INFORMACIÓN FORESTAL
Perú: “Lluvia de millones” del BID en nombre de la deforestación
LIMA (Uypress/Carlos Cabrejos Bobadilla)- El pasado 15 de julio, en el diario El Peruano, se publicó la resolución del gobierno, cuyo artículo 1º, acepta “la Cooperación Técnica No Reembolsable que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo” (BID), hasta por US$ 5 millones, para apoyar la Estrategia Nacional dedicada a reducir la Deforestación de los bosques peruanos.
En las Regiones de la Amazonía peruana, donde se ha transferido funciones, cuando cualquier titular de título habilitante o viviente, que trata de mantener los bosques en pie, es agraviado por la invasión de los migrantes agrícolas que tumban, rosan, queman y cambian de uso al mismo, lo cual constata por sus propios medios en campo expuesto a la violencia del usurpador, las alertas de GEOBOSQUES del Ministerio del Ambiente, la supervisión de OSINFOR u otra diligencia o cuando le comunican otros actores sobre esta ocurrencia en la unidad o área de manejo de bosque y acude a poner las denuncias ante las autoridades, recibe más o menos esta respuesta:
El Ministerio del Ambiente: No es su función, solo hace teledetección desde Lima, porque está encargado del módulo de control y monitoreo satelital que es parte del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre a cargo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, conforme al Decreto Legislativo Nº 1220. La Procuraduría Ambiental, interviene en las investigaciones fiscales si la notifican y en algunos casos formula denuncias, su oficina central está en Lima. Pero, no tiene como función específica atender las denuncias de tala ilegal por cambio de uso y desbosque. El SERNANP solo se avoca a las Áreas Naturales Protegidas. Recomendando que vayas a la autoridad competente.
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: Conforme a la Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, solo es punto focal para recepcionar denuncias sobre infracciones forestales, las cuales deriva, pero no tiene como función atender las mismas. Por ende, te recomiendan ir a la autoridad competente.[1]
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre: Conforme al Decreto Legislativo Nº 1085 Ley de Creación de OSINFOR (diría de recreación conforme al TLC EEUU-Perú y su Anexo Forestal), solo puedo supervisar, controlar y sancionar al titular de título habilitante que trabaja conforme a su plan de manejo, es decir, te puedo supervisar, fiscalizar y sancionar a ti. Pero, no tengo como función supervisar, fiscalizar y sancionar a terceros (migrantes y otros invasores), por tanto, no puedo hacer nada contra ellos, pero si contra ti. Te recomiendan ir a la autoridad competente.
El Gobierno Regional: Es el competente en la vía administrativa, porque se le han transferido las funciones, pero no cuentan con presupuesto para hacer las inspecciones oculares y tienen sobre carga procedimental.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental: Tiene la función de perseguir el delito y ejercitar la acción penal, pero no tienen presupuesto y padecen de sobre carga procesal y su denuncia debe esperar su turno de atención. Te notifican después de 5 o 6 meses, quizá 1 año, algún tipo de respuesta.
Por ello, el control del cambio de uso y desbosque ilegal realizados por terceros, que se practican en áreas de títulos habilitantes, solo lo controla el titular de título habilitante con lo que tiene, con lo que puede. Pero, la autoridad por no tener competencias, no tener presupuesto o padecer de carga procesal, no atiende las denuncias. En este escenario, el titular se juega su patrimonio, su tiempo (que ya no lo dedica al manejo sino a la custodia de los distinto frentes) y hasta su salud o su vida y la de sus trabajadores. Qué autoridad reconoce y compensa este hecho? Ninguna. Aquí diríamos cumple el rol del perro del hortelano, no custodia ni apoya la custodia que realiza el titular.
Pero, sobre el área de manejo hemos estructurado asignación de funciones en demasía:
El Ministerio del Ambiente: Hace teledetección sin discriminar si el área está sometida o no a manejo forestal o si existen autorizaciones. Por tanto, la apertura de carretera o aprovechamiento, se alerta o forma su tasa de deforestación o degradación. Se señala en sus publicaciones "Cabe precisar que el reporte no identifica si los caminos tienen origen legal o ilegal (autorizaciones). Corresponde ahora a las entidades públicas competentes hacer uso de este nuevo insumo para una mejor gestión del bosque" (http://geobosques.minam.gob.pe/geobosque/view/blog/?p=51).
