El futuro Embajador Iribarne reveló que se reavivó el conflicto con Uruguay por Botnia
Malestar por la alteración de 13 parámetros en el río Uruguay por la pastera de Fray Bentos y por el incumplimiento uruguayo de entregar el proyecto UPM 2 a la CARU para su evaluación según marca el Estatuto
Hace dos años, tanto el Intendente Martín Piaggio y la Asamblea Ciudadana Ambiental lo habían advertido a la gestión macrista de la Cancillería y la CARU.
Ahora, el Gobierno de Alberto Fernández ha terminado por admitir que existe tensión con Uruguay por la construcción de la segunda planta de celulosa de Botnia a orillas del río Negro, tributario del río Uruguay. Este es uno de los motivos por los cuales el Presidente no acudirá este domingo a la asunción del electo Luís Lacalle Pou.
El flamante Embajador de nuestro país en Montevideo, Alberto Iribarne, describió la reapertura del conflicto en la Comisión de Acuerdos del Senado e hizo mención –aunque sin expresarlo literalmente- a todo lo planteado por tanto por el Intendente de nuestra ciudad, Martín Piaggio como por la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú en las tres reuniones que tuvieron lugar durante 2018 y 2019 en la Cancillería para alertar lo que se avecinaba.
Los antecedentes
Si bien algunos medios nacionales, en estos días parecen “descubrir” que el tema de las pasteras ahora “se reaviva”, la historia se remonta a 2018. El 20 de mayo de aquel año, a instancias del entonces diputado nacional Julio Solanas, el Intendente Piaggio y dos representantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental fueron recibidos en el Cancillería por el entonces Subsecretario de Asuntos de América, Leopoldo Sahores y el titular de la Delegación Argentina ante la CARU, Mauro Vazón. En dicho encuentro Vazón calificó de “versiones periodísticas” la posibilidad de una nueva pastera de UPM en Uruguay. Grande fue la sorpresa de los diplomáticos presentes cuando los asambleístas Fabián Moreno Navarro y Mario Bermúdez les exhibieron una copia del Contrato firmado en noviembre de 2017 y la Viabilidad Ambiental de Localización, que determinaba como alternativas A y B para instalar el proyecto, las localidades de Pueblo Centenario, a orillas del río Negro y a escasos kilómetros de Paso de los Toros y Fray Bentos respectivamente. En Fray Bentos, a orillas del río Uruguay, funciona actualmente la planta Orión (1).
Casi un año más tarde, el 8 de mayo de 2019, el Intendente Piaggio y los asambleístas acudieron por segunda vez a la Cancillería y advirtieron muy seriamente al entonces Subsecretario Sahores y al Presidente de la CARU Vazón que la autorización para la nueva planta de celulosa por parte de las autoridades uruguayas se iba a producir “a fines” de ese mismo mes y exigieron a los responsables de la Cancillería que se pusiera en marcha el mecanismo previsto en los artículos 7 al 13 del Estatuto del Río Uruguay que obliga a las autoridades uruguayas a poner en conocimiento de la CARU la integralidad del proyecto “UPM 2” para su análisis y evaluación técnico-ambiental.
Los asambleístas Moreno Navarro y Bermúdez contaban con información sensible y muy precisa que, increíblemente, era desconocida por los propios funcionarios de nuestra diplomacia: doce días después de aquella reunión, la Dirección de Medio Ambiente de Uruguay (DINAMA) aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental, pese a las graves objeciones que había planteado al proyecto, tornando aún más turbio e irregular todo el proceso de autorización de la nueva planta de celulosa de UPM en Pueblo Centenario (2).
Qué dijo ahora el Embajador Iribarne
El 8 de agosto del año pasado en entonces Canciller Jorge Faurie, en compañía de su par uruguayo Rodolfo Nin Novoa, anunció en Montevideo que las autoridades del vecino país iban a entregar a la CARU toda la documentación relativa a la nueva planta de celulosa de UPM (3). Pero poco después se comprobó que ese anuncio era una gran mentira.
El 31 de octubre último, se llevó a cabo el último de los encuentros entre las autoridades municipales de Gualeguaychú y los asambleístas. Allí, una vez más Sahores, muy suelto de cuerpo admitió que ante el requerimiento oficial de toda la información sobre UPM 2 en virtud de los artículos 7° al 13° del Estatuto del Río Uruguay, el gobierno de Tabaré Vázquez respondió que tenía la voluntad de compartir “algunos aspectos” del proyecto, destacando que de manera oficiosa, proporcionaron información sobre UPM 2, que la Cancillería y la CARU consideraron "insuficientes y que no sirven" para analizar con seriedad el proyecto de manera integral. Finalmente, Sahores indicó al Intendente Piaggio que, desde Montevideo respondieron a nuestro país que no darían más información porque Uruguay considera que la CARU no es competente "según el artículo 35° del Estatuto".
Asimismo, los asambleístas Carlos Goldaracena y el mencionado Bermúdez exhibieron no menos de seis documentos oficiales uruguayos que demostraban como Botnia reconocía ante la DINAMA estar contaminando metódicamente las aguas del río Uruguay. Al preguntar si el Gobierno argentino consideraba que la pastera UPM instalada en Fray Bentos contaminaba, tanto el ya citado Vazón como Juan Trebino, funcionario de la entonces Secretaría de Ambiente de la Nación, respondieron unánimemente: “No” (4).
Según detalló el designado Embajador en Uruguay Alberto Iribarne en su mensaje a la Comisión de Acuerdos del Senado Nacional, efectivamente el vecino país no cumplió con el requisito de avisar previamente sobre la obra de la nueva pastera a la CARU, organismo binacional por el que debe pasar cualquier novedad que se registre en la vía hídrica. Pero esto no es todo.
Contrariamente a lo que en octubre pasado manifestarán los funcionarios Vazón de la CARU como Trebino de la ex Secretaría de Ambiente, el futuro Embajador Iribarne mencionó al Senado de la existencia de una serie de Informes que están en poder de la Cancillería revelan una importantísima alteración de los valores de contaminación en 13 parámetros que se monitorean en el río Uruguay, provocados por la planta de celulosa de UPM que funciona en Fray Bentos.
Si bien Iribarne no lo dijo con todas las letras, en los hechos esto significa que las perspectivas son atroces para el río Uruguay, teniendo en cuenta que en 2022, cuando comience a funcionar la nueva pastera UPM 2, sus efluentes circularán por el ya contaminado río Negro desembocando en el Uruguay, a pocos kilómetros del efluente de la actual planta de Fray Bentos.
El Gobierno de Alberto Fernández ha terminado por admitir que existe tensión con Uruguay por la construcción de la segunda planta de celulosa de Botnia a orillas del río Negro, tributario del río Uruguay. Esta situación además vuelve a confirmar que el conflicto por las pasteras no está superado ni mucho menos. Persiste y con un cariz cada vez más grave.
Habrá que ver ahora cuál serán los pasos a seguir por parte de nuestras autoridades de la Cancillería respecto de esta delicada cuestión, teniendo en cuenta que el Digesto del Río Uruguay fue modificado a instancias de la conducción macrista de la CARU precisamente, con el claro fin de justificar la continua contaminación que provoca UPM.