UPM espera decreto de ocupaciones para firmar
Vázquez anunció que CEO de la empresa llega en febrero.

J. P. CORREA / P. S. FERNÁNDEZ
No había pasado más de una hora de la reunión en la sede central de UPM en Helsinki con los ejecutivos máximos de la empresa. Vázquez eligió unos sillones del hotel donde se hospedaba la delegación para charlar con sus ministros. Sentado con las piernas cruzadas y sus dos dedos índices juntos apoyados sobre la boca rompió el silencio: "Si logramos atar el tema del tren, la planta sale seguro", trasmitió a su equipo.

Parte de razón tenía. Era febrero de 2017 y el megaproyecto ferroviario aun estaba lejos. Pero esa realidad cambió y se está a punto de comenzar a construir. Sin embargo la firma definitiva para la segunda planta de UPM en el centro del país aún no está asegurada.

 ¿Qué es lo que está demorando la decisión final? Justamente es un punto de especial sensibilidad para el gobierno de izquierda: la reglamentación de las ocupaciones.

El tema está planteado en el contrato que ambas partes firmaron en noviembre de 2017. El CEO de UPM, Jussi Pesonen, tenía prevista una visita a Montevideo en los últimos meses del año pasado. Sin embargo decidió postergarla ya que las negociaciones por el decreto que prohibirá las ocupaciones en la construcción de la fábrica estaban trancadas. Así lo informó una importante fuente de la firma finlandesa y confirmó un jerarca del gobierno uruguayo a El País.

En noviembre del 2017 el secretario general del sindicato de la construcción (Sunca), Oscar Andrade, que hoy es precandidato por el Frente Amplio, criticó lo negociado en el plano laboral. "De la forma en la que está redactado parece que la organización sindical fuera un grupo terrorista cuyo objetivo es el conflicto", declaró.

Una fuente de este sindicato comentó que en plena licencia de la construcción ha había contactos informales con autoridades de gobierno, para intentar alcanzar una acuerdo. Sin embargo por ahora no han acercado posiciones y se visualiza un escenario de discusión, dijo el sindicalista.

En su gira por México en 2017 Vázquez confirmó que la empresa pretende que el gobierno reglamente las ocupaciones.

"Es una aspiración de UPM. Aspira que trabajemos para que evitemos las ocupaciones", dijo Vázquez. "Nadie quiere transitar conflictos. Tenemos que encontrar mecanismos (...) para prevenir los conflictos", agregó.

El domingo en una entrevista con El País el ministro de Transporte, Víctor Rossi, que participa de las negociaciones con UPM admitió que muchas de las conversaciones son "duras".

Sobre el punto laboral el jerarca de gobierno explicó que se definirán "reglas de juego razonables para el país". Aclaró que "serán en función de lo que mejor convenga para garantizar la actividad económica del país". En ese sentido una importante fuente que participa de las negociaciones fue claro en lo que espera UPM: "Si no aparece el decreto no hay planta", dijo el informante quien solicitó mantener su nombre en el anonimato porque ha firmado un contrato de confidencialidad.

Por otro lado, ayer la Institución Nacional de Derechos Humanos se comprometió ante quienes entienden que pueden ser afectados por la realización de las obras para el denominado "tren de UPM" a convocar al ministro Rossi. Para plantearle sus preocupaciones. Los afectados anunciaron que presentarán un recurso legal para evitar que comiencen las obras.

Piden tratar pedido de juicio político por contrato firmado
El diputado blanco Pablo Abdala propondrá que en la reunión de la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Representantes del 6 de febrero se aborde el pedido de juicio político al presidente Tabaré Vázquez, que presentó el movimiento "UPM 2 No". Abdala dijo a El País que la solicitud presenta argumentos atendibles y que será necesario convocar al Poder Ejecutivo.

"UPM 2 No" objeta el acuerdo firmado entre el Estado y UPM y por eso pide el juicio.

En el escrito que presentaron los activistas de "UPM2 NO" sostienen que "la celebración de contratos con empresas privadas extranjeras no está prevista en nuestra Constitución y, específicamente, no figura entre los cometidos del Poder Ejecutivo".

"Ninguna disposición constitucional habilita al Poder Ejecutivo a adoptar por sí decisiones que comprometen a los otros poderes y organismos autónomos del Estado y a los gobiernos departamentales (...) pocas dudas caben de que el Poder Ejecutivo, a través de un contrato con una empresa, no tiene legitimidad para disponer lo que este acuerdo dispone", agrega. Creen que UPM "podría ofrecer en el mercado mundial" algunas concesiones recibidas como zonas francas y exoneraciones tributarias.

Diario EL PAIS - Montevideo - URUGUAY - 16 enero 2019