cuidado trenes ElPaisVecinos denunciarán al gobierno por "tren de UPM"

Más de setenta vecinos molestos con el gobierno por el proyecto para el tren que utilizará UPM y preocupados por su eventual impacto, dada la cercanía de las vías férreas con sus viviendas, presentarán una acción judicial contra el Estado porque creen que el proyecto vulnera sus derechos y no les garantiza las mínimas medidas de seguridad.

Sonia Gómez, una de las vecinas de Sayago, que vive a media cuadra de las vías férreas, señaló a El País que aprobaron presentar una denuncia ante la Justicia pero que aún no está definido el tipo de recurso. Podría ser una medida precautoria o un llamado a responsabilidad al Estado.

 

La segunda planta de celulosa de la empresa que se instalaría en Pueblo Centenario (Durazno) supone la inversión privada más grande en la historia del país y se espera que pueda generar más de 8.000 puestos de trabajo. El proyecto consta de una planta con una zona franca, un proyecto ferroviario con 273 kilómetros de vías férreas que unirán Paso de los Toros y Montevideo (las obras comenzarán en enero) y una terminal de acopio en el puerto de Montevideo.

Al reclamo de vecinos de Montevideo, Canelones, Florida, Durazno y Tacuarembó afectados por las vías férreas se suman varios colectivos, entre ellos "Por el costado de la vía", el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus) y UPM 2 No. Este jueves los vecinos se reunieron por espacio de cuatro horas en el Club Fénix en Capurro. Allí, además de criticar el proyecto del Ferrocarril Central también hubo consenso en llevar el caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Indhh).

Yanina Borloz, integrante de "Por el costado de la vía", que vive a 8 metros de la vía, dijo a El País que todo el proceso del proyecto está plagado de incumplimientos. Por ejemplo, dijo que "se toman decisiones sobre distancias de las vías con respecto a las viviendas basadas en criterios caprichosos". Explicó que al no existir una normativa nacional sobre seguridad que establezca las distancias entre las vías y las viviendas, el gobierno utiliza como mínimo una distancia de 3 metros y medio a 10 en la zona urbana y en la rural se basa en el Código Rural.

Por otro lado, Borloz, señaló que también denunciarán que ni la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ni el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) realizaron estudios estructurales en las viviendas por la afectación de las vibraciones producidas por el paso del tren que realizará el recorrido unas siete veces por día. Además, los vecinos cuestionan el grado de afectación sonora. "Se dice que no se puede prever y por otro lado cuando se plantean cuestiones de calidad de vida, seguridad, se plantea la preocupación porque queda en manos de las empresas", puntualizó Borloz. También cuestionó los antecedentes de la empresa española Sacyr, que integra el consorcio al que se adjudicaron las obras en las vías férreas.

También denuncian la falta de acceso a la información pública y la casi nula participación ciudadana en los proyectos. Y reclaman al gobierno la realización de estudios ambientales que evalúen los eventuales "impactos negativos" de la construcción y operación de los trenes que trasladarán celulosa y químicos.

A fines de diciembre, el gobierno realizó dos audiencias públicas con los vecinos, una en Montevideo y otra en Florida, en las que los asistentes manifestaron su rechazo a las autoridades de los ministerios de Transporte y Obras Pública y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por la proximidad de sus viviendas a las vías férreas por donde pasará el tren. El propio ministro Víctor Rossi fue increpado por vecinos por lo que consideran faltas de garantías y de respuestas por el proyecto.

Impacto.
El proyecto también genera incertidumbre en el propio gobierno sobre los potenciales riesgos de la obra para la población. Según un informe técnico de la empresa consultora Estudio Ingeniería Ambiental que contrató UPM, al que accedió El País, durante la fase de construcción de la planta en Pueblo Centenario, "el impacto de afectación por aumento del nivel de inmisión sonora se concentrará en horario diurno principalmente en las horas pico de transporte de personal y materiales". Esta situación ocurrirá sobre todo en "las cercanías a la ruta 5 y camino de acceso, por donde transitarán los vehículos". La empresa ya informó que se planteará a las autoridades que se establezca una disminución en la velocidad de los automóviles que transiten por la vía. "Como medidas de mitigación para atenuar el efecto del ruido de tránsito, se plantea que se limite la velocidad de circulación de los vehículos a 45 km/h en zonas pobladas" de la misma ruta, señaló la empresa.

