banco central del uruOtra vez se “protestan” las cifras oficiales y opina el FMI

Toda economía nacional tiene sus luces y sus sombras. Sin dudas esto ocurre con la uruguaya, gran tomadora de decisiones internacionales, sometida a las turbulencias globales (entre las que se destaca la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China que lleva incertidumbre a los mercados, y la suba de la tasa de referencia de la Reserva Federal, entre otros fenómenos de gran magnitud), y particularmente a los problemas regionales, donde las economías de Argentina y Brasil (nuestros cuarto y segundo socios comerciales, respectivamente, pero con una influencia muy superior al mero intercambio económico de bienes y servicios) están sufriendo grandes crisis y transformaciones que, lamentablemente, no auguran buenas consecuencias para nuestro interés.

 

Por Carlos Luppi
La economía uruguaya, como todas, tiene sus fortalezas y debilidades.

Pero en Uruguay nunca se cuestionaron las cifras que son registradas mediante el uso de manuales aprobados internacionalmente. Se las evalúa e interpreta todo lo que la población, o los especialistas, o la Academia, o los grupos de presión o los simples ciudadanos quieran.

No se debería “desmerecerlas”, como ha ocurrido con los últimos registros del déficit fiscal (episodio ampliamente comentado en Caras y Caretas, el único medio que se refirió a este “fenómeno informativo”), y ahora con la evolución del Producto Interno Bruto.

Según el Informe Trimestral de Cuentas Nacionales/Julio – Setiembre 2018, publicado oficialmente por el Banco Central del Uruguay (BCU), “en el tercer trimestre del año 2018, la actividad de la economía uruguaya creció 2,1% en términos interanuales. El Producto Interno Bruto (PIB) medido en términos desestacionalizados se mantuvo en los mismos guarismos del período inmediato anterior”.

Agregamos, simplemente revisitando las series del mismo BCU publicadas en su página web, que la economía del Uruguay se apresta a culminar su año número 15 de crecimiento ininterrumpido, instancia única en la historia de nuestro país, circunstancia que, cualquiera sea la ideología o militancia, debe alegrarnos, porque significa que nuestras posibilidades de vivir mejor han aumentado en tiempos de zozobra global.

Señalamos también que, por efecto de arrastre, y teniendo en cuenta las cifras que divulgó el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García, es muy posible que el “efecto UPM” eleve el crecimiento de Uruguay, que se estima será de 2,5% del PIB en este año, a entre 3% y 3,8 % en 2019.

El FMI, en su informe Perspectivas Económicas/Las Américas: Una recuperación despareja, de octubre de 2018 (el último disponible), estima el crecimiento de América Latina y el Caribe en 1,2% en 2018 y 2,2% en 2019 respectivamente; en tanto que Argentina caerá -2,7% y -1,6%; y Brasil crecerá 1,4% y 2,4% en dichos años.

Uruguay, según este informe del FMI, crecerá 2% del PIB en 2018 y 3,2% en 2019. Como veremos, la declaración del Artículo IV opinó otra cosa.

Quienes vivieron las grandes crisis como la de 1968, 1971, 1973, 1982, 1987, 1989–1990, 1998 y 2002 (particularmente las megacrisis de 1982 y 2002), no desean vivir circunstancias parecidas, y seguramente se alegran de que el crecimiento continúe.

En cambio algunos comentaristas han abundado en términos como “desaceleración”, “ralentización”, “crecimiento mediocre”, e incluso “estancamiento”, sin señalar la realidad esencial.

No se recuerdan comentarios de este tenor cuando se conocieron los desastrosos resultados del primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti (7% de déficit fiscal y 129% de inflación, a pesar de que contaba con el apoyo de los otros dos grandes partidos políticos, así como la “profundidad del ajuste, hasta el hueso”, llevado a cabo al fin de la dictadura por el entonces ministro Alejandro Végh Villegas “a fin de provocar un efecto rebote que consolidara las instituciones” como relató el recordado ingeniero); ni la prolongada recesión que comenzó en 1998 y terminó en la Crisis de 2002. Por el contrario, los mismos voceros “explicaban” las causas de aquellos fracasos que terminaron en tragedia.

Ahora, sin embargo, se menosprecian las cifras de un crecimiento económico que pronto alcanzará los 15 años de duración, y que, según los indicadores sociales nacionales, los de Cepal, CAF e incluso los del FMI y el Banco Mundial, han derramado sobre sectores sociales antes excluidos.

