Mónica Ageitos - Gerenta Ejecutiva del Centro de Navegación
“Es difícil imaginar el sistema político y judicial contra el sindicato portuario”
Semanas después de que el Parlamento decidiera una nueva prórroga de la entrada vigencia del artículo 116 de la Rendición de Cuentas, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) tomó medidas, como las de cortar el acceso al puerto de Montevideo, y acusó a los legisladores de cómplices de los empresarios, en el marco del reclamo para que dicho artículo deje de ser pospuesto. Asimismo, denunciaron un enfriamiento en las negociaciones de los Consejos de Salarios.
El artículo 116, conocido como de los “13 jornales”, es el que aseguraría su pago (aunque estos no sean efectivamente trabajados) a todos los trabajadores portuarios eventuales. Tras los nuevos reclamos, El Observador dialogó con la gerenta ejecutiva del Centro de Navegación (Cennave), Mónica Ageitos, quien rechazó categóricamente las afirmaciones del sindicato.
¿Qué opina de las movilizaciones del Supra, donde vuelve a aparecer el artículo 116 y se reclama por Consejos de Salarios?
Hemos escuchado que las movilizaciones realizadas por el Supra en los últimos días tienen su razón en un presunto enfriamiento de las negociaciones en el Consejo de Salarios. Nos permitimos aclarar que de ninguna forma es aceptable esta afirmación. Por ejemplo, el subgrupo de agencias marítimas alcanzó ya un nuevo laudo y, en lo que refiere a los otros dos subgrupos, entendemos, si bien hay matices, que se está yendo por el camino correcto del intercambio de posiciones, siguiendo los lineamientos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no entendemos que se afirme que hay una pérdida salarial. Los tres subgrupos comenzaron esta ronda de negociaciones en octubre del año pasado, puesto que existió un acta de acuerdo firmada por el Ministerio de Trabajo, el presidente del Supra, Ricardo Suárez, y el presidente del Cennave, Alejandro González, en la que las tres partes estaban de acuerdo en ser convocados luego del 30 de setiembre. Es importante aclarar esto, de la misma manera que decimos que no es aceptable, bajo ningún concepto, que se afirme que los puertos es tierra de nadie y que no existe una base de regulación. Eso es falso y alcanza con estudiar la ley de puertos y sus decretos reglamentarios, máxime si se es funcionario de la Administración Nacional de Puertos.
¿Y por qué se vuelve al 116?
El Parlamento nacional se ha permitido aprobar una nueva prórroga de la puesta en vigencia del artículo 116 de la Rendición de Cuentas, que acaba de ser promulgada por el presidente de la República. Según nos han manifestado, esta decisión fue tomada por algunas razones; una de ellas, la necesidad de mayor tiempo para analizar la situación, el contexto desde el punto de vista comercial y la afectación de los puertos del país. Otra, el haber comparado la realidad salarial de los trabajadores portuarios con la de otras actividades del país. En suma, se ha visto la inconveniencia de establecer un antecedente sobre una actividad específica, dejando la puerta abierta para que todo trabajador zafral de Uruguay exija el mismo tratamiento. Pero no hay que olvidar el origen de este tema, que era la cobertura mutual, que está consagrada hace tiempo. Quiero ser clara en este punto. El sindicato reclamaba que los trabajadores que no cumplían 13 jornales y no ganaban más de 1,25 bases de prestaciones y contribuciones (un grupo reducido), no obtenían el beneficio de la cobertura mutual. Lo que ocurría es que ese trabajador cumplía tareas en más de una empresa, pero el BPS no podía sumar los jornales para otorgarle el beneficio. Aun cuando la empresa y el trabajador aportaban para ello. Para otorgar una de las prórrogas del artículo 116 se les obligó a las empresas a pagar el aporte mutual sin importar cuántos jornales trabajaran. Este fue un costo aceptado por los empresarios. Sin embargo, lo que pasa hoy es que el empresario paga y el trabajador sigue sin tener cobertura porque el BPS no cambió su sistema. O sea, el aporte está en las arcas del BPS. Pero ahora se está exigiendo que se pague la cobertura también por el mes siguiente a su actividad si ese mes no hay trabajo en la empresa. Y ¿qué va a pasar? Que la empresa va a seguir aportando al BPS y el trabajador no tendrá ningún beneficio porque el sistema sigue siendo el mismo. Entonces, parecería que al Supra le importa más conseguir pequeñas victorias, vacías de contenido pero que suenan muy bien, que beneficiar realmente a los trabajadores. Lo único que han logrado es que las empresas tengan más costos y el trabajador siga sin usufructuar el legítimo derecho.
Suárez ha afirmado que han existido presiones, falta de palabra y complicidad entre el sector privado y el poder político. ¿Cuál es su visión?
Entendemos se trata de una afirmación peligrosa. Si uno busca el significado de “cómplice” en la Real Academia Española se encuentra con dos definiciones, pero cuando se afirma que esa complicidad genera sospechas y suspicacias, solo es aplicable la siguiente definición: “Participante o asociado a crimen o culpa imputable a dos o más personas”. Para el Cennave esta afirmación es inaceptable e imaginamos que también para los diputados y senadores. Si siguiéramos la misma línea de pensamiento del presidente del Supra podríamos sostener que cuando el Aditivo 28 (actual artículo 116) fue presentado a las 11 de la noche el mismo día de la votación de la Rendición de Cuentas 2017 en Diputados, pudo haber existido complicidad; y esto no fue así. Creo que, a esta altura, a la cúpula del Supra le vendría bien tener un nivel más alto de autocrítica. Han sido precursores de un decreto que fue anulado por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Han ingresado un artículo a una Rendición de Cuentas que no está vigente porque todo el sistema político entendió que era un desastre para la actividad. Es difícil imaginar que el sistema judicial y político están en contra del Supra. Es más lógico pensar que lo que pretende el sindicato es tan disparatado como pretender que las actividades zafrales trabajen siempre con empleados efectivos y que las empresas paguen sueldos a funcionarios que no trabajan. Con la responsabilidad que los cargos y las instituciones merecen, estar siempre señalando que el sector patronal es un llorón y siempre el malo de la película, es por lo pronto, un poco pasado de moda. En especial cuando existe una muy correcta relación entre las empresas y sus sindicatos de base, que es la corriente privada del sindicato.