Alertan suba de precios por la ley de residuos
Industriales dicen que se perjudicará la canasta básica; Dinama lo niega
PLa nueva ley de residuos que se votará el martes en la Cámara de Senadores obligará a las empresas a pagar Imesi por la gestión de los envases que ellos vierten al mercado. Esto implica la estatización de un sistema que hasta ahora el Estado manejaba en conjunto con la Cámara de Industrias, luego de que no se lograran los resultados esperados. De 80.000 toneladas de envases que las empresas lanzan a la calle cada año, solo se lograban recuperar 4.000, equivalentes al 5%.
Para el procesamiento de esto la Cámara de Industrias pagaba US$ 4 millones por año. Ahora, con el nuevo plan diseñado por la Dinama se espera lograr una recaudación de hasta US$ 80 millones, según los cálculos del Ministerio de Economía. Los expertos advierten que se puede llegar hasta US$ 100 millones.
La ley, por otro lado, habilita a que no todo el dinero que se recaude se destine a la gestión de envases, puesto que lo que genere el impuesto va al Ministerio de Economía y este es el que repartirá el dinero, sin la obligación de destinar el 100% a ese n.
Desde la Cámara de Industrias sostienen que el monto que las empresas deberán pagar de más se trasladará a los precios, y que los productos que se verán más perjudicados son aquellos que forman parte de la canasta básica. Desde la Dinama sostienen que esto no será así, y que si una bebida cola hoy sale $ 100, con la nueva ley costará $101
Cada año se generan 80.000 toneladas de residuos de envases, de los que solo se recuperan 4.000, el 5%. La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) considera esto un fracaso y por eso diseñó una ley, que se votará en el Senado el martes, en la que se plantea la estatización del sistema de reciclado y un impuesto para las empresas que viertan los envases al mercado.
La Cámara de Industrias ya puso el grito en el cielo: sostiene que esto llevará a un aumento de los precios de varios productos —la mayoría de la canasta básica—. Además, deende que los sistemas que mejor han funcionado en el mundo son aquellos en que las empresas se encargan de sus residuos y el Estado controla y multa cuando es necesario.
Con mayoría parlamentaria en las dos cámaras, se espera que el Frente Amplio sea el único que vote a favor de una ley que la oposición planea rechazar en bloque —con la excepción,quizá, del diputado de Unidad Popular, Enrique Rubio, que aún no ha tomado una decisión.
Los que están en contra del proyecto señalan, además, que la redacción es confusa y que puede llevar a que gran parte del dinero que pongan las empresas para gestionar los residuos tenga un destino diferente al que promete la ley.
LA RE FORMA. Uruguay tiene una variada legislación. Están los decretos de baterías, envases de agroquímicos, cubiertas y residuos industriales. Y en 2004 se aprobó la ley de envases, que se reglamentó recién tres años después, en 2007.
Federico Baraibar, que es licenciado en Dirección de Empresas, especializado en Gestión Ambiental, y que está al frente de la asociación civil Cempre —la que trabaja con 15 rmas (como Coca Cola, Salus, FNC, Mcdonald’s y Conaprole) a las que asesora en políticas de reciclaje y reducción de residuos—, reconoce que pese a la extensa legislación para combatir el daño al medio ambiente, los resultados no fueron los esperados. “Uruguay tiene una deuda pendiente”, resume.
El experto sostiene que “los problemas son notorios” , y enumera: “la formación de basureros informales, la disposición nal inadecuada de parte de los gobiernos departamentales salvo algunas excepciones (Montevideo, Maldonado, Florida y Artigas), las bajas tasas de recuperación de residuos y el alto nivel de trabajo informal en las cadenas de recuperación”.
Las tasas de recuperación varían dependiendo del producto. Según las cifras que maneja Cempre, con las baterías de plomo la recuperación es de un 90%, con los envases de agroquímicos baja a entre 30% y 40%, y con los neumáticos se ubica en 63%. En todos estos casos el sistema se basa en el principio de responsabilidad extendida del productor, es decir que quien coloca el producto en el mercado es el que debe implementar las medidas necesarias para recuperar los residuos.
Con los envases la ley actual propone un plan mixto, en el que los empresarios trabajan en conjunto con el Estado. La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), la Dinama, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y las intendencias —de Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Flores y Rivera; en los otros departamentos el plan, a más de 10 años de su aprobación, no se está llevando a cabo— forman una comisión, la Cotama, encargada de tomar las decisiones en cuanto a lo que se hace con estos residuos.
