Manifestarán ante Dinama para preguntarle si “es del Estado o de UPM”
“El grado de atropello es monumental,” dicen opositores al proyecto, que llaman a manifestarse contra el “negocio secreto” con la empresa.
“Alerta, la acción es ahora. UPM y su tren no nos van a atropellar”.
Así, los opositores a las obras del ferrocarril vinculadas a la eventual inversión de la multinacional, que el gobierno pretende iniciar en breve, anunciaron sus futuras acciones.
“Tenemos derechos y los defendemos”, afirmaron los integrantes del colectivo “Por el costado de la vía” que este martes se concentrarán ante las puertas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).
“¿La Dinama es del Estado o es de UPM?”, será la pregunta, y a la vez la consigna, que presidirá la convocatoria ante el organismo del que depende la autorización para que las obras vinculadas al ferrocarril tengan luz verde.
Yanina Borloz, integrante del colectivo, remarcó que son varias las acciones que se vienen desarrollando para “proteger y conservar el medio ambiente, los derechos humanos y laborales y la legalidad en torno a la insistencia por instalar la segunda planta de UPM en Uruguay”.
La ilegalidad señalada está referida, afirma, a los procedimientos efectuados por la empresaria y funcionarios del gobierno “que pretenden imponer la instalación de la planta, su puerto y su tren”.
Borloz señaló que, en San Gregorio de Polanco, la población expresó su rechazo a que “se manipule el caudal del Río Negro por demanda de UPM”.
Se refería al plan de UTE para elevar el embalse de la Represa de Rincón del Bonete, que el ente asegura tiene la intención de mejorar la calidad del suministro eléctrico.
Pero los opositores a UPM afirman que será para cumplir con las exigencias de la empresa de asegurarse el flujo hidráulico suficiente para diluir sus efluentes en el río.
El plan, que gobierno dice está suspendido, provocará según los opositores la anegación de la zona cercana y la desaparición de la playa de San Gregorio de Polanco.
Las acciones también están dirigidas, recordó Borloz, para evitar la instalación del ferrocarril por el que la multinacional iría a sacar su producción hacia el Puerto de Montevideo.
“Quieren atravesar el territorio con ácido sulfúrico, soda cáustica, celulosa y combustibles a escasos metros de nuestras casas, afectando la circulación de este a oeste e impidiendo el libre acceso a servicios fundamentales”, apuntó.
Según sostuvo, el tren constituye la fase uno del proyecto UPM.
Por eso, dijo, “desconociendo expresiones de los vecinos y vecinas que se oponen, y de organismos del Estado que alertan sobre los impactos negativos que ocasiona, siguen adelante y amenazan con comenzar a excavar e instalar sus máquinas en estos días, como si fueran los dueños de nuestros barrios”.
Los cuestionamientos pasan por el anuncio del gobierno de que la obra comenzará en febrero, “sin respetar el derecho a la información y a la participación de la población, sin cumplir con los procedimientos de autorización ambiental y sin estudios ambientales y sociales serios e independientes de los intereses de la empresa”.
Con respecto a esta obra, hubo novedades este fin de semana en dos de las localidades que serán afectadas.
Una es que un centenar de habitantes de la ciudad floridense de Sarandí Grande se manifestaron en la vieja terminal ante los planes vinculados al nuevo ferrocarril.
El proyecto, afirman, partirá en dos al pueblo como un “nuevo Muro de Berlín”. Los vecinos de la ciudad, de 7300 habitantes, llevan recolectadas 1400 firmas que se pronunciaron en contra del “tren de UPM”.
A todo esto el alcalde de Las Piedras, Gustavo González, mantuvo en las últimas horas un encuentro con los comerciantes de la Feria Permanente, ubicada en la estación de trenes de esa ciudad.
Allí les transmitió que la empresa encargada de las obras previstas por AFE y el Ministerio de Transporte solicitaron que 52 puestos de venta instalados sobre calle Francisco Espínola desocupen el lugar.
Según el alcalde, el Municipio aún no tiene un punto definido para realojar a los feriantes
El Proyecto Ferroviario de UPM, sostuvo, de desarrollarse va a impedir contar con trenes de pasajeros y de carga nacional porque durante 22 años será la empresa la que decida sobre el área ferroviaria.
Borloz señaló además que los trabajadores de algunos rubros vienen denunciando a UPM porque pretender modificar las leyes laborales para que no puedan reclamar por sus derechos, “violando mediante acuerdos los derechos consagrados”.
En el puerto capitalino, agregó, comienzan las movilizaciones porque la empresa “pretende adueñarse de una zona para contar con un depósito exclusivo de celulosa y de químicos altamente contaminantes”.
Si bien los sindicatos de la educación al momento no se han expresado sobre la “imposición de planes educativos para la empresa UPM, Borloz dijo esperar que quizás, con el correr de los días, la difusión de información sea objeto de análisis y de posicionamiento.
La activista recordó además que el movimiento ciudadano UPM2 NO está recolectando firmas para aumentar las denuncias entregadas al parlamento contra el contrato firmado por Uruguay y la empresa.
“Ese contrato no es un contrato porque allí Uruguay concede, regala nuestro territorio y nuestros derechos a cambio de nada”.
Para Borloz, “el grado de atropello es monumental”. Por eso, la convocatoria del martes estará abierta a todos, desde el enfoque y el lugar que sea, los que estén trabajando “contra este negocio secreto entre gobernantes y UPM”.