El proyecto ferroviario impactará en raid y ferias
El tren de UPM impactará en una policlínica y en la feria de Las Piedras, en el único sanatorio de Canelones, en el raid hípico de Sarandí Grande en Florida, en puestos callejeros en Paso Molino en Montevideo y en asentamientos irregulares ubicados al costado de las vías férreas. De acuerdo a un pedido de información complementaria que realizó la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) al MTOP, se admite que el tren producirá cierto grado de afectación sonora por ruidos y vibraciones. El trazado de la vía supone también la afectación de las actividades del conocido centro de deportes, Montevideo Rowing Club. La empresa LKSur respondió que ya se están gestionando "alternativas de relocalización" de las actividades que se realizan en el predio del Montevideo Rowing Club, una institución en la que funciona una academia de tenis y en la que se realizan varias actividades deportivas como remo, fútbol, básquet, aparatos, judo y gimnasia, entre otros deportes.

"La Dinama muestra que no es independiente"
Para Borloz, la Dinama no es independiente. "Hay una sensación de desamparo en un estado que es democrático y republicano. La Dinama está mostrando que no es independiente", señaló la vecina e integrante del grupo, "Por el costado de la vía".

Se prevé que los trenes puedan ir de una ciudad a otra en no más de seis horas (hoy el trayecto insume más de diez). Las vías deberán tener la capacidad de soportar trenes que lleguen a una velocidad de 80 kilómetros por hora aunque el promedio será de 50 kilómetros por hora. Los ferrocarriles tienen que poder transportar hasta 22 toneladas por eje. Concretamente se reforzarán los puentes grandes y medianos (arroyo Canelón Grande, río Santa Lucía, arroyo Pintado, río Yí arroyo Villasboas y río Negro). Los puentes pequeños se pueden construir nuevos, señala la presentación. La planta de celulosa tendrá una capacidad de producción de 2 millones de toneladas anuales y será más grande que las dos existentes en Uruguay. Se requerirá la expropiación de 225 padrones. La planta, en caso de construirse, demandará al menos dos años de obras, por lo que no se inaugurará durante el actual período de gobierno. El gobierno elaboró un informe que señala que la inversión de UPM incrementará en un escenario promedio las exportaciones anuales del país en US$ 1.155 millones —que se pueden traducir en una recaudación adicional para el Estado de US$ 120 millones— y generará cuando esté en construcción unos 8.000 puestos de trabajo estables directos e indirectos. Las exportaciones anuales oscilarían entre US$ 1.000 millones y US$ 1.380 millones y el promedio sería de US$ 1.155 millones.

Advierten por los productos químicos
Una de las dudas que tienen los vecinos que se oponen al denominado "tren de la UPM" se vincula a los productos químicos que transportará por las vías férreas la empresa finlandesa. Raúl Viñas, uno de los activistas que se opone a las obras, dijo a El País que tienen entendido que se trataría de soda caústica y ácido sulfúrico aunque Jorge Setelich, subsecretario de Transporte y Obras Públicas dijo desconocer qué productos serán trasladados cuando se le preguntó sobre el tema en una de las audiencias públicas. Los trenes "de UPM" tendrán siete frecuencias diarias de las cuales en 6 se transportará celulosa y en la restante los productos químicos que se utilizarían en la terminal de acopio que la empresa finlandesa pretende explotar por 50 años en el puerto montevideano y en la nueva planta que se construiría cerca de Centenario, Durazno. Está previsto que haya en la terminal tanques que sumarán una capacidad de nueve millones de litros. Además, el trasiego de productos químicos se realizaría en algunos puntos de la ciudad como las inmediaciones de la estación Yatay donde no es fácil el acceso de los bomberos en caso de necesidad, sostuvo Viñas.

Según Viñas, si hubiese algún tipo de accidente con estos productos, en, por ejemplo, Sarandí Grande, los bomberos especializados en lidiar con estas sustancias peligrosas más cercanos serían los del Cuartel Centenario, en Montevideo, a unas 2 horas de viaje. Agregó que si bien es cierto que empresas como Efice (soda cáustica) o Isusa (ácido sulfúrico) transportan estos productos lo hacen en volúmenes muy inferiores a los que manejaría UPM. "Alcanza con un accidente para que el resultado pueda ser desastroso", advirtió Viñas.

De acuerdo con Viñas, este aspecto no ha sido analizado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, según su director, Alejandro Nario. Agregó que la carga de UPM tendrá prioridad en las vías por sobre cualquier otra y que los trenes tendrán ocho cuadras de largo. "En los hechos es el "tren de UPM" y lo vamos a pagar US$1.200 millones", se quejó el activista. También criticó que la concesión de la terminal de celulosa tenga un plazo de 50 años que entiende excesivo. Recordó que el plazo de concesión de otras áreas, como la terminal de contenedores que explota la compañía belga Katoen Natie es de 30 años.

Diario EL PAIS - Montevideo - URUGUAY - 12 enero 2019