Una primera lectura del acuerdo ROU - UPM
Mientras UPM no se obliga a nada y podría decidir no hacer la inversión aunque Uruguay cumpliera con todo lo que se le exige, Uruguay tiene que empezar ya a trabajar para llegar al 2020 con todo pronto para que UPM resuelva construir la nueva planta.
Dr. Ope Pasquet
Una primera lectura del llamado "contrato" entre UPM y el gobierno uruguayo me provoca una cierta preocupación.
Para empezar, no es un contrato.
Los contratos son fuentes de obligaciones.
Las obligaciones son vínculos jurídicos que generan deudas y consiguientes responsabilidades: si me obligo, debo cumplir, y si no cumplo, incurro en responsabilidad que mi acreedor puede exigirme ante la Justicia, obligándome a reparar los daños y perjuicios causados por mi incumplimiento.
Acá no pasa eso. La cláusula 4.5 del acuerdo establece expresamente que las partes no incurrirán en responsabilidad alguna por el incumplimiento de obligaciones, antes de que UPM tome la Decisión Final de Inversión (DFI). Si no hay responsabilidad, no hay obligaciones; y si no hay obligaciones, no hay contrato.
En realidad, lo que se firmó fue una declaración de intenciones de ambas partes. UPM declara su intención de considerar la posibilidad de construir otra planta de fabricación de celulosa en Uruguay, si Uruguay satisface una serie de requisitos en materia de tratamiento fiscal de la inversión, infraestructura, relaciones laborales, etc. El gobierno uruguayo, a su vez, declara su intención de satisfacer esos requisitos; tendrá que hacerlo antes del 15 de febrero de 2020, pues esa es la fecha en la que vence el plazo para que UPM tome la DFI,
El problema es que, mientras UPM en realidad no se obliga a nada, y podría decidir no hacer la inversión aunque Uruguay cumpliera con todo lo que se le exige (así lo establece claramente la cláusula 4.3 del acuerdo), Uruguay tiene que empezar ya a trabajar, para llegar al 2020 con todo pronto para que UPM resuelva construir la nueva planta.
Así planteadas las cosas, es claro que, al cabo de la negociación con la empresa, el gobierno uruguayo ha quedado en una posición muy vulnerable. Dentro de un tiempo, nuestro país ya habrá asumido compromisos (deudas) para cumplir con las tareas que el acuerdo pone a su cargo; específicamente, en lo que tiene que ver con la construcción de la vía férrea que conectará a la nueva planta con el puerto de Montevideo. Si en ese momento, la empresa le dice al gobierno que necesita más beneficios para invertir, pues de lo contrario no le resultaría redituable hacerlo, el gobierno probablemente conceda lo que se le pida, con el argumento de que más le costaría que, ante la negativa, UPM decidiera no invertir. Hay que tener presente, en este punto, que el Anexo II del acuerdo, que contiene el cronograma para la satisfacción de las llamadas "Condiciones Necesarias" para que UPM tome la DFI, dice expresamente que la lista de tales Condiciones Necesarias no es taxativa; es decir, que puede haber otras condiciones, además de las establecidas expresamente en el acuerdo. La puerta quedó abierta.
El gobierno se anticipó a esta observación, bastante obvia por cierto, y hace un tiempo dijo que las obras de infraestructura comprometidas se harían igual, con o sin acuerdo con UPM. Cuesta creerle. El Ing. Lucio Cáceres estimó, en nota publicada en El Telescopio el pasado 29 de agosto, que el costo de la obra ferrocarrilera no sería inferior a los U$S 500 millones. Lo que haría rentable la inversión es que UPM proyecta transportar por ahí no menos de 2 millones de toneladas anuales. Actualmente, lo que se transporta en ese tramo anda en torno a las 200.000 toneladas anuales; demasiada diferencia, como se ve, para que pueda decirse seriamente que la inversión en el ferrocarril se haría igual, con o sin UPM.
El gobierno se ha jugado a UPM, y al hacerlo, ha quedado en una posición de gran debilidad frente a la empresa, que evidentemente ha dictado los términos del acuerdo. Sólo cabe desear que esos términos no se hagan más gravosos para el país en el tiempo que falta para que UPM adopte, a su sola discreción, su Decisión Final de Inversión.