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre: Conforme a la Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, si el titular declara especies para aprovechar CITEs en su Plan Operativo, tiene que esperar a que SERFOR inspecciones de manera previa con el Gobierno Regional y si le apetece con OSINFOR. Ello, impone una demora en el procedimiento de aprobación del plan operativo de 8 meses a 1 año sino más, bajo el argumento de inexistencia de presupuesto.
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre: Supervisa el cumplimiento de las obligaciones del titular de título habilitante, es decir, se concentra en las áreas sometidas a manejo, en virtud a las conductas que despliegue el titular. Las conductas ilegales de terceros que deforestan o degradan el área, no les son de su competencia y en algunos casos han sido atribuidas al titular, bajo lo cual lo han sancionado o caducado. Más aún, en las huelgas de Tocache, OSINFOR conforme a las Actas suscritas, se compromete con las Rondas Campesinas (organización de quienes invaden y cambian de uso los bosques con fines agrícolas), en capacitarlos para que sean los veedores de las supervisiones que realizan a los concesionarios (titulares de títulos habilitantes). O sea, empoderamos a los invasores, a los traficantes de tierras organizados (modelo San Martin que se va regando por toda la Amazonía), y relativizamos la posición de quienes están implementando el modelo de manejo y aprovechamiento forestal gestando el control o haciendo frente al avance de la deforestación en los bosques naturales. Así se van dando las sociedades estratégicas entre OSINFOR y los invasores. La pregunta es ¿Eso a quién favorece?
El Gobierno Regional: Tiene las funciones transferidas, pero el titular padece por la demora en la atención de los procedimientos administrativos (aprobación de planes operativos, planes generales de manejo, movilizaciones, reingresos, etc), todo se burocratiza, todo tiene la cultura del papel de acuerdo a las normas expedidas por el SERFOR. Por no contar con presupuesto, no contar con personal suficiente, porque el personal no cuenta con las capacidades, porque las normas no son claras, porque todo se consulta al SERFOR y en este no hay capacidades. Por no contar con sistema nacional de información forestal y de fauna silvestre y el respectivo módulo de control. Pero si alguien denuncia al titular de título habilitante, hasta por presunción te pueden parar todo tipo de atención.
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental: Tengo la función de perseguir el delito y ejercitar la acción penal, para ello se nutre de los informes de supervisión de OSINFOR por lo general, lo cual se concentra en los titulares de maneo, o sea los formales. Si los caseríos, las rondas campesinas, entre otros, denuncian al titular, denuncian al formal, de inmediato te pueden investigar y paralizar. Más aun, cando la norma penal, la Ley 28263 y los Decretos legislativos Nº 1237 o el Nº 1220, se concentran en la conducta del titular de título habilitante, del profesional que lo asiste o el funcionario que aprueba. Pero, nada dice de quien deforesta, de quien emite el certificado de posesión, de quien autoriza y financia la carretera desde el Municipio o desde DEVIDA, etc. Nada dice la norma penal o la de interdicción de eso. Por tanto, el malo de la película, es quien ha sido visibilizado en la norma penal, es a quien deben de perseguirlo.
Es decir, se concentra el control, la supervisión, fiscalización y sanción administrativa y penal, donde hay bosque y existe titular de título habilitante o manejador forestal formal que lo custodia y aprovecha sosteniblemente. En base a él, se gestan las supervisiones, los procedimientos sancionadores, las investigaciones fiscales y judiciales, se gestan los registros de infractores y por ende la información oficial. Y se deja absolutamente libre, sin visibilizar al deforestador, al invasor, al cambiador de uso, el no aparece en las investigaciones, en los procedimientos o procesos sancionadores, en los registros en las estadísticas, en la información oficial. Ellos pasan piola. Sobre esa información, se gesta la toma de decisiones, sobre la excesiva visibilización del titular de título habilitante (formal) y el no gratuito oscurantismo en el que se mantiene el deforestador permitiendo el tráfico de tierras de aproximadamente dos millones de hectáreas.