El presupuesto con el que cuentan es de US$ 8 millones: cuatro los pone la CIU —que nuclea a 2.300 rmas envasadoras e importadoras— y cuatro los gobiernos municipales Tanto la CIU, como la Dinama, las intendencias y Cempre, reconocen que el sistema es ineciente. En lo que no se ponen de acuerdo es en quién tiene la culpa y en qué tipo de cambios se pueden implementar para mejorar.
Ante esto, sin el apoyo de la CIU, la Dinama se propone cambiar la normativa, estatizando el sistema. “Entendemos que para que Uruguay deje de ser una vergüenza internacional respecto a los materiales que recupera, necesita que se apruebe este proyecto de ley”, señaló el director de la Dinama, Alejandro Nario, hace dos semanas ante la comisión de Medio Ambiente del Senado.
La nueva ley integral de residuos propone un sistema por el cual la responsabilidad extendida siga funcionando para las áreas en que se han logrado buenos resultados, pero en el caso de los envases sea el Estado el que tome la posta para la recuperación. Y para hacerlo les cobrará a las empresas (fabricantes o importadores) una tasa del Impuesto Especíco Interno (Imesi).
UNA LEY URGENTE. Fue en 2012, en el gobierno de José Mujica, que la Dinama empezó la discusión para la creación de una ley de residuos que le diera un marco a todos los decretos reglamentarios y normas que había para los diferentes tipos de desechos. El proyecto quedó inconcluso y recién en 2016, a un año ya de que empezara su segundo período Tabaré
Vázquez, la Dinama anunció que redactaría una ley, la que pondría a consideración de las distintas partes, y que pretendía fuera aprobada en seis meses.
En 2017 se comunicó a la CIU que el proyecto incluía el pago de un impuesto que serviría para que el Estado se hiciera cargo de los envases. En junio de 2018 fue que este entró a la comisión de Medio Ambiente del Senado, sin haber sido discutido dentro de la Cotama.
Luego de un año de debates en la comisión, hace dos semanas, con los votos del Frente Amplio, se destrabó el proyecto y se envió a la cámara para que sea votado. Para sus detratores no se trata de una ley integral de residuos, sino de una normativa que busca derogar la ley de envases de 2004 y que todo pase a manos del Estado.
El artículo más polémico es el 43, que establece las cuantías que las empresas deberían abonar por tipo de envase que viertan al mercado; un porcentaje que cambia según el tipo de empaque, y va desde el 20% del precio del mismo al 180%. El tope del impuesto es de 10 Unidades Indexadas (UI) por kilogramo de residuo. “Esto quiere decir que el Estado puede recaudar hasta US$ 100.000 anuales por este impuesto” , dice Baraibar. El cálculo que hace es el siguiente: 80.000 toneladas de residuos son 80 millones de kilos; cada UI son $ 4,23, o sea que 10 son $ 42,3, lo que al cambio actual representa US$ 1,2. Si se multiplican los 80 millones de kilos por los US$ 1,2, el resultado son US$ 96 millones. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, dijo el 15 de mayo ante la comisión de Medio Ambiente del Senado que la recaudación que esperan obtener en el primer año de implementación es de entre US$ 70 y US$ 80 millones. Mucho más que los US$ 4 millones que la CIU pone ahora.
La CIU paga US$ 4 millones anuales por la gestión de los residuos; con nueva ley cifra podrá pasar a 80 millones.
Este artículo 43 también advierte que el pago se haga a través del Imesi, por lo cual la recaudación irá a Rentas Generales y no directamente a un fondo para solucionar el problema de los envases.
El otro artículo polémico es el 47, que faculta al Poder Ejecutivo a transferir al deicomiso que se creará para la gestión de los residuos “hasta un monto equivalente a la recaudación anual”. El problema de este último punto es el “hasta”, que habilita a que se transera menos dinero para la gestión de envases que el que las empresas pagan por el impuesto.
“Dice ‘hasta’. No dice que se va a invertir el total del dinero, sino hasta esa cantidad. Esto ya pasa en otros países, como en Hungría, y solo se termina invirtiendo el 20% de lo que se recauda. Holanda lo hizo y lo sacó. Pasó a implementar solo responsabilidad extendida,porque es lo que funciona, lo que da buenos resultados”, sostiene Baraibar.
BATALLA IDEOLÓGICA. Toda esta polémica está atravesada por una guerra de ideologías:¿queremos un Estado que intervenga en la gestión de los residuos o preferimos delegar ese trabajo a los privados? En Eu ropa, donde España es uno de los países que menos material recicla en ese continente y llega al 30% del total, la responsabilidad extendida (el sistema por el cual los empresarios deben hacerse cargo de los residuos y el gobierno se encarga de controlar) es el más utilizado, advierten los detractores de la nueva ley. El gobierno, en tanto, alega que ya son muchos años de fracasos de los privados, y que el Estado como tal debe ocuparse.
