Gobierno, UPM y PIT-CNT avanzan en negociación tripartita que garantice paz sindical en la construcción de la futura planta
El objetivo de UPM es claro: evitar al máximo cualquier medida colectiva que pueda afectar el normal desarrollo en la construcción de su segunda pasta de celulosa en Uruguay, que implica una inversión cercana a los U$S 5.000 millones. Para eso nueve meses atrás comenzó las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el PIT-CNT. Hoy la tripartita se encuentra establecida bajo la mirada del ministro Ernesto Murro y se reúne periódicamente con el plazo de concordar en las próximas semanas y así llevar el convenio al acuerdo de inversión que el gobierno y la empresa finlandesa quieren firmar a fines de junio.
escribe Juan Pittaluga
Según señalaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, la negociación “ha avanzado sin ningún problema” pese a la intención de UPM de que exista una cláusula de paz laboral en el convenio. La empresa pretende acordar con el sindicato “temas estructurales” como salarios, capacitación, normas de seguridad e higiene y contratación de mano de obra e industria nacional, y asegurarse de que si cumple con lo pactado los trabajadores no realizarán huelgas, paros u ocupaciones mientras se construya su segunda planta de celulosa.
También quiere firmar un protocolo de prevención de conflictos que permita atender cualquier reivindicación sindical a través de instancias de negociación, sin que se perjudique la obra.
En el gobierno no ven inconvenientes a esas exigencias, aunque las fuentes afirmaron que “es imposible” evitar toda conflictividad porque “la obra dura muchos años” y en el camino pueden surgir “temas puntuales” que no estén contemplados en el convenio. El PIT-CNT también advirtió sobre este aspecto y explicó que históricamente sus reclamos obedecen a incumplimientos patronales y no a responsabilidades propias. De todas formas, observan con optimismo llegar a una “declaración de cuáles serán los principios rectores del asunto”, como lo definió su secretario general, Marcelo Abdala, el jueves 4 a la agencia EFE.
Abdala forma parte del grupo de negociación de los trabajadores que ha asistido a las tripartitas. Junto con él se encuentran el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca), Óscar Andrade; el dirigente de la Federación de Obreros Papeleros y Cartoneros del Uruguay (Fopcu), Julio Burgueño; y el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys), Milton Castellano. Este grupo se ha reunido con representantes del gobierno y de la empresa desde fines de 2016, pero ha manejado el contenido de la negociación con reserva total. De hecho, el grupo de negociadores ni siquiera informó de los temas abordados en esas reuniones al resto de los integrantes del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
Por el lado de UPM, quienes supervisan las discusiones son Jaakko Sarantola, vicepresidente senior de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay; Javier Solari, gerente general de UPM en Uruguay; y Gonzalo Giambruno, director de la Plataforma de Desarrollo de Negocios en Uruguay.
Para todas las partes involucradas, la confidencialidad de cada punto que se discute es un requisito clave y en el que el gobierno insiste a pedido de UPM. El presidente Tabaré Vázquez lo volvió a mencionar el lunes 8 en rueda de prensa. “Hay un acuerdo de confidencialidad como en cualquier negocio, que el gobierno va a respetar”, dijo. Ese acuerdo, que según Vázquez será firmado antes de fines de junio, define las condiciones previas para la inversión industrial, así como las obras necesarias para el desarrollo de la infraestructura: el programa de carreteras, los puentes, el tramo de vía hasta Paso de los Toros y las definiciones a nivel del puerto de Montevideo, entre otras.
Aunque el gobierno y la empresa son optimistas en cuanto a que la segunda planta se concretará, la reserva sobre la negociación los hace ser muy cautos en sus intervenciones públicas. En un comunicado divulgado el miércoles 3, UPM afirma que “iniciará el proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa” en Uruguay si el acuerdo de inversión se firma y si luego se concluye satisfactoriamente una segunda etapa de estudios y autorizaciones, que duraría de un año y medio a dos años.