UPM: gobierno deberá fundamentar contrato “plagado de irregularidades”
Tres jerarcas del gobierno serán convocados a responder por cuestionamientos legales y constitucionales al acuerdo suscrito con la empresa.
El Poder Ejecutivo hizo silencio y, en los hechos, rechazó un planteo ciudadano que, con más de 7000 firmas, pedía a fines del año pasado la anulación del acuerdo firmado con UPM para la eventual instalación de su segunda planta de pasta de celulosa en Uruguay.
De todas formas, a nivel parlamentario encontró eco la iniciativa presentada por esos mismos ciudadanos, para que el Legislativo “enjuicie” al gobierno por haber suscrito un contrato que consideran irreconciliable con la normativa vigente y violatorio de la Constitución.
El secretario de la Presidencia, Miguel Toma, el prosecretario, Juan Andrés Roballo, y el director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, serán convocados a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
Se trata de los jerarcas que representaron al gobierno en las negociaciones con la multinacional.
La citación la hará efectiva el 6 de febrero, cuando la comisión reanude sus sesiones, el diputado nacionalista Pablo Abdala, que consideró muy atendible y fundamentado el planteo presentado por el grupo de ciudadanos.
En diálogo con ECOS, el legislador sostuvo que el Parlamento no debería quedad omiso y considerar la petición, pese a que no está obligado.
Luego de un análisis de la petición, Abdala señaló que el contrato está “plagado de irregularidades”, por lo que exigirá que los jerarcas fundamenten las razones de por qué se suscribió.
“El Poder Ejecutivo se toma atribuciones que no le corresponden en asuntos que deberían ser determinados por ley”, afirmó. Entre otros aspectos, señaló que el gobierno asume compromisos en el acuerdo que pertenecen a la órbita departamental, por lo que se estaría violando la autonomía de las intendencias afectadas por el proyecto.
Como ejemplo, citó la exigencia de UPM en cuanto a que se le asegure un flujo mínimo de 65 metros cúbicos de agua por segundo, y así no agravar la contaminación del río Negro.
Según Abdala, podría ser violatoria del artículo 47 de la Constitución.
Allí se establece que “la protección del medio ambiente es de interés general”. También que “las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente”.
Así, los jerarcas convocados deberán responder sobre los cuestionamientos legales y constitucionales al contrato con UPM. Lo que Abdala no ve tan claro es la posibilidad de enjuiciarlos políticamente por haberlo firmado.
Es que el artículo 93, que regula el mecanismo de juicio político, prevé la posibilidad de que sea entablado contra el presidente, ministros, legisladores y otros jerarcas del Estado por violación a la Constitución y delitos graves.
Abdala explicó que el planteo ciudadano no individualiza a los gobernantes contra quienes se pide accionar.
Por otra parte, remarcó que la decisión final será política. “Hay que ser realistas, el Frente Amplio tiene mayorías y la oposición, por sí misma, no tiene los votos para hacerlo prosperar”, dijo.
El grupo de ciudadanos que promovió el planteo, nucleados en el Movimiento UPM2 NO, envió correos electrónicos a los legisladores remarcándoles la necesidad de atender la petición presentada.
Entre otros aspectos, consideran que el acuerdo constituye un “desborde de potestades de parte del Ejecutivo y le asigna a UPM un indebido papel de privilegio y dominio del que no existen antecedentes en la vida nacional”.
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