Parece que existiera un malhumor que impide reconocer cualquier logro, que necesita negarlo, y es inevitable asociarlo con el agitado -por decir lo menos- proceso electoral que ya estamos viviendo.

Sin embargo, ahí están las cifras. La única verdad sigue siendo la realidad.

Resulta muy interesante, a la luz de tantas “alarmas públicas” a las que asistimos, ver el comportamiento de los sectores.

Crecieron la agricultura, la ganadería y la industria

El crecimiento en el nivel de actividad en el tercer trimestre (en relación al mismo período del año anterior), que exhibe un desempeño positivo en la mayoría de los sectores, se explica principalmente por el incremento verificado en Actividades Primarias (particularmente la agricultura, cuyas Cámaras tanto se quejan; Transporte, almacenamiento y comunicaciones y en Industrias manufactureras, debido principalmente a la reapertura de la refinería de petróleo de Ancap cerrada el año 2017 por razones de mantenimiento.

El informe señala que “la demanda interna creció en volumen físico en comparación con igual trimestre del año anterior, debido al alza registrada en la Formación Bruta de Capital, así como en el Gasto de Consumo Final.” Agrega que “las Exportaciones presentaron una caída en volumen físico de 10,4%, mientras que las Importaciones crecieron a una tasa interanual de 3,3% en el mismo período. Estos comportamientos determinaron que en el tercer trimestre de 2018 se registrara un saldo negativo en el volumen físico de las transacciones de bienes y servicios en la comparación interanual, explicado mayormente por el comportamiento de las exportaciones de soja, a consecuencia de la menor oferta exportable derivada de la sequía”.

Tal como lo detalla el cuadro Variación interanual de volumen físico trimestral (en %), el valor agregado de la actividad agropecuaria (integrado por Agricultura, ganadería, caza y silvicultura) creció un rotundo 6,4%.

El sector Industrias Manufactureras aportó un 4,6% más de valor agregado, explicado mayoritariamente, como ya se expresó, por la reincorporación a la actividad de la refinería de Ancap.

El sector Suministro de electricidad, gas y agua incrementó su valor agregado en 0,4%.
El sector Construcción disminuyó su valor agregado 0,7%.
El sector Comercio, reparaciones, restaurantes y hoteles cayó 0,9%.
El sector Transportes, almacenamiento y comunicaciones experimentó un incremento en su valor agregado de 6,1%, “como resultado de la expansión de la actividad de comunicaciones”, explicado principalmente por “el aumento en los servicios de transmisión de datos”.

La economía de Uruguay entrará pronto en su 16º año de crecimiento ininterrumpido y el país sigue aumentando su actividad económica en medio de una turbulenta realidad global y, sobre todo, regional.

Las cifras están ahí y pueden consultarse.
La única verdad es la realidad.

El FMI y su informe: logros de Uruguay
El Fondo Monetario Internacional publicó su Declaración al término de la misión para el Artículo IV de 2018, resultado de los trabajos de una misión que trabajó en nuestro país encabezada por S. Pelin Berkmen, subjefe de División en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Como se sabe, en la referida Declaración se presentan las conclusiones del personal técnico del FMI al término de las misiones anuales que se llevan a cabo al amparo del Artículo IV del Convenio Constitutivo, que las habilita en todos los países miembros del organismo multilateral, tengan o no programas en ejecución con él. Como se recuerda, Uruguay canceló sus compromisos en 2006.

El punto 1 señala que: “La economía uruguaya ha mostrado resiliencia, lo cual refleja la solidez de sus instituciones, la prudencia de sus políticas y la amplitud de sus márgenes de protección (subrayado en el original). En un entorno externo que se ha venido deteriorando, Uruguay ha logrado diferenciarse de sus vecinos, gracias a los avances realizados en la diversificación de sus mercados de exportación, a un manejo prudente y coordinado de los activos y pasivos del sector público, al prefinanciamiento de las necesidades de fondeo externo, que son considerables, a las menores vulnerabilidades del sector bancario y al gran monto de sus reservas internacionales. En consecuencia, el costo de financiamiento del sector público se ha mantenido estable, a pesar de las presiones sobre el peso, y el crecimiento, aunque se ha desacelerado, continúa siendo positivo”.