Si uno le pone el precio más bajo al que se trafica la hectárea en el monte, que es soles 1.000, entonces dimensionará que se ha llegado a un nivel de tráfico de tierras por un monto de S/. 2,000,000,000.00 (dos mil millones de soles). Hemos conocido que en selva, los precios van desde S/. 1,000.00 hasta los S/. 30,000.00. Imaginen la dimensión del negocio de tráfico de tierras, valorando la tasa acumulada de deforestación entre el 2001 al 2018 y su precio en S/. 30,000.00 la hectárea o ejercitémonos con la tasa promedio anual de deforestación de aproximadamente 150,000 has, hablamos de cifras muy grandes. Es economía ilegal, no es tomada en cuenta.
Entonces, no hablemos de los pobres que van de chacra en chacra, para su pan llevar, ahora estamos hablando de mafias muy bien organizadas, que van de San Martin a cualquier otra Región Amazónica, para que invadan y luego les vendan las chacras y en conjunto van haciendo grandes extensiones a los ya grandes arroceros, palmicultores, etc.
Adiciónese a ello que ante la ausencia de control de la deforestación por el Estado, en el monte el traficante impone la fuerza a punta de bala, es la organización criminal la que impone el orden. Es la que expulsa al concesionario, al titular del permiso, el que lo hace abandonar el área amenazando a él, a sus trabajadores, a su maquinaria y equipo, para imponer su modelo. Crea conflicto social y luego impone el terror a punta de muerte. Así se explica las seis muertes de campesinos de la Región San Martín, que bajan a Bajo Rayal en Curimana, por el sueño de la chacra de arroz. Osea hemos pasado ya en este tiempo de la deforestación inatendida, al tráfico de tierras, a la asociación ilícita, al lavado de activos y al terror.
Esa forma de migrar, de invadir bosque, de sembrar coca, arroz, palma aceitera, de venderle o traficar a quien los envía o a quien tiene el dinero y quiere aglomerar chacras con medianas extensiones, formar el caserío, de reconocerse políticamente, de designar autoridades (tenientes gobernadores, Juntas Directivas), luego reconocerse como comunidades campesinas, formar sus rondas campesinas, sus municipio menores y la elección de sus autoridades, etc. Ocurrido ello, le hacen frente a todo tipo de ordenamiento y asignación de derechos forestales, porque su visión es agrarizar el bosque. Esa dinámica no la hemos estudiado ni comprendido y sigue girando la rueda, sin que nadie pueda detenerla, destruyendo y quemando bosques anualmente. En ese modelo, no vale la madera, la madera se quema adentro y se acabó. Solo se quiere la chacra.
Pero para los tomadores de decisiones en Lima, para el que hace teledetección desde su escritorio, para los que disciernen en hoteles y cocteles, el problema del bosques se reduce a tala ilegal definida como aprovechamiento forestal, que lo hace el titular de título habilitante, es decir, el formal. Así se define la tala ilegal, en la mismísima Estrategia Nacional de Conservación de Bosques del MINAM (Cuadro 08. Causas Directas e Indirectas de la Deforestación de los Bosques Amazónicos, página 45). La imagen del deforestador, es la de un campesino pobre que tiene que ser apoyado, más aun, si es cocalero, para ellos el título y la subvención económica en la reconversión en chacra de café, cacao, maíz, arroz, etc; y, sobre ese modelo agrario debemos gestar el desarrollo de la Amazonía ¡Tremenda torpeza!
De esto hablamos, mientras unos hacen teledetección sin impactar en nada en el control de este flagelo, los invasores y traficantes, van aprovechando esta forma de hacer gestión de bosques desde Alicia y el país de las Maravillas (Lima), para incrementar el tráfico de tierras, el lavado y el reino del terror.
Sobre ese proceder del Estado, se gesta la realidad que se muestra en la foto de Bajo Rayal en Curimana que se presenta, donde existe ordenamiento y asignación de derechos, el titular custodia, cuida solo y mantiene el bosque en pie. Donde es área libre, el bosque se destruye, se cambio de uso, sin que se tenga responsabilidad alguna y si que le importe al Estado.
