REGLAS CLARAS CONSERVAN LA AMISTAD
UPM condiciona inversión a que se regulen ocupaciones
Gobierno, Pit-Cnt y UPM negociarán protocolo de prevención de conflicto.
P. S. FERNÁNDEZ / M. DA SILVA
El martes 8 de noviembre se firmó el contrato de inversión en la Torre Ejecutiva. Foto: M. Bonjour
El 8 de noviembre se firmó el contrato de inversión en la Torre Ejecutiva. Foto: M. Bonjour
El gobierno uruguayo dio un paso muy importante para concretar la inversión más grande en la historia en el país.
El contrato de inversión para la segunda planta de celulosa de UPM está firmado. Ahora la administración del presidente Tabaré Vázquez tiene que cumplir con una serie de deberes.
La empresa finlandesa puso como condiciones excluyentes para confirmar la inversión, que el Estado uruguayo realice las inversiones en infraestructura necesarias. En especial la reconstrucción del ferrocarril. Pero otro de los puntos clave —establecidos en el documento firmado por las autoridades del Poder Ejecutivo y la empresa UPM— es referente a la prevención de conflictos laborales.
De no lograr una ley, decreto, o convenio colectivo para regular los piquetes y ocupaciones, los finlandeses advirtieron en el documento que no garantizan la construcción de la megaplata de celulosa en el centro del Uruguay.
Para eso, fuentes de UPM confirmaron a El País en la noche de ayer que se trabajará en la conformación de un "protocolo de prevención y solución de conflictos". En la mesa de negociación participarán representantes del Ministerio de Trabajo por el gobierno, el Pit-Cnt por los trabajadores, UPM y las cámaras empresariales.
Este tema es clave para la confirmación de la nueva planta de celulosa. Por eso ocupó un espacio importante en la primera parte de las negociaciones y "largas discusiones", explicaron a El País dos fuentes del gobierno.
"UPM cree en las relaciones y en el diálogo abierto con todos los actores y grupos de interés", explicó la fuente de la empresa finlandesa. El proyecto implica una inversión de unos US$ 4.000 millones por parte de la empresa, más otros US$ 1.000 millones que deberá desembolsar el Estado para infraestructura.
"El proyecto requiere reglas y prácticas claras para todas las partes", sostuvo la fuente de la empresa finlandesa. "Herramientas de prevención y planificación permiten un manejo proactivo de conflictos y generan un ambiente de trabajo estable y previsible", agregó el informante.