ANP negocia pagar sobrecosto de hasta US$ 20 millones en muelle pesquero
La controvertida obra para poner fin al endémico problema de los buques pesqueros está demorada y tenía un costo inicial previsto de US$ 98 millones
Andrés Oyhenard
La obra del muelle pesquero de Capurro viene siendo un parto para la Administración Nacional de Puertos (ANP), un proyecto considerado estratégico para descongestionar el puerto y “limpiar” la zona para la futura terminal de celulosa que demandará UPM si confirma su segunda pastera que se ubicará en Paso de los Toros.
La iniciativa acumula ya un rezago de más de tres años desde que se otorgó el proyecto al consorcio privado integrado por Teyma, Lavigne y Chediack en setiembre de 2015, con el cual ahora el ente portuario negocia para ver hasta cuánto tolera el sobrecosto generado en virtud de algunos cambios y la demora en ejecutar la obra civil.
El proyecto está previsto sea el puntapié a una cadena de obras que están programadas para el correr de 2019 en el puerto de Montevideo, donde se invertirán más de US$ 450 millones entre la nueva terminal para una factible segunda pastera de UPM (demandará unos US$ 200 millones), un viaducto para ordenar y agilizar el ingreso del tren y los camiones a la terminal capitalina (para lo que se invertirán otros US$ 125 millones), y obras en el acceso norte en la zona del barrio Capurro.
El consorcio había ganado el llamado en su momento con un precio de US$ 98 millones, o de US$ 78 millones si la ANP se hacía cargo de una explanada de relleno en la zona por medio de geotubos –utilizar el material proveniente del dragado para ganar superficie portuaria–.
En diálogo con El Observador el vicepresidente de la ANP, Juan José Domínguez, admitió que hubo “algunos cambios” al proyecto original que no estaban explicitados en su momento.
Precisamente, esos retoques al plan inicial –como la zona de maniobras y la construcción de un segundo muelle para buques nacionales– sumado a la demora de más de tres años para el comienzo de la obra civil, llevaron a que el consorcio privado ajustara la cotización del proyecto.
“Hay discusiones y matices en el enfoque de los ajustes, que siempre surgen y se debaten hasta el final. De todas formas, nosotros (por la ANP) aceptaríamos algunos gastos que vamos a tener por pedidos nuestros”, reconoció el jerarca. El funcionario añadió que “es común” que se reconozca el incremento de algunos “costos unitarios” cuya cotización se eleva.
El jerarca recordó que durante la construcción del muelle C la ANP reconoció algunos costos extras en que incurrieron los encargados de la obra al encontrarse piedra en el suelo que dificultó las tareas. “Lo importante es que la obra arranque porque tenemos los aspectos más generales resueltos”, afirmó Domínguez.
La Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) estaría liberando por estas horas la autorización para que el consorcio pueda arrancar con las obras, anunció. Si bien todavía no hay una cifra definida sobre cuánto más podrá costar la obra luego que se termine de cerrar la negociación con el privado, el vicepresidente de la ANP manejó un rango probable de entre US$ 10 millones y US$ 20 millones por encima de los US$ 98 millones originales. “Eso sería lo más razonable”, consideró.
En tanto, desde el consorcio indicaron a El Observador que el costo final se definirá una vez que la ANP termine de definir qué es lo se que quiere con la obra, aunque reconocieron que el objetivo es que se finalice cerca de la cifra original.
Las idas y vueltas
El director del Partido Nacional en la ANP, Juan Curbelo, relató la cronología de la peripecia que arrastra el muelle pesquero Capurro, donde está previsto que en un futuro se amarren los buques de pesca industrial, y que en una etapa posterior un privado pueda instalar un frigorífico. Cuando se firmó el contrato con el consorcio hace tres años, se dio un plazo de 90 días para presentar el proyecto ejecutivo. Ese plazo no se cumplió tanto por responsabilidad del privado pero también de la propia ANP, reconoció el director de la oposición.
El tema se había estancado de tal forma que por unanimidad el Directorio del ente portuario decidió –a principios de diciembre del año pasado– rescindir el contrato con el privado.
Luego de unas semanas, la ANP reconsideró esa decisión y volvió negociar con el consorcio para ver si era posible avanzar con la obra. En julio de este año, el adjudicatario presentó un nuevo proyecto ejecutivo que, según Curbelo, implicaba un sobrecosto de entre 46% y 48% respecto a los US$ 98 millones estipulados en el contrato original. También por unanimidad el Directorio rechazó esa alternativa. A posteriori, el consorcio presentó una nota donde “aceptaba” que el monto era superior al inicial y que continuaría negociando con los técnicos de la ANP para ajustar los costos.
En tanto, en una etapa posterior, el Directorio de la ANP –sin la participación de Curbelo– decidió levantar la recisión del contrato que estaba en suspenso. “No estuve de acuerdo con esa decisión. Pretendía que le levantaran la rescisión cuando presentaran el proyecto ejecutivo definitivo”, fundamentó el jerarca. Curbelo dijo que está dispuesto a acompañar una “readecuación” del monto original siempre y cuando “sea algo razonable” que no implique un sobrecosto del 50%, pese a que “siempre hay imponderables”.
Algunas de las alternativas que se barajan para la inversión implican llevar la profundidad del puerto a 5 metros y no a 7 metros como estaba previsto inicialmente, entre otras variables que se están discutiendo entre ambas partes.