Asimismo afirma que “mantener la resiliencia y diferenciación es prioritario en un entorno global y regional más turbulento. Uruguay se encuentra bien posicionado para resistir el deterioro del contexto externo. Sin embargo, el mantenimiento de su resiliencia depende de la credibilidad de la política económica. Esto requiere acciones para fortalecer las anclas fiscales y monetarias, poner el nivel de deuda en una trayectoria descendente y retornar la inflación al rango meta. En el mediano plazo, las autoridades deberían usar las ventajas que brinda la calidad institucional del país para mejorar los marcos de política fiscal y monetaria e implementar reformas estructurales que contribuyan al crecimiento, y protejan los logros sociales de la última década. La política debe enfocarse en aumentar la inversión, revertir la reducción del empleo y fortalecer los resultados educativos”.

Como se ve, el “programa del FMI para Uruguay” es de los que corresponden a los países subdesarrollados y no a las potencias, a los que no vacila en aconsejarles medidas de política económica expansiva. Aquí se priorizan “las anclas fiscales y monetarias” y se engarza la frase “implementar reformas estructurales que contribuyan al crecimiento”, que en el pasado reciente encubría siempre la privatización de las empresas y los bancos públicos.

Por supuesto, el FMI no menciona jamás en estas tierras expresiones como “desarrollo económico sustentable” o “planificación indicativa”, que serían el objetivo y el medio para consolidar nuestro destino como nación. Podemos decir en su descargo que son muchos los nativos que también han sepultado estas expresiones y objetivos, pero eso no disminuye nuestra valoración.

Al referirse a la “Evolución reciente”, la Declaración señala en su punto 3 que “el crecimiento se ha moderado después de un sólido 2017. La actividad económica creció 2,4% en la primera mitad del año, después de expandirse 2,7% en 2017. Mientras que el consumo ha continuado apoyando la demanda interna, la inversión privada no ha despegado. Del lado de la oferta, la actividad manufacturera continua débil, excluyendo el impacto de la reapertura de la refinería de petróleo. Además, una fuerte sequía durante el primer trimestre causó una reducción del rendimiento de los cultivos de verano (especialmente soja). El mercado laboral se encuentra débil, con el desempleo oscilando entre 8 y 9%”. Señala también que la inflación superó el rango meta, “en parte como resultado de fenómenos transitorios”.

Especial comentario merece el punto 5, relativo al déficit fiscal, donde sin duda las opiniones de actores nativos influyeron en que el título no fuera el que cantan las cifras: que el mismo descendió a menos de 2,9%.

El punto 5 dice: “La reducción del déficit fiscal se detuvo y el tiempo necesario para alcanzar la meta de un déficit de 2,5% del PIB se postergó hasta 2020. En 2017, el déficit fiscal consolidado (que incluye los pagos de intereses del Banco Central) fue de 3,5% del PIB, es decir, 0,3% menos que en 2016. El presupuesto actual preveía un déficit de 3,3% del PIB para 2018 (mayor que el objetivo de 2,9% del PIB previsto anteriormente) y 2,8% del PIB en 2019 (frente al 2,5% del PIB anterior). Esta revisión es una medida contracíclica apropiada y si estos objetivos del presupuesto y las nuevas metas para 2020 se cumplieran, la deuda pública bajaría gradualmente. Sin embargo, aunque el déficit fiscal interanual móvil fue de 2,8% del PIB en octubre (subrayado nuestro), una vez que se excluyen los recursos relacionados con la operación de los cincuentones el déficit sería 3,8% del PIB, lo que sugiere que es poco probable que se logre el objetivo de 2018 (que no contabilizaba dichos recursos)”.

Señala luego que “la cuenta corriente se ha debilitado, pero continúa siendo superavitaria”; “los flujos de capital, que ahora incluyen las operaciones financieras de las actividades mercantiles, han permanecido volátiles”, que “el peso se ha depreciado en torno a 14% desde abril, y las reservas internacionales disminuyeron”.

En el capítulo “Perspectivas y riesgos” señala que Uruguay se ha desacoplado de las tendencias regionales; que “las perspectivas han empeorado en el corto plazo, pero permanecen estables en relación con los países vecinos”, y prevé que el crecimiento se modere a 2,1% en 2018 y 1,9% en 2019, pero “al mismo tiempo, se espera una recuperación de la agricultura tras la sequía de este año. Más aún, se espera que la inversión privada se recupere gradualmente, después de cuatro años de contracción. En los años siguientes, se espera que la economía crezca ligeramente por encima de su nivel potencial y que la brecha del producto se cierre gradualmente”.

