AFE tardó más de un año en resolver una investigación por acoso sexual y no trasladó al denunciado porque era “imprescindible”
La Asesoría Jurídica dijo que la denunciante pudo haber evitado el acoso bloqueando a su jefe de WhatsApp, aunque concluyó que hay elementos para iniciarle un sumario al presunto acosador; el tema dividió a los directores oficialistas.El 15 de julio de 2019 una funcionaria de la Unidad Gestora de Inmuebles de AFE le envió una carta al entonces gerente general, Fernando Sobral, en la que lo ponía en conocimiento de la situación de acoso sexual y laboral que estaba viviendo.
El presunto acosador era su jefe, el arquitecto Pablo Izaurralde, quien —según el relato— entre diciembre de 2018 y abril de 2019 incurrió en insinuaciones, declaraciones amorosas, invitaciones a salir y mensajes de texto a toda hora y casi todos los días, que maquillaban esas intenciones con consultas de trabajo.
La funcionaria contaba en la carta que luego de rechazar categóricamente esas propuestas pasó a sufrir un hostigamiento laboral de parte de su superior, con discusiones, imposiciones, gritos, golpes a su escritorio y asignación de tareas subvaloradas. Por esos motivos le pidió a Sobral que intervenga.
El gerente general actuó de inmediato. Al día siguiente emitió una resolución en la que —con base en las disposiciones de la Ley Nº 18.561 sobre acoso sexual— dispuso el traslado de la funcionaria denunciante a la gerencia de Infraestructura en Sayago como medida de protección y le encomendó a la Asesoría Jurídica que abra una investigación administrativa.
La celeridad inicial tuvo poco que ver con el proceso que vendría después. El decreto 256/017, que reglamentó la Ley 18.561, establece que las investigaciones administrativas ante denuncias de acoso sexual no pueden extenderse por más de 60 días. AFE estuvo lejos de cumplir con esa disposición: la investigación que se inició en agosto de 2019 demoró más de un año en terminar.
Desde setiembre de 2019 en adelante la funcionaria denunciante casi no fue a trabajar (faltó 246 días). Durante ese período, presentó sucesivos certificados médicos por depresión y trastornos de ansiedad como consecuencia de los episodios de acoso y sus nuevas condiciones laborales, con las que no estaba a gusto.
Ante la dilación de la investigación administrativa, la funcionaria denunciante fue moviendo otras piezas. El 20 de abril le escribió una carta al nuevo presidente de AFE, Miguel Vaczy, informándole de su situación y pidiéndole que la restituyeran en las tareas que desempeñaba antes de la denuncia. La secretaria del presidente le indicó que hablara con la gerenta de Recursos Humanos, pero por ese camino encontró un panorama todavía más sombrío.
Lejos de hacer lugar a su reclamo, la gerencia de Recursos Humanos consideró que una vez que se reincorporara de su licencia médica debía ir a cumplir funciones a la Regional Sur de Infraestructura en Sayago. La denunciante había ingresado a AFE en 2016 para ocupar un cargo “semitécnico” en ese sector, pero poco después, por su profesión de arquitecta, el directorio le había encomendado una “función superior” para dos proyectos en la Unidad Gestora de Inmuebles.
La funcionaria asegura que su trabajo no se limitó a esos proyectos y que realizó decenas de tareas, por lo que entiende que le corresponde ocupar ese cargo y no el de rango inferior al que fue trasladada. La gerencia de Recursos Humanos, en cambio, considera que las funciones superiores que se le encomendaron ya se cumplieron y por tanto le corresponde volver a su cargo original.
Tras obtener esa respuesta, la funcionaria volvió a escribirle a Vaczy. Sostuvo que la posibilidad de que se le aplique una rebaja de salario sería “otro castigo” a su decisión de denunciar acoso sexual y laboral y un nuevo acto de violencia de género. De nuevo, le reclamó que la reintegren a sus funciones como arquitecta en las oficinas centrales.
Por otro lado, ante la demora de la investigación administrativa, la funcionaria planteó su situación a la Inspección General del Trabajo. Allí sostuvo que los procedimientos seguidos por AFE habían vulnerado derechos fundamentales y contravenido disposiciones de la Ley Nº 19.580 sobre violencia basada en género. Detalló, por ejemplo, que no se había garantizado la confidencialidad y privacidad de sus datos personales y que la medida cautelar de trasladarla se había adoptado sin su consentimiento.
La Inspección de Trabajo tomó cartas en el asunto y le pidió a AFE que rindiera cuentas de cómo había actuado. El asesor letrado jefe de la empresa, Eduardo Pittamiglio, defendió los procesos seguidos. Dijo que no se violó la confidencialidad y que la funcionaria no manifestó disconformidad con su traslado en el momento ni presentó ningún recurso administrativo.