El problema de la inatención del cambiador de uso o deforestador y la atención exacerbada o iperactiva concentrada en el titular de título habilitante que mantiene en pie los bosques, se agrava:
Cuando el cambio de uso y desbosque se produce en bosques de libre disponibilidad, es decir, donde no hay un titular que custodie, que ponga el pecho al avance de los migrantes, de los mineros, de los cocaleros. Puede inferir que ocurre en estos espacios. Así es, es donde se produce en mayor cantidad y proporción la deforestación, es donde alcanza el 42% de aporte a la tasa anual y acumulada.
De igual manera ocurre, cuando tienes un bosque ordenado donde no se asignó derecho alguno o donde se asignó derecho y se caducó y revirtió al Estado, pasando a tener la misma condición que el área libre. Porqué sucede esto? Porque, el Estado no invierte presupuesto en custodiar los bosques ordenados no asignados en derecho.
OSINFOR va caducando concesiones y se vuelven áreas libres. Quedando muy pocas concesiones hoy por hoy cumpliendo el rol de defender el avance de deforestación contra los bosques.
La evidencia que muestra la gravedad de este problema, la podemos encontrar:
En el Informe Nacional de Conservación de Bosques del 2016 del Ministerio del Ambiente, en el que se da cuenta que en los bosques no ordenados ni categorizados, concentra el 42% de la deforestación, mientras que en ANPs y otras formas de tenencia otorgada, se da entre el 1 y 17%.
En la información expuesta por OSINFOR en la Mesa Ejecutiva para el Desarrollo Forestal, da cuenta, que en la Región Ucayali, las concesiones soportan el 4% de la pérdida de bosques, mientras que fuera de ellas se produce el 96% de la deforestación. Aquí se advierte una tasa de deforestación mucho mas alta y esfuerzo para comprender las dinámicas entre títulos habilitantes y deforestación. Cosa que no se advierte en los otros sistemas.
En estas condiciones, se ha generado la pérdida acumulada de casi 2 millones de hectáreas entre el 2001 al 2018; y, se incrementó en un 220% la tasa anual de deforestación.
Es decir, la destrucción del bosque, no se realiza, pese a los esfuerzos de los titulares de títulos habilitantes. Quienes realizan esta lucha por la conservación de bosques solos, exponiendo su integridad psico física, en simple su vida, y la de sus trabajadores.
El día de ayer, en el diario oficial El Peruano, se publica la Resolución Suprema Nº 021-2018-EF, en cuyo artículo 1º, se acepta "la Cooperación Técnica No Reembolsable que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por US$ 5 millones, para apoyar la "Fase II del Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional para la Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada y Degradación de Bosques en Perú", la que es ejecutada por el Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático."
O sea, falta presupuesto en los Gobiernos Regionales y el Fiscalías Especializadas Ambientales- FEMAS, pero, se consiguen fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo, para el Programa Nacional de Conservación de Bosques, que conforme lo evidenciamos, no cumple ninguna función por ley en la Gestión de Bosques. No recibe denuncias, no procesa denuncias, no realiza inspecciones, no controla, fiscaliza, ni sanciona. Solo hace teledetección desde Lima, desde gabinete. A éste programa, se le asigna este presupuesto.
El proyecto de la Fase II que se encuentra colgado en la página del BID, contempla las siguientes actividades:
- Integrar el Sistema de monitoreo y la asignación de recursos.
- Vincular el Sistema de alerta temprana con los organismos ejecutores de la fiscalización y denuncia. Estimar los costos operativos de la fiscalización.
- Capacitar al personal de monitoreo
- Registrar actividades REDD+.
- Implementar el mecanismo de distribución de beneficios.
- Diseñar el mecanismo de resolución de reclamos REDD+ (siguiendo lineamientos en el Enfoque Común FCPF) integrándolo con el Sistema de salvaguardas.[1]
Cuál de las actividades va lleno a proveer fondos para Gobiernos Regionales y Fiscalía para el control de la deforestación? La respuesta es ninguno. No tienen esa lógica, no entiende esa lógica. Siguen y afianza la lógica de la teledetección que se hace con imágenes satelitales, pero nada de ir a campo a entender cuál es la dinámica socio forestal en la que se desenvuelve este fenómeno. Para eso, nada.
