PasoDeLosToros estacion"UPM 2" avanza pero se multiplican las críticas en Uruguay

La proyectada planta de UPM en Durazno será mucho más grande que la de Fray Bentos. Ambientalistas se resisten y denuncian la “incontitucionalidad” del negocio.

En noviembre de 2017 el Estado uruguayo y la multinacional UPM firmaron un extenso contrato con el que la compañía finlandesa pretende asegurarse las condiciones para comenzar la construcción de su segunda planta en Uruguay cerca de Centenario, Durazno.

 

Se trata de una enorme inversión a la que el gobierno apuesta fuertemente para que sea un factor de dinamización de una zona deprimida del país. El gobierno se apresta a adjudicar la reparación de las vías férreas entre Paso de los Toros y Montevideo, necesaria para que se pueda llevar al puerto de capitalino la celulosa que se exportará. Pero hay también un fuerte activismo contra el emprendimiento.

Varios grupos ambientalistas, reunidos bajo el nombre de "UPM 2 no", presentaron un escrito al presidente de la Cámara de Representantes, Jorge Gandini, en el que plantean que el acuerdo contiene inconstitucionalidades por lo que la cámara debería aplicar el artículo 93 de la Constitución.

El documento dice que "los términos del acuerdo fueron negociados en forma reservada" y que por ellos "el Poder Ejecutivo compromete al Estado y al país en términos y en materias que exceden notoriamente sus facultades constitucionales e invaden las competencias de otros poderes y organismos del Estado, configurándose así una situación de abierta transgresión de la Constitución", por lo que se debe acusar al presidente ante la Cámara de Senadores.

El análisis estrictamente económico tampoco da resultados positivos, consideran los ambientalistas. El gobierno cree que se generarán 8.000 puestos de trabajo en una zona poco dinámica del país. Los ambientalistas sostienen que una vez instalada la planta generará solamente unos 500 empleos estables y que el Estado habrá invertido para entonces miles de millones de dólares. "Respecto al pretendido aumento del PIB, como la planta operará en régimen de zona franca, con inusuales exoneraciones tributarias, y recibirá del Estado pagos prefijados como precio de la energía eléctrica, el aumento del PIB no se traducirá en ingresos reales para la gente", creen.

Los activistas contra la planta dicen que UPM invertirá US$ 2.480 millones y que el gobierno sostuvo inicialmente que invertiría US$ 4.000 millones para generar una corriente de opinión favorable. Por otro lado, calculan la inversión total del Estado US$ 3.900 millones.

En función de los costos de producción de la celulosa, aseguran que UPM recuperará su inversión en tres años y que por cada dólar que traiga se llevará cinco. Y que recibirá un subsidio encubierto de US$ 1.450 millones por la venta de energía eléctrica a un precio fijo aunque esta no sea necesaria para UTE. A estos montos se sumarán los que se requieran para reforzar la Dirección Nacional de Medio Ambiente.

REPORTE2820- Montevideo - URUGUAY - 09 diciembre 2018