Trabas y demoras con UPM
Mientras se sigue postergando el complejo acuerdo con UPM por la nueva planta de celulosa, el sindicato ferroviario, uno de los muchos sectores que se vería favorecido con el proyecto, emerge como su peor enemigo. Por segunda vez en poco tiempo, la Unión Ferroviaria frustró con un paro el trabajo de los técnicos de la empresa finlandesa que estudian el estado y el futuro trazado de las vías. La actitud de obstrucción viene desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez. Estaba avanzado un acuerdo con un consorcio privado para recuperar el ferrocarril, pero se frustró por la oposición sindical. Lo mismo ocurrió más tarde cuando el entonces presidente José Mujica aseguró que empresas chinas vendrían a poner a punto el sistema, promesa que quedó en la nada.
La posición sindical obstaculiza el acuerdo final, ya que uno de los temores que mantiene indecisa a la empresa es la conflictividad laboral que frecuentemente ha complicado el funcionamiento de las dos plantas existentes.
No es el único tema que traba la conclusión de las negociaciones. Vencido el 30 de junio el plazo anunciado por el gobierno para cerrar el acuerdo, el presidente Vázquez predijo una postergación de unos pocos días. Pero no está claro que así ocurra, debido a la indefinición del gobierno en cómo financiará las obras de infraestructura que tiene que realizar, a un costo de unos US$ 1.000 millones, como contrapartida a la inversión de UPM de US$ 4.000 millones en la construcción de la planta. Las obras incluyen trazado y mejoramiento del deteriorado sistema de vías, así como de mejoramiento en el puerto de Montevideo para el embarque de la producción.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, había expresado inicialmente la esperanza de que el tema estuviera resuelto en mayo. Una opción considerada entonces era financiar las obras bajo el régimen de participación público privada (PPP). Pero esa vía ya parece descartada por la pesadez burocrática para tramitarla, ya que a varios años de su aprobación la ley sigue sin despegar. Lo único sustancial logrado es la construcción en marcha de una cárcel moderna, pero no se ha logrado utilizarla para financiar obras viales de envergadura o aplicarla al mejoramiento de la red ferroviaria, más allá de que, tras casi dos años en los escritorios, el martes el gobierno autorizó la firma de primera PPP vial. Tampoco han dado resultado las gestiones de Vázquez en sus viajes a China, España y Alemania en los últimos meses para atraer capitales privados que se pudieran aplicar en parte a la recuperación del ferrocarril.
La posibilidad de hacer las obras con fondos públicos conlleva el peso de empeorar las cuentas del Estado, curso que contradice la actual prioridad del gobierno de bajar el déficit fiscal. Ha trascendido que también está a consideración hacerlo mediante la más tradicional concesión de obra o en una combinación de recursos públicos y algunos privados, sin llegar a la PPP que Rossi ha señalado como inviable por las demoras de años en su lento deambular burocrático por diferentes dependencias públicas. Obviamente las negociaciones con UPM han avanzado considerablemente y es probable que eventualmente se cierre el acuerdo definitivo. Pero los plazos son aún inciertos, fundamentalmente por las dificultades de financiación gubernamental de los trabajos de infraestructura pero también por la renuencia sindical a asegurar un mínimo de paz laboral, que el PIT-CNT duda considerar y la Unión Ferroviaria persiste claramente en trabar.