Sobre su situación funcional, Pittamiglio señaló que lo único que hizo AFE fue reubicar a la funcionaria en el cargo de la que es titular. El abogado afirmó que el hecho de que no esté realizando trabajos de arquitectura “no es un castigo”, sino que la funcionaria no es titular de un cargo de arquitecto.
En otro punto de sus descargos Pittamiglio explica por qué ante la denuncia optaron por trasladar a la denunciante y no al denunciado. La decisión obedeció “pura y exclusivamente a un factor de organización”: el arquitecto Izaurralde es el jefe de la Unidad Gestora de Inmuebles y cumple con “la totalidad de las funciones” que le competen a esa división, mientras que la denunciante sólo cumplía tareas relativas a mantenimiento edilicio.
“Era imprescindible seguir contando con el servicio del arquitecto Izaurralde”, afirmó.
Cuando Pittamiglio dio estas explicaciones a la Inspección General de Trabajo la investigación administrativa ya había excedido por varios meses el período establecido por ley. Aun así, el asesor letrado aseguró que ese proceso cumplió con “tiempos razonables”. Atribuyó las demoras a ampliaciones en la denuncia y a las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
Conclusiones y discusiones
El 18 de setiembre de este año, la Asesoría Jurídica de AFE presentó las conclusiones de la investigación administrativa. Luego de 13 meses de análisis, Pittamiglio recomendó iniciarle un sumario a Izaurralde “a los efectos de determinar su responsabilidad en la situación de acoso sexual denunciada”.
En cuanto a la denuncia de acoso laboral, consideró que de la prueba aportada no surge acreditada esa situación. La declaración de la denunciante es “vaga” y no permite determinar los hechos.
Además, recomendó mantener la medida cautelar del traslado de la denunciante. También sugirió realizarle a la funcionaria “un seguimiento psicológico o psiquiátrico” para evaluar su estado de salud y “posibles medidas que permitan superar las afectaciones”.
Pittamiglio destacó en el segundo punto de su informe una consideración que parece atribuirle cierta responsabilidad a la acosada: “La denunciante pudo poner coto a esta práctica que le resultaba inconveniente con simplemente bloquear al emisor” de los mensajes.
La denuncia de acoso y el accionar de AFE en todo el proceso son objeto de discusión entre los directores del ente desde fines de agosto. El debate tiene una particularidad: los dos jerarcas oficialistas tienen posiciones antagónicas. El vicepresidente, Gustavo Osta (Partido Colorado, sector Batllistas), está particularmente disconforme con cómo se procesó la denuncia.
El jerarca dijo a Búsqueda que todo el episodio deja a AFE en “una posición complicada” porque mostró una “omisión total” en el caso puntual y también en políticas de género institucionales. Dejó clara su posición en la sesión de directorio del 26 de agosto, antes incluso de que la Asesoría Jurídica presentara sus conclusiones de la investigación administrativa. Ese día les manifestó al presidente Vaczy (Partido Nacional) y al director Williams Kelland (Frente Amplio, a través del sector Unión de la Izquierda Republicana del excolorado Fernando Amado) que su posición es que la funcionaria debe volver al lugar de trabajo en el que estaba antes de concretar la denuncia.
“La funcionaria plantea que por haber denunciado fue perjudicada, y es verdad. Desde el momento en que denunció vive un calvario. Entre otras cosas porque el sumario hace un año que no finaliza y eso también es responsabilidad de Jurídica. (...) Hay que dar una señal de que estas cosas no se van a tolerar, y mientras se resuelve no se puede poner a quien denunció en la posición que está esta chica. La señal que se está dando es ‘no denuncie porque el sumario demora un año, te tiran para Sayago y andá a saber si no te bajan el sueldo’”, dijo, según se recoge del acta.
De acuerdo con su relato, ese mismo día anunció cuál sería su voto y aclaró que no le importaba quedar en minoría.
El tema siguió siendo objeto de debate en las siguientes sesiones de directorio, pero la resolución se fue postergando hasta el pasado jueves 8 cuando ante la falta de acuerdo respecto a las recomendaciones de la asesoría jurídica votaron por separado cada uno de los puntos. La sesión fue tensa y en la mayoría de los puntos Osta quedó en minoría.
El directorio acordó iniciarle un sumario al funcionario denunciado. Osta planteó que además se le retuviera la mitad del sueldo y que se lo separara del cargo a la espera del resultado del sumario, pero eso no fue acompañado por Vaczy y Kelland.
