entonces ministra Carolina Cosse comenzó negociaciones con Shell para buscar que se hiciera cargo de la construcción y explotación de la planta, algo que finalmente no ocurrió porque chocaba contra los intereses de Argentina, donde la multinacional holandesa tiene yacimientos.
Danza de millones, “escándalo” y “mitigación de riesgos”
Las nuevas autoridades de UTE esperan con cierta ansiedad los resultados de una auditoría que han ordenado para Gas Sayago. Parten de la base de que existieron irregularidades, en función de las valoraciones realizadas por José Alem Decaes, hasta ahora gerente del área jurídica.
Felipe Alcorta, integrante blanco del directorio de la empresa de energía, dijo en Crónicas que “el tema de Gas Sayago es un escándalo” porque se usó la empresa privada “para evitar controles de inversiones realizadas con dinero del contribuyente”.
No existe un acuerdo respecto a los números. El consultor privado José Luis Pou dijo a Búsqueda que, aunque la empresa sea propiedad del Estado, hay que calcular las pérdidas “desde el punto de vista empresarial” y que, considerando los juicios pendientes y otros gastos que sigue produciendo Gas Sayago, “al final, la pérdida será de una cifra que ronda los 200 millones de dólares”.
En el otro extremo, el expresidente de UTE Casaravilla considera que las pérdidas para la empresa no llegan a US$ 8 millones, pero a su vez destacó que, gracias a las inversiones en energía eólica, que se acentuaron después del nuevo fracaso con el gas natural, se bajó de US$ 1.100 millones a US$ 600 millones el costo de generación y que la empresa está preparada para que el país reciba nuevas inversiones.
Menos optimista es la auditoría contable realizada por Deloite. Según esta consultora, las pérdidas acumuladas al 31 de diciembre de 2019 por Gas Sayago son por alrededor de US$ 55 millones.
Ancap, por su parte, en un balance publicado en su página web, llega a la conclusión de que la “cuenta país” para el caso de Gas Sayago arroja un negativo de US$ 27 millones. La cifra se obtiene al descontar 86 millones de flujos desde el Estado a los US$ 60 millones que se pagaron en cánones y bienes al propio Estado: US$ 27 millones a la Dirección General Impositiva y US$ 33 millones a la Administración Nacional de Puertos. La empresa no aclara si en el dinero invertido está calculado el necesario retiro de los pilotes que aún están hundidos frente al obrador de Puntas de Sayago.