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Costarica hayaCorte de La Haya condena a Nicaragua por invadir territorio de Costa Rica
 
El tribunal internacional acogió la tesis de Costa Rica sobre la definición de su frontera norte que los divide de Nicaragua, país que, según la CIJ, instaló de forma ilegal un campamento militar en tierras de su vecino del sur.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este viernes que Nicaragua cometió una clara violación a la soberanía de Costa Rica al instalar un campamento militar en la playa, frente a la costa del mar Caribe, al extremo norte de la fronteriza isla Calero.
 
El alto tribunal, con sede en La Haya, Paises Bajos, ordenó al gobierno de Daniel Ortega a retirar de inmediato a los militares de la zona costarricense que Nicaragua reclamaba como propia, basándose en un error de Google Maps y que luego fue corregido.
 
La playa mencionada anteriormente, de 1.8 kilómetros de largo, comprendido entre la Laguna Los Portillos y la desembocadura del Río San Juan (que parte del lago de Nicaragua y va hasta el Mar Caribe, dibujando la frontera) forma parte del conjunto Isla Calero, cuya propiedad es de Costa Rica y que la administración Ortega ordenó invadir.
Soberanía e invasión
En 2015 la CIJ ya había dictaminado que el terreno era soberanía absoluta de Costa Rica y que ese país tenía derecho de navegar por el Río San Juan, algo que su vecino del norte había estado prohibiendo.
 
El Tribunal acogió la tesis de Costa Rica de que la frontera en el Caribe comienza en la desembocadura del río San Juan y no tres kilómetros más sur, en Punta Castilla, como pretendía Nicaragua que fuera reconocido. También desestimó la argumentación de la delegación nicaragüense que sostenía que la isla formaba parte de un antiguo canal que conectaba la laguna Los Portillos con el Río San Juan, todo en territorio de ellos.
 
Tras el veredicto, la CIJ determinó que Nicaragua debe pagar a su vecino un total de US$379.000 por daños ambientales ocasionados en su territorio, y rechazó la solicitud de los costarricenses que exigían US$6.7 millones por costos en la instalación de puestos de vigilancia, comandos policiales y costes de defensa en el caso.

Diario L21 -Montevideo - URUGUAY - 02 febrero 2018