Crisis vial exige visión y flexibilidad

La incertidumbre sobre la disponibilidad de capitales privados pone en riesgo el mejoramiento de la deteriorada e incompleta red vial, pese a ser tan apremiante como insustituible para mantener en marcha una economía en declinación. La inversión requerida en proyectos de Participación Público Privada (PPP), para complementar los escasos fondos del Estado, se estima en unos US$ 800 millones a lo largo del actual período de gobierno. Pero el ministro del área, Víctor Rossi, ha señalado la dificultad de asegurar la contribución privada, sin la cual poner en buen estado rutas nacionales y secundarias será imposible. Los fondos de inversión y empresas internacionales tienden a alejarse de los países emergentes en busca de colocaciones más seguras, especialmente desde que se afirmó la recuperación de Estados Unidos luego de la crisis de 2008.

La forma obvia de traer inversores es ofrecerles condiciones financieras atrayentes, que complementen la seguridad jurídica y la reputación uruguaya de país serio. La atracción se logra a través de los períodos de concesión, el sistema de peajes y la agilidad de los períodos de licitación y asignación. Este último requisito ha frenado hasta ahora el despegue efectivo de la PPP, con trámites lentos y engorrosos que desalientan inversores. A cinco años de la aprobación de la ley que habilitó la asociación del Estado con privados, solo se ha concretado la construcción de una cárcel y una reparación de un tramo carretero menor.

El gobierno asegura haber simplificado las tramitaciones, lo que puede ayudar a persuadir a inversores si se les ofrecen también plazos y términos financieros con adecuada rentabilidad. A muchos dirigentes les rechina esta dependencia. Pero con un Estado escaso de recursos no hay forma de eludirla para que capitales privados ayuden a salir de una emergencia crítica, que pone en riesgo el movimiento de rubros productivos y el trasiego de bienes en todo el país. A las principales rutas nacionales, incompletas en muchos tramos, se les agrega el notorio deterioro generado en todos lados por el pesado tránsito de camiones con la madera para la floreciente industria de celulosa y en otros muchos rubros.

Rossi informó que el gobierno ya tiene definidas siete obras de mayor alcance que confía adjudicar este año para que se completen en períodos de dos a cuatro años. Los planes oficiales están centrados en el sistema vial, con la lamentable ausencia de la recuperación del cansino sistema ferroviario actual. En países desarrollados y emergentes el transporte por riel es un integrante decisivo de la estructura de transporte. Pero en Uruguay el gobierno parece haber tirado la toalla. Quedaron por el camino las firmes seguridades del expresidente José Mujica de que empresas chinas vendrían a recuperar el ferrocarril, que administraciones previas dejaron caer sin razón alguna. Pero bastó la cerrada oposición del pequeño sindicato ferroviario para que la administración Mujica, como había hecho antes el primer gobierno del presidente Tabaré Vázquez, diera mansamente marcha atrás. La publicitada división de AFE en dos empresas estatales ha servido de poco y nada para mejorar el servicio. Solo queda ahora ver si el gobierno actual tiene la visión y flexibilidad necesarias para lograr al menos que vengan inversores externos a asociarse con el Estado para evitar el colapso del sistema carretero

Diario EL OBSERVADOR . Montevideo - URUGUAY - 29 enero 2016