Para 2019 el FMI prevé que la inflación se modere a un 7,5%.

En el punto 12 señala que “existen sustanciales riesgos externos a la baja e internos al alza, debido al entorno internacional menos propicio y a proyectos de infraestructura de gran envergadura”, destacando las dificultades del contexto global y regional, pero que “al mismo tiempo, la prudencia de las políticas macroeconómicas y la solidez de las instituciones han reforzado la capacidad de la economía uruguaya para resistir los choques regionales, y los planes para la construcción de una gran planta de celulosa, un nuevo sistema ferroviario vinculado a la planta, y otros proyectos de infraestructura constituyen un importante riesgo al alza”.

Finalmente, en el capítulo “Recomendaciones de Política” sugiere preservar la sustentabilidad fiscal; reducir la inflación; lograr más crecimiento inclusivo y competitividad.

Destaca que “sin medidas adicionales, será difícil alcanzar la meta de las autoridades de un déficit fiscal consolidado de 2,5% del PIB para 2020, excluyendo el impacto de las transferencias de los cincuentones” (…).

Aquí el FMI reconoce que “en octubre de 2018, el sistema público de pensiones recibió una transferencia de alrededor de 1% del PIB como resultado de una nueva ley que introdujo cambios al sistema previsional. Dichos recursos se clasifican como ingresos del gobierno, en línea con la metodología del FMI, y por ende reducen el déficit fiscal. Además, reducen el endeudamiento marginalmente, pero no modifican las necesidades de financiamiento en la medida en que la transferencia se deposita en un fideicomiso que se encuentra blindado por seis años. Las transferencias continuarán durante los próximos tres años y, por tanto, seguirán reduciendo el déficit fiscal. Las transacciones se han registrado de manera transparente en las cuentas fiscales y han sido explicadas por las autoridades, quienes se encuentran trabajando para estimar el impacto esperado en las contribuciones a la seguridad social y en el gasto previsional. Las autoridades estiman que, al cabo de cinco años, esta operación debilitará las finanzas públicas en la medida en que el gasto previsional adicional superará los mayores ingresos y que el costo total de esta operación sería del orden de 4% del PIB (en valor presente neto calculado sobre los próximos treinta años)”.

Recomienda el FMI que Uruguay debe mantenerse atento al contexto de mayor volatilidad financiera internacional; “implementar medidas para poner el endeudamiento en una senda descendente”, y reducir “el elevado gasto público corriente”, introduciendo un marco fiscal de mediano plazo”.

También aconseja “abordar el creciente gasto en pasividades y mantener la salud financiera de las empresas públicas”, reducir la inflación llevándola hacia el rango meta del Banco Central (de 3% a 7%), que el BCU fortalezca su marco de política monetaria, mejorando la estrategia de comunicación y la desdolarización. Señala que “el tipo de cambio debe continuar siendo un amortiguador clave de los choques externos”.

En lo relativo al “Mantenimiento de la estabilidad financiera y mejoramiento de la intermediación”, señalan que “el sector financiero se ha desempeñado bien, y las autoridades deberían continuar supervisando de cerca la calidad de los activos de los bancos”, destacando que “a pesar de la inestabilidad regional, el sector financiero ha resistido bien, lo que refleja que los vínculos con Argentina son ahora limitados, y que la supervisión mejoró desde la crisis de 2002”. El FMI se refiere también a los esfuerzos para aumentar la inclusión financiera, aprovechando los avances tecnológicos del sector financiero (Fintech), y afirma que “son bienvenidos los esfuerzos de las autoridades para mejorar la inclusión financiera y la intermediación, al tiempo que se contienen los riesgos, incluido un proyecto piloto exitoso”.

Finalmente, como medidas para obtener más crecimiento inclusivo y competitividad, el FMI señala que “Uruguay debe aprovechar su fortaleza institucional y tomar medidas para converger hacia el nivel de ingreso de las economías avanzadas”, señalando que “es uno de los países más estables de la región, con menor desigualdad del ingreso y pobreza”, y recomienda “realizar esfuerzos continuados para mejorar la competitividad, continuar con la diversificación de mercados (incluyendo hacia sectores que no producen materias primas, para limitar la exposición a las fluctuaciones de precios y los choques de oferta) y mejorar el acceso a mercados a través de tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales”.

CARAS y CARETAS - Montevideo - URUGUAY - 22 dciembre 2018