Presentaron denuncias ante el Instituto de Derechos Humanos, la Defensoria del Vecino de la Intendencia de Montevideo y analizan recurrir a una acción de amparo

Vecinos afectados por las obras del tren para UPM se oponen a la iniciativa y empiezan acciones judiciales en contra del proyecto
escriben José Peralta y Martín Prato

La instalación de una segunda planta de celulosa en Uruguay por parte de la empresa finlandesa UPM es clave para el gobierno de Tabaré Vázquez. El proyecto cuenta con una serie de requisitos y condiciones previo a su confirmación que incluyen una remodelación de los 270 kilómetros de la vía férrea que van desde Paso de los Toros (Tacuarembó) hasta Montevideo.

Esta remodelación es fundamental para asegurar la salida del producto de la pastera por el puerto de Montevideo. Tiene un costo estimado de US$ 800 millones y el Poder Ejecutivo quiere comenzar las obras en enero del 2019.

Una remodelación de este tamaño implica afectaciones a poblaciones en varios departamentos, con consecuencias directas como la expropiación de sus terrenos e impactos ambientales (ruido, vibraciones, emisión de gases). Según los datos oficiales, hay cerca de 38.000 personas dentro del área de influencia de esta obra.
Desde los organismos estatales entienden que se está haciendo “todo lo posible” para contemplar estas afectaciones y que “se seguirá dialogando” con los vecinos para “mitigar” los posibles efectos de la obra.

Sin embargo, no todos están conformes. Un grupo de vecinos en Montevideo y otros en el interior del país están en desacuerdo con el manejo de la información sobre el proyecto y en cómo se les ha ido comunicando —“en cuentagotas”— las próximas acciones.

A muchos les afecta directamente: viven al costado de la vía hace más de 20 años, están en la incertidumbre de si serán expropiados, o no saben cómo les afectarán los, al menos, 30 trenes diarios de siete cuadras de largo que pasarán por el fondo de su casa a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Hoy la frecuencia es de unos 10 trenes por día a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora.

• Falta información. “Todos los días te enterás de algo nuevo, es desesperante”. Yanina Borloz vive en Sayago, junto con su hermana, Lorena. Su terreno está pegado a la vía del tren que será remodelada. Su madre, Sonia Gómez, vive a media cuadra.
Los vecinos de los barrios afectados están preocupados por lo que dicen fue un mal manejo de la información por parte dei gobierno

Dicen que están “cansadas” de que todos los organismos estatales involucrados en el tema “se pasen la pelota”. Identifican entre los principales al Ministerio de Transporte (MTOP), la estatal de ferrocarriles (AFE), y la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dina-ma).

“No nos oponemos a la remodelación del tren ni a la planta de celulosa. Si este gobierno quiere poner por delante los intereses de una empresa
que al día de hoy no sabemos si nos expropian, si no, tampoco sabemos cómo nos afectarán las nuevas frecuencias del tren”, dijo a Búsqueda Yanina.

La familia integra un colectivo más grande de vecinos denominado Al Costado de la Vía, que incluye vecinos de Sayago, Capurro y Paso Molino, cuya misión principal hoy es “dar a conocer todas las inconsistencias del proyecto” y cómo esto “va a terminar afectando muy seriamente a todos los vecinos”.

Ellas se enteraron de los cambios un día que llegaron agrimensores del Ministerio de Transporte y comenzaron a tomar medidas en su terreno.

Para las vecinas existen varias “generalidades” y “fallas” en el proyecto. Entre ellas mencionan las que refieren al impacto ambiental de la iniciativay que está bajo la órbita de la Dinama.

El organismo clasificó este proyecto ferroviario como categoría C, la cual corresponde a “los proyectos cuya ejecución pueda producir impac-
tos ambientales negativos significativos, se encuentren o no previstas medidas de mitigación”.

En su Informe Ambiental Resumen (IAR), la Dinama analiza el impacto de la iniciativa y sus posibles mitigaciones. La versión final se publicó el martes 20 y ahora está abierto un período denominado Puesta de Manifiesto para que cualquier particular acceda al documento y haga sus descargos.

A las vecinas principalmente les preocupa la contaminación sonora por el ruido de los trenes así como la vibración que generen y que esto afecte las casas. Y afirman que el informe no hace referencia a eso. “Las medidas adoptadas propuestas en la mayoría de las posibles afectaciones, en lugar de soluciones específicas

Ädemás, señalan „„eeidocumento carece ¿etin capítulo denominado conclusiones sobre los principales impactos y cuáles serían las resoluciones a adoptar en cada caso, una exigencia dispuesta en la normativa del IMPO que regula esta documentación.

• Expropiados. Ademar Yeros hace 18 años que vive en Capurro. El fondo de su casa da a las vías del tren. El martes 27 recibió una comunicación de que su casa iba a ser expropiada para este proyecto.

“Estoy entre el estupor y la indignación. Me dan tres días para recurrir esto y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Deberé recurrir a profesionales a esta altura de mi vida”, dijoaBúsqueda, que lie-9ó minutos después de Que recibiera la comunicación.

