DERECHOS HUMANOS
Alertan por falta de prevención de trata ante megainversiones
Es un “delito invisibilizado” pero que mueve en el mundo US$ 150.000 millones.
TOMER URWICZ
Cada vez que una gran industria se instala en una zona, con ella se establece un enorme mercado alrededor para los miles de trabajadores que llegan con ilusión a una tierra desconocida y prometedora. Y en ese mercado hay lugar para todo: auge inmobiliario, supermercados, escuelas, restaurantes y, aunque no sea intención de los empresarios ni del gobierno, la trata de personas. Sucedió cuando se construyeron las primeras plantas de celulosa del país. Algunas mujeres fueron usadas como mercadería, con la excusa de "hacer la zafra". Y algunos hombres terminaron en empleos forzosos en servicios tercerizados. "Sería bueno que ante la instalación de UPM dos, el Estado, más allá de evaluar la inversión económica y el costo ambiental, tenga en cuenta el impacto social", advirtieron desde la ONG El Paso.
Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, uno de los delitos más invisibilizados y que genera más de US$ 150.000 millones anuales, compitiendo en volumen con su pariente, el narcotráfico. Y Uruguay no es ajeno a esta situación.
Desde hace más de una década, el país es origen, destino y tránsito de trata de personas, ya sea para fines de explotación sexual como para trabajo esclavo, dijo Sandra Perroni, coordinadora del servicio de atención a víctimas de trata de El Paso. Esta ONG "atendió a más de 500 personas en los últimos cinco años".
Solo el año pasado se sumaron 131 casos de mujeres adultas que fueron reclutadas para prostituirse: 111 en Montevideo y el resto en el interior. La cifra no incluye a las 333 adolescentes víctimas de explotación comercial y no comercial.
A diferencia de otras ecuaciones, el aumento de atención a víctimas "no necesariamente refleja un crecimiento del delito", explicó Mariella Mazzotti, coordinadora de la Mesa de Trata en Uruguay que fue reconocida en el año 2015. "Al ser un delito que sucede en la clandestinidad, que a diferencia de un hurto no se da en un instante preciso y que implica el engaño, es muy difícil precisar su magnitud", explicó.
De hecho, "es frecuente que la víctima no se reconozca como tal por un tiempo y que a la Justicia le cueste comprobar el delito" porque se suele apelar al consentimiento y a "excusas que se confunden con lo legal", señaló Perroni.
El Código Penal, en su redacción actual, supone "mucho riesgo para la víctima", dijo Diana González, directora de la Unidad de Género de la Fiscalía de la Nación. "Hoy hay un círculo vicioso en el que la persona tiene miedo a denunciar y, a la vez, cuando denuncia, no se llega a buen puerto, lo que genera mucha impunidad".
El año pasado se condenó a tres personas que formaban parte de una red de explotación. Se trató de la primera sentencia luego de tres años. Además, hubo cuatro procesamientos (frente a los 16 de 2015) y seis inicios de investigación (tres por trabajo forzado y tres por trata para prostitución).
Dentro de la ley de Migraciones, aprobada en 2008, se establece el delito de trata que es castigado con una pena de cuatro a 16 años de cárcel. Involucra a "quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre, la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra actividad que menoscabe la dignidad humana".
Sin embargo, esta normativa "no incluye una mirada integral", por eso está a estudio del Parlamento un anteproyecto marco. Este nuevo texto "hará la diferencia, sobre todo, en los mecanismos de prevención", dijo Perroni.
"El gobierno de Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas", había cuestionado el Departamento de Estado de Estados Unidos en un informe que publicó el 27 de junio. Se "enjuició a menos personas, los jueces no impusieron penas suficientemente severas para los tratantes condenados, y los esfuerzos del gobierno por brindar servicios especializados a las víctimas siguieron siendo inadecuados". Ante este panorama, el secretario de Estado, Rex Tillerson, recomendó "aprobar el proyecto de ley integral contra la trata de personas y completar el plan de acción nacional" que regirá durante el resto del quinquenio.
Uno de los grandes avances en los que sí ha incursionado el gobierno, resaltó Mazzotti, fue la capacitación a cada vez más funcionarios. Al menos 274 personas participaron de un curso de capacitación de procedimiento policial sobre violencia basada en género con un módulo sobre trata.
Según el documento elaborado por Estados Unidos, "Inmujeres (que dirige Mazzotti) fortaleció su vinculación con el interior del país a través de una unidad móvil de 14 integrantes que incluye psicólogos, trabajadores sociales y abogados que ofrecen apoyo psicológico y jurídico".
Esta dependencia del Ministerio de Desarrollo Social incrementó su presupuesto para la atención a víctimas de trata a $ 4.575.647 (US$ 157.401). Un año antes, el dinero con el que contaba la institución era de $ 3.638.280 (US$ 125.156).
Dentro de la atención a quienes fueron explotados, en Uruguay hay faltante de centros para hombres. Porque si bien es más frecuente la trata de mujeres, el sexo masculino también es víctima. Perroni concluyó: "Se da poco en explotación sexual, pero sí en trabajos infrahumanos en la construcción y la forestación".
Explotación: nueve de cada diez son dominicanas.
Cuando la periodista María Urruzola publicó El huevo de la serpiente, sobre una red de trata que explotaba a uruguayas en Italia, agitó las aguas en un país en el que se pensaba que, a principios de los 90, solo se exportaba a Europa jugadores de fútbol, carne y poca cosa más. Un cuarto de siglo después, las rutas de compatriotas que son explotadas en el Viejo Continente, "siguen estando, aunque en menor proporción", dijo Sandra Perroni, quien atiende a víctimas de trata. De los últimos casos atendidos, solo 6,3% son uruguayas y la mayoría "son víctimas de trata interna". Eso "no quiere decir que las uruguayas no estén siendo explotadas en mayor porcentaje, sobre todo porque hay un tráfico importante hacia Brasil, Argentina, Chile y Asia", explicó Perroni. Entre las 131 víctimas nuevas de 2016, nueve de cada diez son dominicanas (89,1%).