El tren que utilizará UPM no tiene habilitación de la IMM
El gobierno puso el pie en el acelerador este mes para apurar la habilitación ambiental que permitirá poner en marcha la construcción del Ferrocarril Central, imprescindible para la instalación de otra planta de UPM.
Sin embargo, en el camino, el Poder Ejecutivo debe entregar a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) los resultados de un estudio de impacto territorial que analiza la viabilidad e impacto del proyecto del tren que se prevé pueda utilizar la finlandesa en el país. Si bien la expectativa del gobierno es contar con la habilitación ambiental antes del 31 de enero, en la comuna, el intendente Daniel Martínez sigue esperando por los datos.
Integrantes del colectivo "Por el costado de la vía" que rechazan el proyecto del tren dada la proximidad de sus viviendas con las vías férreas, fueron recibidos ayer por jerarcas de la Intendencia. Yanina Borloz y Sonia Gómez, ambas integrantes del movimiento, confirmaron a El País que las autoridades comunales admitieron que aún esperan el estudio de impacto territorial sobre el proyecto ferroviario que fue solicitado en 2017.
Se trata de un informe que elabora una consultora para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y que analiza el potencial impacto del proyecto en lo urbanístico, en el tránsito, en lo ambiental y en lo socio-económico. El director de Planificación de la IMM, Ramón Méndez junto al secretario del intendente, Leonardo Machado, y la directora del Departamento de Desarrollo Urbano, Silvana Pisano, recibieron por casi tres horas a los vecinos. "Es un escándalo", señaló a El País Borloz quien añadió que "las obras no pueden comenzar" sin el permiso territorial.
La ley de ordenamiento territorial establece las condiciones sobre la instalación de emprendimientos de esta naturaleza. Prevé la elaboración de diferentes directrices, de programas y de estrategias regionales. La normativa vigente desde 2008, establece entre otras cosas que "los gobiernos departamentales tendrán la competencia para categorizar el suelo, así como para establecer y aplicar regulaciones territoriales sobre usos, fraccionamientos, urbanización, edificación, demolición, conservación, protección del suelo y policía territorial, en todo el territorio departamental".
Pablo Ligrone, director de la Maestría de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República, señaló a El País que una de las garantías del estudio es que permite evaluar los denominados "costos de oportunidades" del proyecto. Por su parte, el abogado especialista en temas ambientales, Mauricio Fioroni, señaló que el estudio si bien se planifica para cada emprendimiento en particular, es una etapa que no se puede saltear, dado que "obliga a todos a hacer planes planificados para todo aquello que altere el territorio". El País intentó comunicarse sin éxito con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi y con Méndez.
Malestar.
Este martes, vecinos e integrantes de colectivos y organizaciones sociales se manifestaron frente a las oficinas centrales de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) en rechazo al proyecto para el tren que utilizará la segunda planta de UPM. La segunda unidad fabril de la empresa que se instalaría en Pueblo Centenario (Durazno) supone la inversión privada más grande en la historia del país y se espera que pueda generar más de 8.000 puestos de trabajo durante su construcción. El proyecto consta de una planta con una zona franca, un proyecto ferroviario con 273 kilómetros de vías que unirán Paso de los Toros y Montevideo (las obras comenzarán en breve) y una terminal de acopio en el puerto de Montevideo.
Los vecinos que en algunos casos viven a metros de las vías férreas, denuncian que el gobierno ya comenzó los procedimientos de expropiación de los predios por donde pasará el tren sin la habilitación ambiental, al tiempo que ya definieron preparar una denuncia judicial por la cantidad de incumplimientos que se han detectado.
En el gobierno, esperan cerrar cuanto antes las negociaciones con la multinacional, de hecho la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida De León, hizo volver a varios de sus funcionarios de sus vacaciones para apurar la habilitación ambiental. Mientras tanto, el presidente Tabaré Vázquez se prepara para recibir en Montevideo en las proximas semanas al CEO de UPM para anunciar la firma final del contrato con la pastera finlandesa.
Megainversión que no tiene marcha atrás
Es la gran apuesta para el gobierno de Tabaré Vázquez. Y sin el ferrocarril que conecte Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo la megainversión más grande en la historia del Uruguay no será posible. Es que la segunda planta de la empresa finlandesa UPM se instalará en el centro del país, en Durazno. Por eso las autoridades de gobierno han acelerado todos los plazos y accedido a pedidos en negociaciones que no esperaban ceder.
A pesar de esto las autoridades del gobierno del Frente Amplio están convencidas que el proyecto se concretará y la inversión de cerca de unos US$ 4.000 millones no tiene "marcha atrás". Así lo admitió el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, a El País semanas atrás.
"El proceso de instalación de la segunda planta de UPM —y sin que yo tenga ningún conocimiento de decisiones que se toman fuera del país— es irreversible. Tiene que suceder algo muy, muy atravesado para que se revierta un camino que ya empezó hace mucho tiempo", dijo el domingo 13 de enero.
El ministro Rossi aclaró que a Uruguay "no se le va la vida" si no se logra concretar esta inversión y que él está convencido que sí ocurrirá. Por otro lado, el secretario de Estado aclaró que no se deben ver las duras negociaciones como un problema. Esta semana, Rossi dijo a radio Uruguay que aún se espera la habilitación ambiental. "Hemos cumplido los requerimientos y levantado todas las observaciones que la Dirección Nacional de Medio Ambiente nos hizo", apuntó el secretario de Estado a la radio.