Y claro, como no está vinculado a atender el problema central y es un fondo no reembolsable, comenzamos a conocer que están previstos distintos componentes y consultorías para satisfacerlos sin que impacte en la reducción de la tasa anual o acumulada de deforestación. Es decir, vamos vaticinando que tendremos una lluvia de millones de dólares en favor de las consultorías, sin ningún resultado en el control de la deforestación.
Debe agregarse que el Programa Nacional de Conservación de Bosques, fue creado por un Decreto Supremo Nº 008-2010-MINAM (vigente desde el 16.07.2010) con un plazo de vigencia de 10 años, señalando que Perú había expuesto como propuesta la reducción de la tala y quema de bosques, además de comprometerse en llegar al 2020 con una tasa de deforestación cero (0) y que iba a conservar sus bosques. Desde que inicio sus actividades hace ocho años, conforme a su propia información, teníamos una tasa anual promedio de deforestación que bordeaba las 70,000 has, al 2014 subimos hasta 174,000 has perdidas. Es decir, que implementando el Programa Nacional de Conservación de Bosques y Cambio Climático, no solo no disminuimos la tala y quema de bosques, sino que con la cooperación internacional o presupuesto público del cual se hizo uso bajo este Programa, se contribuyó a generar el incremento de la tasa anual de deforestación en un 220%. Si fuese por los resultados, como Programa presupuestal, con el análisis de esta variable, lo hubiese reubicado a cargo de quien tiene función rectora o efectiva en materia de Gestión de Bosques y tiene una mirada no de teledetección sino de trabajo en campo del problema. Pero en nuestro país, el discurso de la gestión por resultados parece ser una caricatura, la evaluación de los resultados para mantener o modificar modelos, es un discurso de capacitación en gestión pública en universidades.
Sobre el destino estos recursos no reembolsables que brinda el Banco Interamericano de Desarrollo - BID, a partir de quienes gestionarán en el Ministerio del Ambiente los mismos, debemos leer el Informe de Auditoría Nº 017-2016-2-0052 "Verificación de presuntas irregularidades en servicios de consultorías y contrataciones para arrendamiento y acondicionamiento del local del Servicio Nacional Forestal y de fauna Silvestre", a efectos de saber qué fines tendrán. Desde agosto del 2017 hasta hoy, en la Contraloría General de la República, no le aperturan proceso a los responsables de las exoneraciones ilegales para adquisición a precio millonario de muebles y equipos para el local alquilado (también a precio millonario) en la zona exclusiva de La Molina (donde no hay bosques pero si existe foresta de jardines, macetas y muchas ONGs). Esperamos que no se quieran dar la manito entre hermanitos, entre compadritos o comadritas, como en las llamadas telefónicas, a partir de la prescripción a un (1) año desde que MINAGRI trasladó el Informe a Contraloría General de la República (agosto del 2017) y no inician el procedimiento disciplinario, quizá con el fin de que sigan siendo Ministros, Secretarios Generales, Asesores, etc, en otros Ministerios. Bríndenle una chequeada al Comunicado de SERFOR sobre la presunta falsificación de documentos (que habrían hecho y permitido determinados funcionarios del SERFOR incluyendo como trabajadores a sus familiares que no lo eran) para obtener préstamos del Banco GNB, que determinó defraudación hasta por casi 11 millones de soles.[3] Sobre cuyos resultados la Oficina de Control Interno del SERFOR, la misma Contraloría no conocemos que hayan emitido informe y tampoco sabemos si SERFOR terminó sancionando con inhabilitaciones al ex Secretario General y Directores involucrados o fue pantomima su publicación a la opinión pública en el caso Bango GNB. Hoy los involucrados en estos actos, están de altos funcionarios en el Ministerio del Ambiente, lo cual, no puede dar un derrotero de cómo concluirá esta lluvia de millones.