“El problema acá está en que si el Estado está en la regulación, en la reglamentación, en la operación del sistema y en el contralor, ¿quién es el que verdaderamente controla? ¿Quién dice si se logran los objetivos?”, cuestiona Baraibar. Y agrega: “Además, en el sistema como estaba funcionando hasta ahora, no estaba solo la CIU, también estaba la Dinama. Nario dice que ellos no pudieron y cambia el sistema, pero en realidad fueron todos los que estaban en esa comisión los que no pudieron. La Dinama también”.
“Hemos escuchado mil veces que nos dicen que fracasamos, pero no somos nosotros los únicos responsables”, apunta Jorge Pereyra, abogado y vocero de la CIU. “No se trata de los envases que hay, se trata de evitar que los envases lleguen al sitio de disposición nal —continúa—. ¿Y con cuál guarismo debemos compararnos? Los países que hace 30 años que están trabajando en educación ambiental, con premios y castigos para sus habitantes, no llegan al 50%. Suiza es el que más llega y alcanza el 52%. No es tan simple como parece.
Hay que educar para que en los hogares se clasique; si no se educa a la gente esto es muy difícil. En lugar de pensar en recuperación, pensemos en habitantes con más conciencia”.
Sebastián Bajsa, asesor en Gestión de Residuos de la Intendencia de Montevideo, que está en pase en comisión desde la Dinama, y que fue uno de los que trabajó en el diseño de la nueva normativa, advierte que “nadie puede negar que la ley de envases dio resultados bastante pobres y que algo había que hacer” , aunque al mismo tiempo reconoce que las posibilidades eran dos: o se mandataba a las empresas a que se ocuparan poniéndoles ciertas condiciones, o se encargaba el Estado a cambio de un impuesto,“y ambas opciones son válidas”.
De todos modos, Bajsa se inclina hacia uno de los lados al advertir que la modalidad impulsada por Nario puede llevar a las empresas a que mejoren los materiales de sus envases:
“La nueva ley se basa en dos principios: en que el Estado tenga más recursos para poder gestionar y en que el que contamina más, paga más. Me parece bueno que se grave según el producto, porque los que usen un envase pesado van a tener que pagar más. Esto es un incentivo para que el empresario vaya y compre envases más amigables con el medio ambiente”.
EFECTO PARA LOS CONSUMIDORES. Nario, que no respondió a la solicitud de El País para ser entrevistado para este artículo, dijo el 24 de julio ante la comisión del Senado que la carga del impuesto para los consumidores será mínima, que esta “no afecta la exportación” y hasta dio un ejemplo: “Si pensamos en un producto de uso masivo como puede ser una bebida cola de un litro y medio, estamos hablando de menos de un peso. Son bebidas que están en el entorno de $ 100 y, por lo tanto, pasarían a costar $ 101. Quien piense que esto va a generar algún problema en la competitividad de la Coca Cola o de alguna otra empresa de refrescos que tiene ese tipo de tributos, está equivocado. Esto fue estudiado por técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas y en materia tributaria”.
Desde la CIU son menos optimistas. Pereyra es enfático al advertir que el impuesto que se les cobrará a las empresas “se trasladará a la población” y advierte que “con la situación actual la población no resiste un nuevo impuesto”.
“En la mayoría (la ley afectará) a productos de la canasta básica. El impacto preciso en los consumidores no lo tenemos, nadie lo tiene y nadie lo puede tener. Lo que sí sabemos es lo que dijo Economía, que pretende recaudar US$ 80 millones” , agrega el vocero de la CIU.
Para Baraibar, en tanto, el plan de la Dinama es inexplicable. “En el mundo no hay impuestos aplicados a los envases para nanciar los planes de recuperación de los mismos. No hay ningún ejemplo en este sentido. El mundo está profundizando en la responsabilidad extendida del productor como principio fundamental para la recuperación de envases”.
El proyecto, más allá de lo económico, lleva a otras dudas. ¿Cómo se gestionará el dinero que las empresas pongan para nanciar el sistema? Una posibilidad es repartirlo entre las intendencias y que cada una se encargue en su departamento de implementarlo. Bajsa advierte que lo ideal sería trabajar por regiones, puesto que no vale la pena tener una planta de recuperación de residuos en departamentos que tienen muy pocos habitantes. Y otra pregunta es: ¿se crearán nuevos organismos para este sistema? ¿Y cuánto de burocracia habrá en el nuevo plan?
De lo que no hay dudas, es verdad, es que hasta ahora los resultados han sido malos. Si la ley se aprueba, el tiempo dirá cuál de las partes tenía razón.