Directorio de Ancap se quejó ante OPP por restricciones para contratar asesores

Los directores de la empresa manifestaron que esa situación “dificulta” y “sobrecarga” su labor por la cantidad de colaterales que tiene el ente.El Directorio de Ancap resolvió comunicar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) su “preocupación” por las restricciones existentes para contratar profesionales que asesoren la labor de los cinco directores, a partir de los instructivos planteados por el Poder Ejecutivo a comienzo de año.

“La situación dificulta la  labor de los directores sobrecargando la misma al no poder contar con los recursos que le permitan una mejor gestión”, dice una resolución del directorio de Ancap con fecha 22 de setiembre.

Dentro de las directivas dispuestas por la OPP para la elaboración de los presupuestos 2020-2021 de las empresas públicas, se incluyó un exhorto  para que cada director utilice solo el 60% del dinero que dispone por ley para contratar personal de confianza en tareas de asesoría y secretaría, entre otras.

La Ley 17.556 establece que el monto mensual por cada director para ese tipo de contrataciones no puede superar el equivalente a una vez y media la remuneración que recibe un ministro de Estado (unos $ 415 mil a valores actuales).

Luego de intercambiar ideas sobre el tema, todos los directores por unanimidad acordaron plantear lo que entienden “es un problema” al titular de  OPP Isaac Alfie, dijo a El Observador el representante del Frente Amplio en el Directorio de Ancap  Walter Sosa.

Dentro del Directorio hay quienes sostienen que las necesidades de Ancap no son las mismas que las de otras empresas públicas como UTE u OSE, tomando en cuenta a las distintas subsidiarias que integran el grupo (12 actualmente bajo su órbita).


Otra fuente del ente dijo a El Observador que los recortes en gastos “hacen difícil tener a la gente necesaria para trabajar”. También subrayó que existe una diferencia “importante” entre la disponibilidad de recursos humanos que se contaba en directorios anteriores respecto a la actual administración.

Presupuestados en Ancap
En los instructivos dados por la OPP para la elaboración de los presupuestos de las empresas púbicas también se dispuso la eliminación del 100% de las vacantes que existían al 31 de diciembre de 2019 y de dos tercios de las que se generen a partir de esa fecha. Además, se solicitó la disminución de los créditos presupuestales asociados a los cargos a eliminar y sus compensaciones asociadas.

El semanario Búsqueda informó en mayo que desde marzo Ancap pasó a calidad de funcionarios permanentes a más de 70 trabajadores que desempeñaban tareas bajo contratos de "función pública". El presidente del ente Alejandro Stipanicic explicó en esa oportunidad que "Ancap no tiene prohibido el ingreso de personal”, pero sí tiene limitada la cobertura de vacantes.

Stipanicic dijo que en Ancap  para que haya un pasaje a permanente tiene que haber una baja que genere vacante, un concurso externo y el período de prueba. “En el caso de los operadores de refinería y laboratorio, las vacantes son las existentes y las proyectadas en un período pues esos ingresos requieren de un concurso de 10 semanas eliminatorio y luego, en el período de un año antes de la confirmación, deben superar siete concursos más", añadió en la oportunidad. 

Consultado sobre si las resoluciones que dan el carácter de "funcionarios permanentes" eran similares a la que terminaron con la remoción de Guillermo Iglesias como presidente de Antel, Stipanicic dijo desconocer la dinámica de la empresa de telecomunicaciones.

La polémica en Antel
A comienzo de mayo de 2020 el entonces presidente de Antel Guillermo Iglesias resolvió la presupuestación de 857 funcionaros con contrato de función público. Esa decisión le costó el cargo a Iglesias y luego el directorio interino revocó la resolución.

El 19 de mayo, cuando se enteró de la presupuestación, el presidente Luis Lacalle Pou dispuso la renuncia del jerarca y firmó junto al ministro de Industria, Omar Paganini, una resolución observando la medida "por inconveniente" y exhortando a dejarla sin efecto.

El Ejecutivo justificó la necesidad de dar marcha atrás aludiendo a "la situación de elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población derivadas del excesivo gasto público". Si bien los trabajadores abarcados ya eran funcionarios públicos, y la presupuestación no suponía aumento de erogaciones, el cambio de estatus sí implicaba una mayor inamovilidad y el gobierno lo evaluó como "inoportuno" y falto de "sensibilidad" en medio de la crisis generada por la pandemia

Además, las autoridades subrayaron que había una "instrucción muy clara" de austeridad y que el pasaje de contratos a presupuestaciones merecía un estudio "caso a caso" y que no se podía realizar "al barrer".

Diario EL OBSERVADOR -Montevideo - URUGUAY - 08 Octubre 2020