Hoy nos encontramos en el transcurso del plazo de 60 días para la Delegación de Facultades otorgada por el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, la cual debería servir para plantear algunas alternativas legales para afrontar el flagelo de la deforestación.
Por ello, se recomendaría:
a) Reevaluar la forma como se asignó funciones para la atención de la deforestación. Se debe asignar competencia y funciones a OSINFOR, para encargarse de controlar, supervisar, fiscalizar y sancionar las conducta que devienen en causas directas de deforestación en todo el territorio nacional, sin distinguir si es ANP o no.
b) Modificar el Reglamento de la Ley Forestal, a efectos de visibilizar o tipificar como infracciones, las conductas que son causas directas de deforestación y la habilitación o financiamiento de estas conductas.
c) Modificar el Código Penal, para precisar las conductas que componen las causas directas de deforestacion, las conductas de las autoriades que posibilitan o validan éstas conductas; y, las conductas de quienes financian estas conductas.
d) Apoyar, reconocer y compensar o financiar la labor de custodia de los titulares de habilitantes que hacen frente a la deforestación. Reconocer a quienes han entregado su vida en este propósito.
e) Se debe reasignar el Programa de Conservación de Bosques al Ministerio de Agricultura y Riego, a efectos de que desarrolle la funcion de financiamiento a quienes cumplen el rol dentro del modelode manejo y aprovechamiento forestal, a quienes se preocupan de mantener en pie y productivos los bosques naturales del Perú.
g) OSINFOR no puede volver a repetir el craso error de vincularse a las rondas campesinas ni empoderarlas contra los titulares de títulos habilitantes, peor aún en San Martin que es la Región que viene exportando a las demás regiones amazónicas un modelo de deforestación acelerada a través de la invasión, quema y cambio de uso.
h) Se debe comenzar a operar en mega operativos para identificar a los actores promotores e intervenirlos en casos emblemáticos de deforestación, caso Bajo Rayal en Curimana (Ucayali), por ejemplo, donde luego de las seis (6) muertes, las bandas siguen fomentando la invasión del Bosque de Producción Permanente y amenazando a los titlares de títulos habilitates.
i) Si se mantienen las competencias, entonces se debe transferir los fondos para que cumplan funciones los Gobiernos Regionales y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental. Esa lluvia de millones en manos de quienes ejercen real función producirá resultados.
Si eso no ocurre y se mantiene la misma forma de invertir lo poco que se tiene para dar tratamiento a la deforestación, será una buena y larga vida a los consultores y miembros notables (conforme al término de moda), que se beneficiarán de las consultorías en esta lluvia de millones.
Ojalá y no sea ni buena, ni larga la acción de los deforestadores, de los traficantes de tierras, de los dueños de las bandas, de los alcaldes, de los comuneros campesinos, de los tenientes gobernadores, de todos quienes van emitiendo sus constancias de posesión y sus aliados estratégicos, que van armando la venta de tierras previa destrucción de bosques.
Bajo la lógica de intervención financiera planteada, nunca se aterrizará en campo para controlarlos y sancionarlos; el dinero se quedará para las consultorías en Lima, para hoteles, cocteles, los jugosos sueldos y por ende el incremento o manutención de las tasas promedio de deforestación de los últimos 5 años sobre las 140,000 has año.
Bienvenida la lluvia de millones, en Alicia y el país ambiental de las maravillas, lugar en el que se lo gastarán en nombre del control de la deforestación que sigue sobre los 140,000 has año.
[1] http://appweb.serfor.gob.pe/denunciasserfor/
[1] https://www.iadb.org/es/project/PE-T1385
[3] Carpeta Fiscal Nº 506010105-2017-141-0 Quinta Fiscalía Provincial penal de Lima. CARTA Nº 198-2017-SERFOR-DE (04.08.2017) por la que se apertura procedimiento administrativo disciplinario contra José Valdivia Moron (ex Secretario General de SERFOR); y, la CARTA Nº 277-2017-SERFOR-OGA-ORH (29.08.2017) por la que se apertura procedimiento administrativo disciplinario contra Lita Aime Verástegui Soto (ex Directora de Personal).
UY-PRESS - Montevideo - URUGUAY - 17 julio 2018