A expensas del bolsillo popular
Cuando un gobierno responsable sufre apremios financieros recorta el gasto público como primera medida, para evitar o atenuar ajustes directos a la población. La administración Vázquez ha vuelto a hacer lo contrario con los ingresos de UTE. El ente energético acumuló ganancias por US$ 485 millones en los primeros nueve meses de este año, por combinación de ser la empresa pública mejor gestionada y el abaratamiento de la generación por auge de la energía eólica y abundante producción hidroeléctrica. La ineludible preocupación de un gobierno por el bienestar de la población debió traducirse en aprovechar ese superávit para bajar las tarifas de electricidad, que todos consumen pero por las que pagan los precios más altos de la región. Pero no habría de ser, por dobles desvíos oficiales.
Desde hace tiempo el Ministerio de Economía le impone a las empresas estatales, mayoritariamente a UTE, volcar ingresos a la bolsa gubernamental para ayudarlo a evitar que se dispare el déficit fiscal.
Se ha comprometido a bajarlo al 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del actual 3,6%, nivel que pone en riesgo mantener el grado inversor. La meta de reducción es altamente improbable, ya que aún con los aportes de las empresas públicas el déficit persiste alto, después de haber estado en un manejable 1% del PIB años atrás. Esta situación indeseable es consecuencia directa de gastar en exceso en épocas de bonanza o incluso sin bonanza, peligrosa tendencia de los tres gobiernos del Frente Amplio.
Como si la extracción ministerial fuera poco, el Poder Ejecutivo acaba de enviar al Parlamento un proyecto de ley autorizándolo a echar mano de las ganancias de UTE también para financiar parcialmente las obras de infraestructura a que está comprometido, como condición de hierro para que UPM eventualmente instale en Uruguay una nueva planta de pasta de celulosa. Estas obras exigen una inversión de unos US$ 1.000 millones, que el gobierno espera asegurar en gran parte de capitales privados bajo licitaciones que se abrirán este mes. Pero su éxito aún está por verse, ya que dependerá de que se ofrezcan redituables condiciones atrayentes a los inversores.
La situación es consecuencia del mal manejo de los recursos fiscales, especialmente bajo la administración Mujica. Despilfarró los cuantiosos ingresos de una década de bonanza exportadora, a lo que se agregan gastos notoriamente injustificados en áreas que, como la educación y la salud, siguen a los tumbos y sin visos de mejoramiento. Alguien tiene que pagar los errores oficiales. Como el gobierno es incapaz de corregirlos en forma genuina, echa mano al fácil recurso expeditivo de ajustarle el cinturón a los consumidores, tanto al sector productivo como a los hogares, con impuestos directos o indirectos a través de las tarifas de servicios públicos.
El resultado empobrece a todos los que pagan precios exorbitantes por la electricidad, los combustibles y otros servicios, que el Estado maneja a su antojo al no existir competencia con otros proveedores independientes. El caso de UTE es emblemático. Ya en octubre de 2015 su presidente anunció rebaja de tarifas, pero el gobierno lo dejó en blanco al decidir aumentarlas. Ahora ya ni se habla de rebajas, excepto por algunas promesas vagas del Ministerio de Energía para un impreciso futuro. Entre tanto, el sufrido bolsillo popular paga lo que los últimos tres gobiernos no han sabido hacer.
Diairio EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 13 noviembre 2017