La histórica bajante del Paraná pone en riesgo las previsiones de un año de exportaciones récord en Argentina
Con la soja encima de los US$ 500, Argentina obtuvo un inesperado alivio cambiario y fiscal. Pero los pronósticos optimistas pueden revertirse por la gravedad de la crisis hídrica.Una broma recurrente entre los analistas políticos es que Dios no solamente es argentino, como reza el dicho popular, sino que además es peronista.
La justificación para esta afirmación es que los grandes booms de precios agrícolas han coincidido históricamente con los períodos de gobiernos peronistas, mientras que los ciclos de baja coinciden con gobiernos de otro signo.
Y lo cierto es que la historia reciente muestra esa relación: cuando Fernando de la Rúa renunció en medio de una profunda crisis económica y social, el precio de la soja rondaba los US$ 200 por tonelada. Pero cuando el kirchnerismo llegó al poder comenzó una escalada que permitió que Argentina, gracias a los “sojadólares”, reviviera una fiesta consumista. Durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el producto estrella del campo argentino superó los US$ 600, pero luego volvió a caer cuando Mauricio Macri asumió la presidencia.
La regla parecía confirmarse cuando este año la soja volvió a escalar con velocidad. Sorprendiendo a los productores -que se declaraban conformes si se mantenía el precio de US$ 340 al que subió la soja en plena pandemia- la cotización explotó este año hasta volver al nivel de US$ 600.
Y fue gracias a esa situación que el gobierno de Alberto Fernández pudo gozar de una relativa holgura fiscal y cambiaria en el primer semestre del año. La “supersoja” posibilitó un triple objetivo: reforzar las reservas del Banco Central -su volumen neto ya está en torno a los US$ 8.000 millones, dejar un superávit de balanza comercial de US$ 6.740 millones en el primer semestre y equilibrar la situación fiscal cuyo rojo primario es de apenas 0,5% del PIB tras un año que había terminado en 6,5%.
Como el gobierno mantiene retenciones a la exportación de soja en un 33%, el boom exportador implica inesperado oxígeno para la recaudación impositiva. De hecho, este año el rubro retenciones ya explica el 10% del total recaudado, cuando hace apenas dos años era de 6%.
Y, cuando se analiza la evolución de la recaudación tributaria depurada del “efecto soja”, los números empeoran sensiblemente. En julio pasado, las arcas estatales recibieron 4,6% menos que hace dos años, pero si no se considera la retención a exportaciones, la caída llega al 6%.
En definitiva, tanto el gobierno como los operadores del mercado tienen en claro que si no fuera por el aporte de la exportación sojera, la situación macroeconómica sería mucho más inestable
El inesperado “factor Paraná”
Sin embargo, esa bendición parece próxima a terminarse. En parte, por los típicos motivos estacionales: en la segunda mitad del año ya está vendido el grueso de la cosecha, y los productores van graduando la liquidación del remanente.
Esa cautela suele incrementarse en años electorales, por la incertidumbre que esas situaciones siempre generan en Argentina, y que llevan a los ahorristas a una dolarización masiva. Si a esa situación se le agrega el aumento de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo, entonces la tendencia de los productores a guardar su producto en las silobolsas se exacerba, dado que aumentan las expectativas de una devaluación.
Pero este año se agrega un evento climático imprevisto: la persistente sequía generó una bajante histórica en el río Paraná, donde se ubican los principales puertos exportadores, sobre todo en Rosario y su zona aledaña.
El Paraná es el corazón de la hidrovía: el año pasado, solamente los puertos circundantes a Rosario recibieron 2.632 buques oceánicos, que en su mayoría partieron con soja, maíz y sus subproductos. Se estima que en total circulan a lo largo de todo el trayecto unos 4.000 buques.
Ahora, la bajante afectó la navegabilidad del río y ralentizó la salida de los buques, lo cual por otra parte hizo más cara la logística exportadora. De hecho, hay economistas que están calculando que el efecto del río Paraná puede equivaler a una reducción de hasta 5% en el precio del cereal.
La reducción en el caudal del río obedece a la falta de lluvias en Brasil, la zona de los afluentes del Paraná. Y la gravedad del tema llegó a tal grado que Daniel Scioli, embajador argentino en Brasilia, hizo una gestión diplomática ante las autoridades brasileñas para que se abrieran las presas, de manera de liberar agua que pudiera paliar la situación.
Pero está claro que se trataría de soluciones parciales hasta que no vuelvan las lluvias, cosa que no ocurrirá hasta dentro de dos meses. Mientras tanto, la logística de los embarques está sufriendo las consecuencias.
En Rosario se habla de una merma de más de 10 mil toneladas por buque- puede equivaler a un 40% de la capacidad-, lo que obliga a completar la carga en muelles marítimos. Esto, según los empresarios, puede implicar un incremento en costos logísticos de hasta 300%.
En este contexto de emergencia hídrica, el centro de salida de granos se está corriendo hacia Bahía Blanca, un puerto ubicado unos 600 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuyos embarques crecieron un 10% respecto del de hace dos años. Y su lejanía de la zona de producción sojera obliga al uso masivo de camiones, con lo cual las rentabilidades empezaron a recortarse drásticamente, tanto para los privados como para el Estado.
Un síntoma elocuente de la nueva situación es el conflicto de las empresas transportistas en Bahía Blanca que derivó en un bloqueo para la carga de los barcos exportadores. Ante el aumento de la demanda, los fleteros reclaman la implantación de una tarifa fija y cambios regulatorios.
Los exportadores de granos, que consideran al bloque como una medida “extorsiva”, afirman que ya son 11 mil los camiones que no pudieron ingresar a puerto y se contabilizan como perdidos. Calculan que, a raíz del conflicto, el Estado pierde un ingreso de divisas por US$ 400 millones.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, el bloqueo tiene como fondo una disputa interna entre un grupo de camioneros no agremiados y el sindicato.
Planes en revisión
Irónicamente, esa crisis ocurre en pleno debate político sobre la re-estatización de la hidrovía, una iniciativa que los empresarios han resistido por entender que hará menos eficiente la operatoria de comercio exterior.
Mientras tanto, el mayor temor para el gobierno es que se vea alterado su objetivo de un superávit comercial robusto, del orden de US$ 15.000 millones. Para ello, se necesitaría que hasta fin de año haya un saldo positivo de US$ 1.300 millones cada mes.
Como la exportación agrícola, que entre marzo y julio aportó divisas por un promedio mensual de US$ 3.150 millones, bajará a niveles de US$ 2.300 millones entre agosto y diciembre, las cuentas se tornan complicadas. Y las expectativas del mercado están puestas en que el gobierno, ante un panorama más complicado, incremente las trabas para importar.
Esa medida, por un lado, ayudaría a resguardar las escasas reservas del Banco Central y mantener la estabilidad cambiaria. Pero, por otra parte, un tope a las importaciones pondría en riesgo la velocidad de la recuperación económica.
El gobierno proyecta que el PIB crecerá este año al menos un 7%, y según el consenso de los economistas, para que ello fuera posible se necesitaría que las importaciones se incrementaran un 20%.
Era un objetivo que a comienzos de año parecía factible pero que ahora entra en una zona de incertidumbre. Los precios de la soja siguen altos pero la bajante del Paraná puso, por una vez, dudas sobre el mito de que Dios es peronista.