El destino de la funcionaria denunciante fue uno de los puntos más debatidos. Osta pidió que se la restituyera al mismo lugar de trabajo y las mismas funciones que tenía antes de denunciar, algo que tampoco consiguió del todo. Vaczy y Kelland estaban en principio tendientes a ceñirse a la recomendación de la Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos y mantenerla en la Regional Sur de Infraestructura, pero finalmente apoyaron su regreso al edificio central. Aún no está claro cuál será la oficina que ocupará ni las funciones que tendrá.
Finalmente, Osta se opuso a que se aprobara el punto que recomienda hacer un seguimiento psicológico o psiquiátrico de la denunciante. El procedimiento consiste en realizar una junta médica que, según el reglamento de la empresa, tiene el objetivo de determinar si las faltas a trabajar por motivos de salud son justificadas o no.
“Esto no es seguimiento, es poner en tela de juicio a la denunciante, dentro de un procedimiento que se rige por el principio de protección integral de la víctima. Todo esto es persecución”, dijo Osta a Búsqueda. El jerarca está convencido de que detrás de la decisión “hay problemas personales anteriores” del presidente con la funcionaria.
En suma, al mirar hacia atrás todo el recorrido, para Osta queda claro que AFE “desconoció la normativa vigente”, no le brindó protección integral a la víctima y no respetó los plazos. Además, el caso particular dejó a la vista omisiones generales como la inexistencia de comisiones de género, de protocolos de actuación y de capacitaciones.
Por todas esas razones, cree que AFE está “expuesta a un reclamo reparatorio” por parte de la funcionaria. Incluso podría llegar a caberles responsabilidad individual a los directores por sus decisiones, de acuerdo con el artículo 7º de la Carta Orgánica del ente, afirmó.
En particular, considera que la actuación de AFE fue en contra de la ley 19.580 que establece que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a las medidas de protección que se adopten no “afecten” ni “redunden negativamente” en su “carrera funcional” y su “derecho al trabajo”.
“Lo más correcto”
Vaczy sostiene que desde el principio dejó la denuncia de acoso en manos de la Asesoría Jurídica y de Recursos Humanos. De hecho, dijo a Búsqueda que no llegó a leer las cartas que le envió la funcionaria. “Mi prioridad no eran temas de personal, sino los temas de la administración ferroviaria”, dijo.
Una vez que el tema llegó al directorio, aseguró que actuaron rápidamente. De nuevo, argumentó que para tomar su posición se basó en las recomendaciones de los técnicos jurídicos y de recursos humanos.
Consultado sobre las diferencias con el vicepresidente, con quien estuvieron en veredas opuestas en el proceso de resolución de este tema, Vaczy optó por bajar el perfil. “Como en toda coalición cada uno tiene un punto de vista”, dijo.
A diferencia de Osta, que sostiene que tanto las autoridades anteriores como las actuales respaldaron la “omisión total” con la que actuó AFE ante la denuncia, Vaczy considera que el nuevo directorio empezó a poner las cosas “en orden”.
“Hicimos lo más correcto: dejar a la funcionaria donde estaba anteriormente”, destacó.
“Así de claro”
Para el director Kelland, la denuncia de acoso es “un tango” que debieron haber bailado las autoridades anteriores, del Frente Amplio. En la misma línea que Osta, concede que AFE demostró varias omisiones. De hecho, reconoció que en términos generales AFE está muy atrasada en las políticas de género.
Sobre el caso puntual cuestionó la demora de más de un año para resolver la investigación administrativa. También cuestionó que la Asesoría Jurídica manejara argumentos como que la denunciante podría haber evitado el acoso bloqueando a su jefe de WhatsApp.
Pese a esos defectos en el proceso, sostuvo que había que tomar decisiones y defiende su posición con tono directo. “Así de claro, si lo separábamos a él del cargo teníamos que cerrar la Unidad Gestora de Inmuebles, y es una oficina clave”, dice.
De la junta médica, descarta que se trate de un acto de desconfianza o persecución. Como prueba recuerda que otros tres funcionarios pasarán por lo mismo. Dice que es simplemente un mecanismo para tener un diagnóstico claro de la situación y sugerencias de cómo proceder. “Puede caber una jubilación, por ejemplo”, dice.
Por último, defendió la determinación del retorno de la funcionaria al edificio central, aunque no a su oficina ni a las tareas que desempeñaba antes de denunciar. Para Kelland está claro que las “funciones superiores” que se le habían encomendado ya se cumplieron y que ahora le corresponde volver a desempeñar el cargo “semitécnico” por el que entró.