Preocupa seguridad y el tránsito por planta UPM
El gobierno cuida cada detalle. Sabe que un solo paso en falso podría no solo hacer caer el proyecto para la instalación de la segunda planta de producción de celulosa de la empresa finlandesa UPM en el país, sino que podría traer problemas a los habitantes del propio Pueblo Centenario, en Durazno, sitio en el que se ubicaría el emprendimiento.
Según confirmó El País, la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) elevó cuatro pedidos de informe a la empresa dada su preocupación por el eventual impacto de la planta en varias áreas, entre ellas, seguridad, tránsito, forestación y otras "dimensiones sociales" locales como la desocupación o la inmigración indirecta.
El País accedió a los cuatro pedidos de información complementaria —impacto del tránsito, forestación, dimensiones sociales y tránsito y seguridad vial— que realizó el organismo a la empresa tras analizar el Estudio de Impacto Ambiental entregado en setiembre al Poder Ejecutivo. Ahora, la Dinama estudia las respuestas que en dos casos —tránsito y forestación— ya fueron entregadas.
El gobierno consultó a UPM por los fundamentos utilizados en el apartado de Seguridad ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental al afirmar que "la experiencia en proyectos anteriores de similares características no arroja resultados negativos en la materia".
Por otro lado, al gobierno también le preocupa la expectativa que pueda ocasionar el emprendimiento en los habitantes, los "conflictos sociales" que puedan generarse y la desocupación tras el final de la fase de construcción de la planta. "Atento a que existe un riesgo potencial de que se produzca un alto índice de desocupación local al final de la fase de construcción, se solicita presentar el detalle de las acciones que formarán parte del plan de desmovilización de la mano de obra", señaló la Dinama.
A su vez, el gobierno pretende que la empresa otorgue "una estimación de la cantidad de personas asociadas a la inmigración indirecta durante la fase de construcción, aclarando cuál es la base de cálculo utilizada para ello".
El Poder Ejecutivo también reclamó mayor información sobre la superficie terrestre que será forestada de forma inducida. "Se entiende que la descripción aportada en ambos casos es insuficiente, dado que la escala adoptada impide una adecuada identificación de los principales valores de biodiversidad, generalizando el análisis de impacto ambiental realizado", apuntó la Dinama tras recibir el informe de impacto ambiental de la empresa.
En su respuesta, a la que ya accedió El País, UPM a través de su razón social Cuecar S.A. y Blanvira S.A. adjunta una tabla comparativa con datos sobre la superficie a abarcar en las microcuencas cercanas al Río Negro. UPM señaló que "las cuencas actualmente presentan zonas ya forestadas, las cuales podrán ser utilizadas en el proyecto".
Tránsito.
La Dinama también solicitó información acerca del eventual impacto de la planta industrial en el tránsito. Es más, en el propio informe de impacto ambiental, se concluye que "el tránsito generado por la operativa del proyecto impactará de forma negativa en la vida útil de los pavimentos de los corredores viales a ser utilizados". UPM respondió que los camiones que utilizará para transportar la producción no afectarán el tránsito y destaca los acuerdos con el Ministerio de Transporte en la materia.
A principios de este mes, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Eneida de León, dijo en Durazno que la Dinama había solicitado análisis adicionales. La secretaria de Estado junto a autoridades de la Dinama se trasladaron a la ciudad de Paso de los Toros donde se reunieron con los intendentes de Tacuarembó, Eber Da Rosa, y de Durazno, Carmelo Vidalín, con el propósito de analizar acciones respecto de la instalación. El proyecto de UPM involucra también un sistema de vías férreas hasta el puerto de Montevideo. En la capital del país ya se habilitó la construcción de una terminal para la salida de la producción. El proyecto de la tercera planta en Uruguay implica una inversión de unos US$ 4.000 millones, y será la mayor inversión privada de la historia del país.