Agua turbia

El Parlamento aprobó la nueva ley de riego con críticas desde un sector de la academia, parte de la oposición e incluso de varios sectores del oficialismo
La nueva ley de riego aprobada por el Parlamento días atrás, con respaldo de todos los partidos, abre la posibilidad a los productores de asociarse para acceder a ese recurso, busca atraer inversiones y apunta a incrementar la producción agropecuaria del país, dándole estabilidad a los cultivos y certidumbre más allá del régimen de lluvias.

Pedro Silva yDiego Cayota
El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, un experto en el uso del agua en la producción por su condición de productor y expresidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), ha impulsado la iniciativa desde el comienzo de su gestión en marzo de 2010, en el entendido de que el riego le pondría un segundo piso a la producción.

Esta condición también levantó críticas en la oposición por entender que el ministro se beneficia directamente.

Una de las novedades de la nueva norma, que sustituye la que estaba vigente desde 1997, es la creación de las sociedades y asociaciones agrarias de riego con el objetivo de que el uso del riego no sea algo predial e individual, sino colectivo y multipredial mediante la construcción de represas de cierto porte en determinadas cuencas de agua.

En el caso de las sociedades, que son cerradas, se tratará de varios productores que se junten para hacer la inversión. En las asociaciones agrarias de riego, en cambio, la estructura será abierta, bajo ciertas condiciones que prevé la ley y bajo las reglas que se dispondrán en el contrato. Su naturaleza responde al negocio colectivo, el cual se caracteriza por admitir la decisión por mayorías, crear reglas internas objetivas y abstractas –los estatutos– y permite el ingreso de nuevos socios y el egreso sin afectar el negocio constitutivo. Otra innovación es que se prevé que en las asociaciones haya productores regantes y no regantes, así como inversionistas que pueden ser ajenos a la actividad, pero que apuesten a una inversión que seguramente rondará los 15 o 20 años.

Por otra parte, la norma prevé el otorgamiento de las exoneraciones impositivas previstas en la ley de inversiones, así como la creación del operador de riego, figura que puede ser un individuo o una empresa, y cuyos cometidos se incluirán en la reglamentación de la ley.

El agua que hay embalsada en Uruguay para regar arroz, si estuviera en la zona del litoral donde se siembra la soja, el maíz y los cultivos forrajeros, alcanzaría para regar 650 mil hectáreas, la mitad del área dedicada en el corazón agrícola.

Según ha dicho Aguerre, eso sería una revolución productiva, donde sería viable la producción de maíz y, en lugar de producir 3, 4 o 5 toneladas por hectárea, se producirían 13 o 14 toneladas.

La mayoría de las 1.266 represas de uso agrario que existen en el país –la mitad de ellas dedicadas al cultivo del arroz–, están construidas en las nacientes de las cañadas por donde corre el agua de lluvia, lo que permite cosecharla. Pero Uruguay apenas cosecha 5% del agua de lluvia que escurre.

Debate
Si bien la ley tuvo amplio respaldo, también surgieron voces críticas en el Parlamento. En el oficialismo, los diputados de Liga Federal, Darío Pérez y Sergio Mier, votaron por disciplina partidaria y luego de lograr que se le introdujeran ciertos cambios que contemplaban su posición (ver recuadro), mientras que en la oposición la senadora blanca Carol Aviaga fue de las más críticas con el proyecto.

La senadora pretendía que la comisión de vivienda y ordenamiento territorial también fuera parte del tratamiento del proyecto –no solo la comisión de ganadería– pero el Frente Amplio (FA) desestimó el pedido. “Es necesario una ley de riego, pero no de esta forma”, dijo Aviaga a El Observador. La senadora también criticó la creación de un “mercado del agua” y la posibilidad de que se generen grandes monopolios, al tiempo que no están contemplados los pequeños y medianos productores. “La evaluación ambiental estratégica brilla por su ausencia”, criticó.

En el mismo sentido se expresó Pérez durante la discusión en la Cámara de Diputados. Aunque reconoció que los “dados están echados”, realizó una serie de críticas al proceder del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). “El MGAP en sus genes, y en lo que es hoy, tiene una visión absolutamente economicista, utilitaria y productivista. Sin importar a qué costo, hace tiempo vienen remolones en aquellas cosas que atañen al medio ambiente”, dijo.

“Esta ley carece de percepción del riesgo ambiental y se aprovechan de la enorme ignorancia en la que nos encontramos”, dijo durante el debate. El proyecto impulsado por el MGAP está respaldado en el documento Estrategia de fomento del desarrollo de la agricultura regada en el Uruguay realizado por el Banco Mundial. “Si ustedes en el canto de la hoja encuentran alguna cuestión relativa a cuidados medioambientales los felicito. Solo habla de aumentar el valor de la tierra y la productividad”, dijo el diputado, en referencia a ese documento y cuestionó que la izquierda presente proyectos de ley basado en estudios del Banco Mundial. La senadora oficialista Constanza Moreira (Casa Grande) también se pronunció en contra de la ley y pidió conformar un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de la aplicación.

Desde la oposición criticaron que esta ley beneficia al ministroAguerre –que es productor arrocero–. “Este es el proyecto Aguerre. Quiere dejar su obra maestra culminada y reglamentada antes de irse”, argumentó el diputado blanco Gastón Cossia al votar en contra.

La academia se opone
Los profesores de la sección Limnología de la Facultad de Ciencias se pronunciaron en contra en junio de 2016. Esa área es la que estudia los impactos físicos y biológicos de los ecosistemas de agua dulce. “Este proyecto no considera el impacto ambiental de la construcción de represas a gran escala”, dice la carta difundida. Para los académicos, la construcción de represas implica la pérdida de biodiversidad de flora y fauna. Además, esas construcciones aumentan el tiempo de residencia del agua, y con ello su temperatura y transparencia y eso puede llevar a que aumente el riesgo de que se desarrollen “floraciones algales y de cianobacterias potencialmente tóxicas”.

“Visto que no se trata de una acción puntual en un sitio, sino de una iniciativa a escala nacional, consideramos que es nuestro deber alertar sobre las eventuales consecuencias ambientales del referido proyecto”, cierra la carta.

Por su parte, los catedráticos del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República también se posicionaron en contra del proyecto.

Según plantean en un documento al que accedió El Observador, la ley dice que es necesario mejorar el “aprovechamiento” de los recursos hídricos, pero, según los investigadores, se fundamenta en conceptos erróneos respecto del funcionamiento de los cursos de agua, embalses, y del ciclo hidrológico en general.

El texto considera a ríos y arroyos como “transportadores del agua” y para los investigadores esto desconoce los fundamentos básicos del ciclo hidrológico.

Diario EL OBSERVADOR - Montevideo - URUGUAY - 28 octubre 2017