Senador Garín dijo que la Ley de Riego beneficia unidades productivas familiares
La ley asegura mejoras en la producción agropecuaria para el productor y significa más sustentabilidad económica para las unidades de producción agropecuaria.
El senador Ing. Agr. Daniel Garín del Movimiento de Participación Popular (MPP-FA) defendió la Ley de Riego aprobada este mes en el Parlamento. Valoró que con ella se verá favorecida la producción beneficiando también a las unidades de producción pequeñas y familiares. Además “podemos decir con 99 % de certeza que no hay ninguna amenaza de inconstitucionalidad”, aseguró.
Primero la Cámara de Senadores y luego Diputados aprobaron la Ley de Riego para Uso Agrario, la que ha sido definida por legisladores del gobierno como de la oposición como revolucionaria, aunque se han levantado voces contrarias con el fin de frenar su aplicación con argumentaciones medioambientales y de inconstitucionalidad, extremos que la mayoría del Parlamento rechaza.
La citada ley impulsa el riego artificial multipredial y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) Ing. Agr. Tabaré Aguerre ha sido un importante impulsor. En la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados el proyecto encontró fuerte defensa aún de los legisladores del Partido Nacional. El único partido que no la voto fue Unidad Popular (diputado Eduardo Rubio).
El senador Daniel Garín dijo a radio Oriental que el “objetivo principal” de la ley es “expandir el riego”.
“La Dirección Nacional de Aguas, del Ministerio de Vivienda, estima que cerca del 40 % del agua que precipita en nuestro país escurre por la superficie con relativamente poco uso. El agua, un recurso natural que desde el fondo de la historia ha sido un generador de riqueza y de instalación de sociedades civilizadas, hoy en Uruguay tiene un potencial de uso hacia el que se pretende avanzar con este objetivo general, que ya estaba en la ley de riego del año 97, que es expandir el riego de manera de utilizarlo sin afectar los recursos naturales ni afectar a terceros”, explicó el legislador.
Agregó que “los eventos de variación del clima, lo que se engloba en el cambio climático, hacen a la presencia con frecuencia de eventos extremos del clima, por ejemplo precipitaciones”, ante ello “la incorporación de obras de infraestructura como son los embalses de agua va a permitir captar esa agua que muchas veces es motivo de inundaciones en cuencas bajas, y que esa expansión de obras civiles para embalsar agua seguramente va a estar contribuyendo a captar parte de esa agua, que una vez que esté captada podrá ser utilizada con diferentes finalidades”.
La “principal” finalidad será el riego “pero también puede llegar a regular los cursos de los ríos y de los arroyos para mitigar efectos de inundaciones”, además en base de esa regulación “fomentar la disponibilidad de esa agua para riego” que causaría “mejoras en la producción”.
“Recordemos que mejoras de la producción agropecuaria para el productor significan mayores ingresos, más sustentabilidad económica para esas unidades de producción agropecuaria, y en muchas ocasiones significan sustentabilidad social en los territorios, por cuanto las unidades de producción pueden permanecer y la gente puede permanecer en el territorio rural”, razonó el senador.
El proyecto “tiene una visión de producción”, reconoció en función de quienes critican precisamente el fin “productivista”. “Estamos diciendo usar el agua para aumentar la producción no hay duda de que tiene un enfoque de aumentar la producción”, añadió.
Pero discrepó con que “no tenga impacto social” como afirman los críticos de la ley que olvidan “un efecto concreto” de la misma: “aumentar la producción para las unidades de producción pequeñas y las familiares significa darles sustentabilidad a la unidad de producción y a la familia que vive en el territorio rural”.
“Los impactos ambientales pueden llegar a ser motivo de debatir un poquito más en detalle, pero entrando en aspectos técnicos que algunas veces se han estado eludiendo, no necesariamente embalse de agua significa daño ambiental, sin perjuicio de que cualquier actividad humana genera un impacto en el ambiente”, mencionó.
ASOCIACIONES DE RIEGO.
La Ley aprobada reforma las asociaciones de riego. La asociación de productores para invertir en riego estaba prevista en la ley anterior (N° 16.858, del año 1997) con las denominadas “sociedades agrarias de riego”.
Preguntado al respecto el senador Garín recordó que “la forma que se dio aquella ley fue crear las sociedades agrarias de riego. Los productores tenían que asociarse para conseguir los permisos de agua y a partir de esos permisos proceder a la implementación del riego. Esas sociedades agrarias de riego fueron una limitante en su momento identificada especialmente por el MGAP en el sentido de que era una estructura asociativa cerrada, poco laxa frente a las necesidades de los cambios que tiene nuestro clima, en que algunos años llueve más, llueve menos, y que llueva más o llueva menos significa que hay actores que algunas veces precisan riego y otras veces no. La sociedad agraria no permitía que otros productores pudieran utilizarlas en años puntuales”.
“La asociación agraria de riego, que es una innovación, es una incorporación de la modificativa de la ley de riego del año 2017, permite esta estructura asociativa más abierta en la que los productores rurales pueden formar parte de la asociación que tiene el permiso para utilizar el agua, y lo pueden hacer en muchas ocasiones de modo parcial a lo largo del tiempo en que tienen concedido el permiso. Es más, en algunos casos se podrá permitir que alguien que está cerca del sistema de riego entre un año puntualmente porque tiene condiciones de hacer un cultivo y regarlo” abundó el senador del MPP.
“En síntesis, es una modalidad asociativa más abierta, que da más oportunidades a muchos productores de entrar puntualmente cada año a aspirar a esa agua para riego”.
LA LEY NO ES INCONSTITUCIONAL.
Los opositores de la ley entienden que se viola la reforma constitución de 2004, pero para Garín se “adapta” a esa reforma y “contempla” sus disposiciones. “Se ha buscado incorporar instrumentos legales que contemplen las nuevas exigencias constitucionales y legales”, dijo.
Por otra parte en declaraciones a radio Uruguay el legislador aseguró que la ley no es inconstitucional.
“Podemos decir con 99 % de certeza que no hay ninguna amenaza de inconstitucionalidad”, aseguró.
Añadió que en la elaboración del texto hubo asesoramiento legal por lo cual no hay “ninguna duda de que no hay inconstitucionalidad”, ya que además están protegidos los derechos de todos los afectados por la norma.
“No hay una privatización del agua” ya que los productores interesados deben presentar un proyecto que para su concreción debe contar con la aprobación del Estado, explicó.
Además “se han tomado recaudos” para cuidar la preservación de los suelos y la cuenca hídrica, recordando que una condición fundamental para la aprobación de los proyectos será “que haya un buen plan de manejo del agua y del suelo”.