I-a cercanía a la vía ha °bligado al MTOP a expropiar padrones. De to-dos modos, hay muchos
terrenos que no serán expropiados y seguirán estando a muy pocos metros, corriendo el riesgo de la contaminación de aire, los ruidos y las vibraciones.

No solo en Montevideo se alzan voces discordantes con la forma en que el gobierno ha manejado el proyecto. En varias localidades del interior sucede algo similar. En Sarandí Grande (Florida) un grupo de 1.500 vecinos (la localidad cuenta con 7.000 habitantes) presentó una carta al Ministerio de Transporte y la Dina-ma oponiéndose a que el proyecto pasara por la mitad de su localidad.

Asimismo, vecinos de La Paz, Las Piedras, Cardal, Puntas del Maciel y otras localidades están preocupados y expectantes ante la remodelación de un tren que cambiará su estilo de vida y en muchos casos hasta el lugar físico donde viven, según una nota publicada por El País.

• Denuncias. Así las cosas, los vecinos ya presentaron una batería de recursos y denuncias. Sonia Gómez, abogada de profesión, dijo a Búsqueda que hay varios afectados en otros departamentos que ya iniciaron acciones judiciales recurriendo las expropiaciones.

“Una señora en Sarandí Grande ya está en litigio porque con la expropiación le cortan la salida a cualquier camino, violando el derecho de servidumbre y le transforman el campo en un predio enclavado”, sostuvo.

Explicó que en Montevideo, un grupo de vecinos presentaron una denuncia ante Defensoría del Vecino de la Intendencia porque entienden que hay una vulneración a sus derechos humanos por la forma en que se ha comunicado el proyecto.

El escrito sostiene que hay vecinos que recibieron visitas de funcionarios dei MTOP con menciones a desalojos “sin comunicación formal del tema”, ocasionando “incertidumbre y sensación de desamparo”.

También presentaron una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y evalúan presentar una acción de amparo en el ámbito judicial.

“Creo que una acción de amparo es lo que nos podría unificar a todos como vecinos afectados, no solo los de Sayago o
se oponen a la iniciativa e inician acciones..

Capurro sino todos lo que entramos dentro de la zona de influencia del proyecto”, dijo Gómez.

Esa área de influencia directa fue delimitada por la Dinama en un kilómetro desde el eje de la vía, lo que representa una extensión aproximada de 560 kilómetros en todo el tramo.

• Habilitar o no. “La competencia de la Dinama no es habilitar o no un proyecto. Somos un organismo que evalúa ambientalmente a un público o un privado. Yo no me voy a parar a defender el proyecto”, dijo a Búsqueda el director de ese organismo, Alejandro Nano.

En el caso de este proyecto, sostuvo, la Dinama dispuso un procedimiento más exhaustivo para visualizar los problemas que la construcción y la operación del proyecto provocarán en los vecinos.

Nario explicó que se va “de menos a más” y que tras dialogar con intendencias y referentes locales ahora se recibirán las dudas y cuestio-namientos de todos los particulares que revisen el IAR.

Desde Al Costado de la Vía se quejan de no haber sido incluidos dentro de esos diálogos con referentes barriales y de que sus dudas, planteadas el 8 de noviembre en una reunión con Maño \/ con el ministro de Tvans porte, Víctor Rossi, no fueron respondidas en el IAR.

Según Nario, eso sucedió porque cuando se realizó la instancia con el Municipio C (que abarca los barrios de Sayago y Capurro), ellos “no estaban configurados como referentes locales”.

“Ellos todavía no existían organizadamente; por eso no los invitamos”, señaló.

• Cercanía. Nario dijo que no hay una normativa que determine a qué distancia deben estar las vías de un tren de la población urbana. Sin embargo, para el jerarca “el gran tema” es que no se propuso hacer un trazado nuevo sino adecuar el ya existente.

“No tengas duda de que si fueras a hacer un trazado nuevo, por razones diversas, se expropiaría mucho más. Pero esto es una adecuación de una vía ya existente. ¿Sería lo ideal que estuviesen a 150 metros? En teoría, pero yo me enfrento a evaluar io que hay ahora”, afirmó.

Mario sostuvo que la Dmama realizó mediciones predictlvas de vibraciones \j ruido durante los 2.7 Q ton «que recorrerá e\ tren, através de cátcutos

matemáticos, a partir de los tipos de suelo que recorra el ferrocarril. En algunos puntos creen que la vibración y el sonido serán mayores a los sugeridos, por io que ya recomendaron utilizar medidas para mitigar esos efectos

En caso de que alguno “se escape” y se visualice cuando el tren ya esté funcionando, se informará y se actuará. “Todo modelo puede tener errores. A pesar de la modelación, si después sobrepasa, podés mitigar en algunos lugares. Hay dudas que no podés saldar. No vamos a hacer una inversión que quizás no sea necesaria”, aseguró.

Dijo que no tiene claro si en Sayago o Capurro ya se habían dispuesto medidas de mitigación, pero aseguró que si el tren de UPM sobrepasa los valores establecidos de ruido, vibraciones o emisiones al aire “se tomarán medidas” posfuncionamiento para revertir la situación.

Semanario Busqueda - Montevideo - URUGUAY - 29 noviembre 2018