El movimiento “UPM 2 NO” iniciará un juicio contra el Poder Ejecutivo por instalación de planta de celulosa
El abogado Hoenir Sarthou anunció en el programa Así nos va que, además, solicitarán a la Cámara de Representantes que ponga en marcha el artículo 93 de la Constitución para que los diputados denuncien al Poder Ejecutivo ante la Cámara de Senadores.
Desde el mismo momento en el que autoridades del gobierno comenzaron a manejar la posible instalación de una nueva planta de celulosa en el país, el debate se polarizó. Posturas a favor y en contra empezaron a escucharse. Desarrollo e inversión frente a dilemas medioambientales severos podría ser una de las principales contradicciones que plantea la llegada de una segunda planta de la empresa finlandesa UPM.
Varios colectivos de la sociedad civil se han organizado bajo un lema simple pero contundente: UPM 2 NO. Así se denomina el grupo en el que convergen activistas medioambientales, juristas, técnicos, científicos, artistas, comunicadores y personas preocupadas por los impactos que podría tener la denominada “inversión más grande del Uruguay”.
El grupo UPM 2 NO organiza sus actividades, principalmente, por las redes sociales. En Facebook ya son cerca de 12 mil personas. Todo un logro entienden ya que los recursos con los que cuentan son escasos, según han explicado. A partir del grupo, se organizan charlas, actividades en distintos puntos del país, actividades de propaganda y una juntada de firmas.
Amparados en los artículos 30 y 318 de la Constitución, que otorga a cualquier ciudadano el derecho a realizar una petición ante todas y cualesquiera autoridades de la República, el grupo ya ha presentado miles de peticiones en Torre Ejecutiva con el fin de que “el Uruguay desista de un contrato tan perjudicial”.
En Así nos va conversamos con un miembro del grupo, el abogado Hoenir Sarthou, que además es periodista; su columna “Indisciplina partidaria” se destaca cada semana en el semanario Voces y participa también en mesas de discusión de radio y televisión.
Sarthou explicó cuáles son los puntos más polémicos del pre-acuerdo de la empresa con el Estado uruguayo y anunció en radio Carve que el movimiento va a iniciar un juicio contra el Poder Ejecutivo porque entienden “está actuando fuera de sus competencias” con “acciones inconstitucionales e ilegales”, lo que hace que, según él, “UPM se beneficie de ese accionar ilícito”.
El artículo 93 de la Constitución le otorga a la Cámara de Diputados facultades para denunciar ante la Cámara de Senadores cuando hay violaciones de la Constitución. El movimiento además hará una petición a la Cámara Baja para que accione dicho procedimiento, dijo Sarthou.
“El accionar del Poder Ejecutivo en este tema, es inconstitucional. De hecho está actuando en áreas sobre las que no puede actuar; no puede comprometer al Parlamento, no puede comprometer a los gobiernos departamentales, no puede comprometer a los consejos de enseñanza, a los que se comprometió a cambiar los planes de enseñanza por su cuenta. Entonces vamos a hacer el planteo exigiéndole a la Cámara de Diputados que haga jugar su responsabilidad como controladora del funcionamiento constitucional”, concluyó.