Área protegida
@|El 18/12/2018 se realizó la audiencia legal preceptiva s/ley 17234 sobre la designación como área protegida de la región Centurión-Sierra de Ríos de Cerro Largo.
Es bien conocida la postura antagónica de los productores rurales afectados hacia esa pretensión del gobierno.
Ya se ha producido una sustancial baja en la cotización de la hectárea en el lugar. Aunque es loable la aplicación de la ley original, no lo es en cambio su forma de efectuarla.
Está visto que, hay coincidencia de todas las partes en proteger y prohijar la biodiversidad, pero no se acepta el costo que pretende imponer el Estado.
Las intenciones del gobierno que nos ocupan en Centurión requieren medios económicos para llevarlas a los hechos. Pero no es posible que dichos medios los aportemos 200 productores para el beneficio medioambiental de 3.500.000 uruguayos.
Ya hemos sufrido ingentes transferencias de recursos al resto de la Economía a través del atraso cambiario.
La disminución de ingresos y del precio de la tierra que implican las prohibiciones que intenta el gobierno deben ser resarcidos por el Estado. Éste, no manifiesta intención de indemnizar, pero oficiosamente ha habido menciones sobre “negociar”.
Por nuestra parte no hay concesiones que hacer. El daño es importante y debe ser compensado con justicia.
En la susodicha audiencia, los damnificados dejaron documentados aportes técnicos importantes, sin perjuicio de recabar judicialmente en el futuro algunas otras opiniones profesionales privadas que evalúen la base técnica que usó el Estado para prohibir cosas que la ley no establece a texto expreso. La única motivación que esgrimió inefablemente el Intendente Botana en la audiencia para excluir la explotación de eucaliptos, fue la falta de mano de obra calificada y que los propios vecinos solicitaron impedir la forestación!
Esto no fue así. La verdad es que un grupo de minifundistas de muy bajos recursos económicos fueron contactados y convencidos para que hicieran la solicitud mencionada.
Si se concretara la intención del gobierno, el daño a los productores será grande.
Entonces la indemnización deberá ser igualmente grande.
Si la ideología transgrede los límites del Derecho estaremos en presencia de una acción totalitaria que no auguraría nada bueno para las barbas de los uruguayos.
Hasta hoy, el manejo oficial de la ley 17234 no redituó ningún resultado integral u orgánico. No ha sido seria la gestión del Mvotma. Se necesita un formato racional, estrictamente técnico, y sujeto a Derecho, en lugar de presiones y subjetividades emotivo-ideológicas (abucheos y aplausos de la claque ambientalista en la audiencia pública mencionada).
El gobierno modificó inconstitucionalmente en una ley de rendición de cuentas la ley 17234, tratando así de perjudicar el Derecho de Propiedad.
Si el Frente Amplio logra eso habrá un oscuro futuro para los bienes muebles e inmuebles, empresas, actividades y profesiones de los uruguayos, si la izquierda gana las próximas elecciones.