Redoblando la apuesta

Jorge Balseiro Savio

Más de un comentario hemos tenido desde su firma en noviembre pasado, del contrato de inversión que la República firmara con la empresa UPM. Primero señalar que estamos ante un contrato de inversión que en el instante mismo de la firma fue publicado en el sitio web de la Presidencia de la República, allí sigue a disposición de cualquier ciudadano, y a pocos días de su firma los ministros con competencias en el tema concurrieron al Parlamento y atendieron todos los planteos de los Legisladores, como corresponde en una República. En resumen un tema más que generosamente difundido.

Cabe así entender la lógica del contrato de inversión. Una empresa presenta un proyecto de inversión cuya viabilidad requiere condiciones de infraestructura que hoy no son acordes. El gobierno uruguayo es el que decide soberanamente ajustar su plan de inversiones –recordemos más de 10.000 millones de dólares planteados mucho antes que llegara esta propuesta- para asegurar que el proyecto pueda concretarse. Y no lo hace con un extraño, lo hace con una empresa que ha confiado en Uruguay desde hace más de un cuarto de siglo, y recordemos, cuando anunció una inversión, primero por un período declaró que la estaba estudiando, y cuando las condiciones estuvieron dadas, a los dos meses fuimos testigos como en Fray Bentos se movilizaba el primer equipo de técnicos y maquinarias. Empresa que redobla la confianza, ya que se propone reinvertir en Uruguay lo que fueron sus resultados.

Se insiste con que Uruguay debe hacer una serie de inversiones antes que la empresa decida. Si se lee el contrato se ve que a partir del 31 de marzo de 2019 la empresa estaría en condiciones de decidir la inversión. ¡O sea en apenas seis meses! ¿Alguien cree que toda la infraestructura va a estar en seis meses cuando aun cumpliendo todas las etapas pautadas no se ha iniciado ninguna obra? Es más que claro que el contrato lo que señala es que debe haber pasos hacia la infraestructura, pero de ningún modo requiere la infraestructura completada para que la empresa pueda decidir.

Y vaya que la infraestructura que hay que hacer no son más que planes que hemos visto postergados por décadas y que han sido demandados por todo el sector productivo: el ferrocarril, las carreteras, los accesos a Montevideo, el dragado, todas cosas que no debería haberse necesitado que viniera una empresa para que se hubieran hecho.

Por otra parte asegurar un caudal mínimo en el río Negro, es decir terminar con la política de manejo de las represas bloqueando las mismas de tanto en tanto y provocando desastres ambientales como vimos meses atrás con una masiva mortandad de peces en Palmar es algo que pueda continuarse. No debería haber sido necesario que viniera una empresa a recordarnos que no es buena idea cortar el agua de las represas a cal y canto.

Ni que decir que el contrato tampoco habla de cambios de programas educativos, apenas señala algo tan elemental como que la formación técnica esté disponible para las comunidades locales, de manera que sea la gente local la que mejor aproveche las oportunidades laborales, y tampoco es necesario que la empresa lo señale.

Y menos aún el contrato habla de leyes a dictarse, habla de acuerdos laborales tripartitos, trabajadores, gobiernos y empresas que el gobierno a su discreción podrá reflejarlo en acuerdos o en normas jurídicas que el ejecutivo y eventualmente legislativo definan.

Se llega a hablar que la empresa no pagará por el agua como le pagamos todos a OSE. Vale decir que por el agua de OSE se paga bombeo, químicos, instalaciones, salarios, etc. Por el agua cruda de ríos o arroyos en Uruguay nadie paga, ningún productor agropecuario paga. Si algún día el país decide que esa agua se ha de cobrar, pagarán todos, empresa incluida. Y ni que decir que el contrato no menciona al acuífero guaraní, no accesible en la zona. Está claro que la empresa tomará agua del río a su costo y la tratará a su costo. En la obra hasta tanto no tenga instalaciones se autoriza como a cualquier productor agropecuario a hacer perforaciones.

Respecto al ferrocarril, se habla de recuperar la centenaria vía existente entre Montevideo y Paso de los Toros a un estándar razonable. Lo menos que se puede pedir, algo que el país ha reclamado por décadas. Lógico empezar por la columna vertebral del sistema ferroviario en el centro del país y de allí como fue históricamente la comunicación hacia el norte del río Negro, citamos aquí algunos párrafos del citado contrato:

“3.3.10.4 ROU habilitará a operadores privados y públicos de licencias a largo plazo con un plazo inicial mínimo de 20 (veinte) años,”

“3.3.10.1 f)…los requisitos técnicos mínimos para el material rodante para todos los usuarios de la Vía Férrea (servicios comerciales y de pasajeros),”

Hay más detalles en el llamado a licitación del Ferrocarril Central, se trata de comenzar la rehabilitación del ferrocarril que ahora tiene una carga que lo viabiliza. Más de cuatro millones de toneladas de capacidad de las cuales dos millones quedan a disposición de todo el sector productivo, sumado a una extensión de la doble vía hasta Progreso que permitirá ampliar el tráfico suburbano de pasajeros. Y con la garantía de un operador que si no cumple deberá pagar multa como debería pasar en cualquier servicio moderno.

De eso se trata, pasaron más de diez años desde cuando se pronosticaron toda suerte de catástrofes, tanto en lo ambiental como en lo económico. No solo que los pronósticos resultaron errados sino que todos los sectores productivos crecieron, creció el país con los países vecinos en recesión y dentro del país los mayores índices de desarrollo se alcanzaron en departamentos que cuentan con plantas de celulosa. Hoy tenemos la oportunidad de redoblar la apuesta hacia la zona de menor desarrollo relativo del país, otrora emporio ferroviario. Los mismos que se equivocaron ahora invocan otras catástrofes. Confiamos que el tiempo volverá a dar la razón a quienes apuestan por el progreso.

UY-PRESS - URUGUAY. 17 setiembre 2018